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El Sistema Transmilenio es una de las tantas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. Muestra de ello es que de los más de cuatro millones de pasajeros que acostumbraba movilizar al día en 2019 (sumando los componentes troncal, zonal y cable), solo 2,5 millones continúan demandando el servicio. Esto responde, en parte, a la cantidad de personas que quedaron desempleadas (en el punto más álgido de 2020 Bogotá superó el millón de desempleados), al trabajo en casa (el Mintrabajo estimó en septiembre que en la capital había 58.000 empleados en esta modalidad) y a las restricciones que exigen a TM mantener ciertos porcentajes de ocupación para mitigar las aglomeraciones en el sistema.
También hay que tener en cuenta que, a pesar del bajonazo en la demanda y por orden de las autoridades, el sistema ha tenido que operar con el 100 % de su flota, lo que genera que sus costos operacionales sean más altos que sus ingresos. “Esta no es una situación exclusiva de la capital, sino de todo el mundo. Los sistemas de transporte están desfinanciados”, asegura Felipe Ramírez, gerente de TM. El efecto de todo esto terminó por aumentar el déficit que presentaba Transmilenio a 2019, el cual era de casi $1,1 billones, monto que con la pandemia, según Ramírez, podría cerrar 2021 en $2,2 billones.
A este panorama se le sumó un agravante en las últimas semanas: los bloqueos y el vandalismo. Según el más reciente informe de la empresa, el sistema opera sin 51 de sus estaciones, las cuales, por los daños, no tienen condiciones para garantizar seguridad ni la operación a los usuarios. Según Ramírez, los daños suman $16.000 millones.
Incluso se han registrado días en los que solo algunos tramos de ciertas troncales están funcionando, lo que ha obligado a que más de 500.000 personas busquen alternativas de transporte o tengan que emprender largas horas de camino a pie. Este medio incluso ha registrado camiones de carga que cobran a cada persona $4.500 por acercarlos a sus destinos.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) también muestra el impacto de los bloqueos y el vandalismo de las últimas semanas, al comunicar que el 12 % de las empresas aseguran estar inoperantes debido a que la totalidad de sus trabajadores no han podido cumplir su jornada laboral, mientras que el resto han operado con el 40 % de su nómina.
Al respecto, el mensaje de Ramírez es que el ejercicio de la manifestación es válido, y que debe respetarse tal y como lo consagra la Constitución. Sin embargo, este no puede pasar por encima del derecho de las personas a movilizarse, y más cuando este sistema le que presta el servicio a la población más vulnerable de la capital.
De igual forma, fue enfático en señalar que, contrario a lo que algunos dicen, las estaciones de TM no son usadas como cuartos de tortura. “He verificado la situación. He estado acompañado de Personería y Defensoría revisando cámaras, bitácoras... puedo decir que no se está presentando tal situación”, declaró, al agregar que un día sí se registró el ingreso de un detenido al Portal Américas, pero se le ha reiterado a la Policía que no pueden hacer eso.
¿Cómo aliviar las finanzas de TM? Ramírez asegura que no se descarta la posibilidad de que haya un aumento de tarifa para 2021, recordando que para el presente año no hubo incremento, al considerar la compleja situación económica que ha generado la pandemia. No obstante, aclara que es algo que se debe evaluar en su momento. “Las condiciones de financiación para garantizar la prestación del servicio tendrán que dar un resultado en 2022, en el que sabremos si toca aumentarla o no. Pero nos toca esperar un poco a esos análisis”, dijo.
Pero la esperanza más fuerte está depositada en el Gobierno Nacional, pues desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se le propuso al presidente Iván Duque que, en el marco de la reforma tributaria (antes de que la retirara), asumiera la cofinanciación del déficit generado por la pandemia en los sistemas integrados de transporte masivo a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para así evitar el riesgo de quiebra. La propuesta es usar recursos de la sobretasa a la gasolina y los impuestos a vehículos para inyectar dineros a la operación de estos sistemas.
En un primer momento las apuestas del Distrito eran que la Nación aportara el 70 % de los recursos para mitigar el déficit, pero tras los diferentes diálogos este manifestó su disposición de dar el 50 %. Con la caída de la reforma hay que ver cuáles serían los recursos que se lograrían gestionar, no obstante, Ramírez aseguró que hay voluntad de gobierno para responder a este clamor.
Aun si se alcanzara este acuerdo o se obtuvieran menos recursos de los esperados, la última palabra de lo que pasará con las finanzas de TM la tendrá la Secretaría de Hacienda, ente que se vería en la obligación de hacer recortes en otros ámbitos de gasto del Distrito para mantener a flote a este sistema, pues no deja de ser cierto que es un servicio esencial y se considera como una prioridad para el bienestar de la capital.