Ascendiendo por el sendero de Monserrate se obsevan pegatinas de “sellado” en algunas estructuras y paredes de piedra de los negocios comerciales. Al lado de estos sellos, relucen carteles que exigen el derecho al trabajo. Están allí desde julio, cuando el Distrito y la CAR expulsaron a 70 comerciantes, que llevaban décadas ejerciendo su labor allí, para investigar las consecuencias ambientales de su actividad. Las entidades identificaron afectaciones a la zona de reversa, pero no pudieron individualizar a los responsables, en parte, porque detrás de la situación hay una larga historia, que se remonta al origen del sendero, así como a una discusión de 20 años entre preservación ecológica y derecho al trabajo.
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Pasado presente
Mucho antes de que Monserrate sea lo que es hoy, un emblema turístico, deportivo y de peregrinación, que recibe millones de visitantes al año, fue una vereda habitada por gente obrera que se asentó en las faldas del cerro, cerca a las primeras canteras de piedra. Así lo cuenta Camilo Amaya, lider comerciante de 25 años que afirma ser parte de la cuarta generación de esas personas que habitaron alguna vez lo que hoy es el sendero peatonal.
“La zona se pobló hace unos 100 años. La explotación de las canteras atrajo a los obreros que se fueron asentando en el borde de la montaña para estar de cerca al trabajo. Rápidamente se consolidó una vereda, mientras el lugar se convertía en un popular sitio turístico. Esa afluencia de público, de peregrinos, deportistas, turistas, hizo que nuestros abuelos empezaran a sacar mercancía, principalmente frutas, bebidas, gaseosas, aguas; otro grupo se dedicated a la venta de artesanías, de artículos religiosos”, relató el comerciante.
Hay dos grupos poblacionales: aquellos que tienen una estructura física y quienes se hacen en el muro a los costados del sendero, los vendedores estacionarios. “Entre estos dos grupos, somos más de 70 personas que vivimos directamente de esta labor”, añadió el comerciante.
Zona protegida
En 1977 había una comunidad asentada con más de 45 viviendas a lo largo del sendero. Ese año se fijó la figura de protección ambiental sobre los cerros y se creó la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. A lo largo de los años las normas se han ido actualizando. Para el año 2000 aún había asentamientos, y para resolverlo la alcaldía de Antanas Mockus llegó en 2002 a un acuerdo con el 95 % de las familias, para que entregaran los predios, permitiéndoles seguir trabajando en el lugar. “En mis recuerdos está vivir allí”, dice Amaya.
El pacto fue que las familias se iban, pero mantendrían la actividad comercial en el sendero, por lo que las estructuras no se demolieron. “Lo que disputaron mis abuelos, mis padres y las demás familias fue el derecho al trabajo”, agrega.
Con los años se fue delimitando la zona de protección: primero con la resolución de 2005, que prohibió nuevas construcciones, y luego en 2016, cuando el Minambiente expidió el Plan de Manejo Ambiental del Bosque Oriental de Bogotá. Según Amaya, los comerciantes no contaron con asesoría para adaptar sus actividades al Plan de Manejo. “Hubo desconocimiento de la norma ambiental”.
Ambiente vs. comercio
Las actividades comerciales continuaron de manera ininterrumpida y bajo conocimiento de las autoridades distritales. Hasta que en junio de 2025 el IDRD solicitó a la autoridad ambiental algunas inspecciones, con el fin de revisar todo el sendero. Tras su visita, la CAR impuso una medida preventiva y ordenó una indagación preliminar, al evidenciar 33 ocupaciones e intervenciones físicas de los comerciantes. La revisión reconoció el daño ambiental de las estructuras.
Los documentos hablan de una “alteración y endurecimiento del suelo”, esto debido a la construcción e instalación de las estructuras provisionales. También hallaron vertimientos no autorizados al suelo, por los módulos de baños con tuberías. Esto lo reconocen los comerciantes: “Entendemos que hay que hacer una reducción al impacto paisajístico, el manejo de vertimientos, la disposición de residuos y el cuidado del agua”.
En julio de 2026, la CAR selló las estructuras, mientras ahondaba en la investigación. No obstante, tras casi cuatro meses la CAR archivó el proceso, pero mantuvo la suspensión de la actividad comercial. En todos estos meses cerrados, la comunidad de vendedores ha intentado sobrevivir yendo algunos fines de semana al sendero a vender a un lado de las casetas selladas, mientras avanzan los procesos legales que emprendieron para defender su derecho al trabajo y buscar otras soluciones a este problema. “En las mesas de trabajo vemos poca voluntad de las entidades, y en pocas palabras insisten en que nos quieren sacar del sendero. Se han presentado tutelas individuales, y todas fallaron en contra”, añadió el líder.
¿Nuevo Plan de Manejo?
El sellamiento de los puestos afectó los núcleos familiares. Un diagnóstico de la comunidad indica que el 80 % de los comerciantes pertenecen a los estratos 1 y 2. “Dentro de esta comunidad se caracterizaron 20 adultos mayores y 15 personas en condición de discapacidad”. La comunidad pidió respuestas, y la CAR insistió en que “el archivo de la indagación no constituye una declaración de inexistencia de posibles afectaciones ambientales, ni una decisión que reconozca la legalidad de las construcciones, ocupaciones o actividades desarrolladas en el predio”.
Con pocas opciones, la comunidad se aferra a la voluntad del Distrito de abrir mesas de diálogo y concertar su posible inclusión en un nuevo Plan de Manejo, esto debido a que el de 2016 está a punto de caducar y se abriría una ventana para que los comerciantes sean incluidos en uno nuevo.
“Nosotros somos nativos de Monserrate. Estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para ajustar nuestras actividades”, aseveró Camilo, quien ha reunido a la comunidad para continuar acciones legales, incluso pensando en llevar el caso a la Corte, en vista del que podría ser el primer diciembre sin poder trabajar en el sendero que los acogió durante casi un siglo.
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