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La investigación por la muerte de Valeria Afanador acaba de cruzar una de sus fronteras más importantes. La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a dos docentes del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, dentro del proceso que busca establecer si hubo fallas en el deber de cuidado que permitieron la desaparición de la menor de 10 años en agosto de 2025.
La decisión representa mucho más que una nueva diligencia judicial. Por primera vez, el ente acusador considera que existen elementos suficientes para atribuir una posible responsabilidad penal a personas vinculadas directamente con la supervisión de la estudiante el día en que desapareció.
De esta manera, la fiscal asignada al caso, María Camila Prieto, respondió a la solicitud hecha por la defensa para la imputación de los docentes hoy implicados en el proceso. Asimismo, la fiscal aseguró la compulsa de copias para investigar un presunto delito ambiental del colegio, dada su ubicación cercana al afluente en donde se ahogó Valeria.
“Nuestra pequeña Valeria Afanador fue descuidada por los trabajadores del colegio. No implementaron medidas de seguridad, lo que provocó el asesinato de la pequeña”, aseveró el abogado de la familia de la niña, Julián Quintana.
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¿Por qué es importante la imputación?
La imputación es el acto mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente a una persona que está siendo investigada por un delito específico y le expone los hechos y elementos de prueba que sustentan esa decisión.
En términos prácticos, significa que la investigación superó la etapa preliminar y que los fiscales consideran que existen indicios suficientes para vincular formalmente a los docentes al proceso.
Sin embargo, la imputación no equivale a una condena ni implica que los profesores sean responsables de manera automática. A partir de ese momento se activa una fase de contradicción probatoria en la que la defensa puede presentar sus argumentos, cuestionar las evidencias y solicitar nuevas actuaciones.
El centro de la discusión: las presuntas omisiones
Hasta ahora, la hipótesis jurídica que ha venido impulsando la representación de la familia se concentra en una posible omisión de los deberes de vigilancia y protección que recaían sobre el colegio y algunos de sus funcionarios.
La investigación busca establecer si existieron fallas en los controles internos, en la supervisión de estudiantes y en los protocolos de seguridad que hubieran permitido que Valeria abandonara el plantel sin que nadie advirtiera oportunamente su ausencia.
Precisamente, ese ha sido uno de los principales interrogantes desde el inicio del caso: cómo una niña de 10 años pudo salir de una institución educativa sin activar alertas inmediatas que permitieran reaccionar antes.
Lo que viene después de la imputación
La audiencia de imputación no cerrará el debate jurídico; por el contrario, abrirá una etapa aún más compleja. Después de la imputación, la Fiscalía deberá decidir si solicita o no una medida de aseguramiento contra los procesados, aunque en este tipo de investigaciones no necesariamente ocurre.
Posteriormente, continuará la recolección de pruebas y la consolidación del expediente. Una vez concluida esa fase, el ente acusador tendrá dos caminos principales: presentar un escrito de acusación para llevar el caso a juicio o archivar las actuaciones si considera que no existe suficiente sustento probatorio.
Si se presenta una acusación formal, el proceso avanzará hacia audiencias preparatorias y eventualmente a un juicio oral, donde un juez deberá determinar si existió responsabilidad penal.
¿Qué delitos podrían discutirse en el proceso?
Aunque será la Fiscalía la que defina con precisión los cargos durante la audiencia, el debate jurídico ha girado alrededor de posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento del deber de protección que tenían los funcionarios frente a una menor bajo su custodia.
La complejidad del caso radica en que Medicina Legal concluyó que Valeria murió por ahogamiento y no encontró evidencia de violencia física. Eso obliga a la investigación a concentrarse menos en una acción directa y más en determinar si existieron omisiones que facilitaron el desenlace fatal.
En otras palabras, la discusión no se centra en quién causó directamente la muerte de la niña, sino en si hubo personas que, teniendo la obligación de evitar el riesgo, incumplieron ese deber.
Un caso que sigue dejando preguntas
Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Su cuerpo fue hallado más de dos semanas después en una zona cercana al río Frío, en Cajicá.
Desde entonces, familiares, autoridades y expertos han intentado reconstruir minuto a minuto lo ocurrido ese día. La investigación ha incluido revisión de cámaras, testimonios, protocolos institucionales y peritajes técnicos.
A pesar de los avances, siguen existiendo preguntas fundamentales sobre los mecanismos de control del colegio, los tiempos de reacción tras la desaparición y las circunstancias que permitieron que la menor abandonara las instalaciones sin que se activaran procedimientos eficaces de búsqueda.
El caso podría tener efectos más allá de los imputados
Más allá de la responsabilidad individual de los docentes, el proceso podría abrir una discusión más amplia sobre los protocolos de seguridad en instituciones educativas privadas y públicas del país.
Expertos en responsabilidad institucional han señalado que el caso podría convertirse en un precedente sobre los alcances del deber de custodia que tienen los colegios frente a menores de edad durante la jornada escolar.
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Por Redacción Bogotá
