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Fiesta de indígenas en una UPI deja en evidencia niños alicorados y otras vulneraciones

Tras dos días de fiesta en la UPI La Florida por el Día de la Madre, el Distrito tuvo que trasladar a 52 menores a quienes se les estarían vulnerando sus derechos.

Redacción Bogotá

11 de mayo de 2026 - 10:13 a. m.
Instalaciones de la UPI La Rioja, en Los Mártires.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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La imagen de una menor de 13 años de la comunidad Emberá en estado de embriaguez generó una nueva alarma en la Alcaldía de Bogotá. Lo más grave del asunto es que esta parece ser solo la superficie de un problema más profundo que viene creciendo al interior de las Unidades de Protección Inmediata (UPI), albergues en los que permanecen, desde hace varios años, cientos de integrantes de la comunidad indígena. El deterioro de las condiciones y los choques con la comunidad, podrían causar una mayor crisis en Bogotá.

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El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, denunció graves situaciones de riesgo para niños y niñas de la comunidad Emberá durante una fiesta por el Día de la Madre, realizada entre el viernes y el domingo en el sector de La Rioja, donde reside parte de esta población indígena en la capital. Según explicó, durante las jornadas de atención las autoridades encontraron menores consumiendo alcohol y tuvieron que activar rutas de protección.

El secretario aseguró que 52 niños y niñas fueron trasladados a centros Amar tras ser identificados en condición de vulnerabilidad. Además, relató el caso de una adolescente de 13 años que estaba “completamente alicorada y no podía mantenerse en pie”. Adicional, afirmó que el Distrito intentó remitirla a una ambulancia, pero que la familia se negó y la llevó nuevamente al asentamiento.

“Quiero evidenciar que hay niños y niñas dentro de La Rioja que están ingiriendo licor delante de los padres y delante de la comunidad. No es admisible lo que está sucediendo”, señaló el secretario.

Angulo también cuestionó la falta de articulación entre las entidades encargadas del restablecimiento de derechos de los menores. Según explicó, hubo fallas de coordinación entre el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, lo que dificultó la atención de algunos casos reportados el fin de semana.

Por otro lado, la problemática ha escalado a los residentes que viven en edificios aledaños al albergue. Habitantes del barrio Eduardo Santos, vecinos de la UPI La Rioja también denunciaron que las fiestas en este albergue son constantes y la comunidad ya ha evidenciado escenas en las que menores se encuentran solos o injiriendo alcohol.

“Tienen música y abuso de alcohol todo el tiempo, dejan a los niños en la calle hasta altas horas de la noche. Es un problema muy serio”, indicó una residente al noticiero City TV. La vecina también indicó que, a pesar de enviar derechos de petición y pedir intervención distrital, nada ha dado resultados.

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Y es que la permanencia de la comunidad Emberá en Bogotá es un asunto de orden local y nacional que por años ha interpelado a las administraciones, sin lograr muchos avances. A pesar de los retornos consumados en 2025, aún continúan más de 500 personas en La Rioja, en condiciones cada vez más denigrantes y con choques frecuentes con el Distrito.

Sube la tensión entre el Distrito e indígenas de los albergues

Al cúmulo de hechos denunciados por la Alcaldía en las UPI de Bogotá, se sumó una nueva agresión contra funcionarios del Distrito. Según la Consejería de Paz, entidad que rechazó los hechos, el 16 de abril en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, miembros de la comunidad Emberá Katío agredieron a funcionarios distritales y causaron daños graves al archivo del Idipron.

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Según el Distrito, en la mañana de ese día se conoció que integrantes de la comunidad habrían retirado documentos del archivo con fines de comercialización, acción que se habría realizado de forma violenta dentro del albergue. Ante la situación, las entidades activaron medidas de control y trasladaron el material restante a otra zona para protegerlo.

Durante estos procedimientos, funcionarios intentaron notificar una acción preventiva contra algunas personas señaladas por los daños. Sin embargo, la diligencia no pudo completarse debido a amenazas con objetos contundentes contra el personal encargado, según señaló la consejería.

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Por Redacción Bogotá

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