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Este martes se desarrolló la audiencia de imputación de cargos contra dos funcionarios del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, por su presunta responsabilidad en la omisión del cuidado y posterior muerte de la pequeña Valeria Afanador.
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Durante la diligencia, la fiscal del caso imputó a la docente, Emily Vivian Fuentes Hernández, y al trabajador, Danny Javier Ochoa Prada, el delito de homicidio culposo. Ambos se declararon inocentes.
Dentro de los elementos materiales probatorios, el ente acusador narró cómo el 12 de agosto de 2025, día de la desaparición, la profesora, a pesar de tener bajo su cargo y vigilancia a la menor de 10 años, no habría ejercido cabalmente su rol para garantizar que ella retornara del patio de recreo al salón de clases.
“La docente permitió que saliera del aula antes del horario establecido, sin acompañamiento de un adulto, sin verificación de su ubicación o asegurar su ingreso (al salón) (...) Estas obligaciones (de cuidado) se veían reforzadas por el conocimiento de la institución sobre la condición particular de la menor (síndrome de Down), quien requería una supervisión constante, apoyo individualizado y acompañamiento permanente”, detalló la fiscal.
Por su parte, dentro de los hechos jurídicamente relevantes contra Danny Javier Ochoa, quien era el encargado del departamento de infraestructura, reposan los daños de la malla que separaba al colegio con el afluente y por donde salió Valeria Afanador. “Esta situación había sido informada por el personal de seguridad, sin que se adoptara ninguna medida efectiva para su reparación, cerramiento o aseguramiento”, concluyó la Fiscalía.
Valeria Afanador tenía 10 años cuando fue reportada como desaparecida y su cuerpo hallado 18 días después a escasos kilómetros de la institución, en aguas del río Frio, en Cajicá (Cundinamarca).
Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, aseguró que la imputación constituye apenas un primer paso dentro de un caso que, a su juicio, aún tiene asuntos sin resolver. “Lo que solicitamos es que todos los responsables comparezcan ante la justicia, que se detalle más la investigación, que se profundice en las líneas de indagación y que respondan.”, dijo.
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La principal inconformidad de la familia tiene que ver con las personas que quedaron por fuera de la imputación. Según Quintana, la Fiscalía debería avanzar en la vinculación de la rectora, a quien considera responsable del plantel. “Le hemos dicho a la Fiscalía que hay otras personas que creemos deben responder ante la justicia. Se trata de la rectora del colegio, quien era la responsable de las instalaciones; de los profesores, y de la seguridad, cuidado y vigilancia de todos los niños”, afirmó.
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Por Redacción Bogotá
