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La Fiscalía ya emitió un pronunciamiento sobre los hechos en los que un ciudadano de nacionalidad extranjera murió a manos de un guardia de seguridad de Transmilenio. Los hechos, que ocurrieron durante la noche del domingo 1 de septiembre, han sido objeto de debate en la ciudadanía por cuanto se discutía si el recurso de legítima defensa debía cobijar o no al guardia.
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Sobre el hecho hay dos versiones. Mientras la Policía narró que la víctima (quien iba acompañada) intentó atacar al vigilante, cuando este le reclamó por haberse colado, fuentes distritales le dijeron a El Espectador que se trató de un ataque directo y sin discusión previa.
Las dos versiones, empero, tienen algo común: el vigilante reaccionó a tiempo, desarmó al agresor y con la misma arma blanca, le causó una herida mortal. El acompañante sufrió heridas leves.
Hoy, después de realizar el respectivo peritaje y recolección de evidencia, la Fiscalía decidió imputar el delito de homicidio al guardia de seguridad. Según la investigación, el crimen se habría presentado en medio de un hecho de intolerancia en el que, al parecer, la víctima ingresó al sistema de trasporte de manera irregular.
El procesado, dice la Fiscalía, que se desempeñaba como guarda de seguridad de la estación, le reclamó por dicho comportamiento al occiso, lo cual derivó en el altercado. De acuerdo con la evidencia técnica recopilada por la Fiscalía, el vigilante, en medio de la discusión, habría desenfundado un arma cortopunzante agrediendo al ciudadano que, aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las heridas.
Finalmente, los testimonios recopilados en el lugar de los hechos dan cuenta que otra persona también sufrió heridas, y que el vigilante habría tratado de escapar, pero fue detenido en flagrancia por la Policía. Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía, en audiencia con el juez de garantías, imputó al guardia por el delito de homicidio.
Este cargo no fue aceptado por el procesado, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en su residencia mientras avanzan las demás etapas del proceso.
¿Defensa o dolo?
Las versiones de este caso varían, pero son claves para analizar si hubo o no dolo en ese caso, es decir, una conducta premeditada. El tercer elemento clave a analizar, aparte del peligro inminente, es el concepto de “equivalencia de armas”. El abogado penalista Rafael Quintero explica: “la igualdad de armas en la legítima defensa se refiere a la proporcionalidad entre la agresión y la defensa, y este es un requisito de suma importancia. Determina el riesgo que tiene el vigilante y la defensa que empleó. La ley asegura que no se puede exigir a quien se defiende, que utilice medios iguales a los usados por el agresor o que use medios más letales que le causen mayor daño. Lo importante es proteger el bien jurídico que está siendo atacado, que en ese momento es la vida”.
Sobre el uso de armas, los juristas están de acuerdo en que si la reacción del vigilante, después de desarmar al atacante, fue inmediata, se podría configurar la legítima defensa. De ser así, el aparato judicial no considerará punible su acción y se archivaría el caso.
Ante este caso y este debate, Transmilenio manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia al interior del sistema. “En referencia al caso, una vez reportada la situación, el Centro de Control del Sistema activó el protocolo, con presencia de las autoridades en el punto. Los hechos son materia de investigación y desde la empresa brindaremos el apoyo que requieran las autoridades pertinentes para esclarecer lo sucedido”. De paso, entregó condolencias a la familia del fallecido: “enviamos un mensaje de condolencias y solidaridad a la familia de la víctima”.
Mientras el ente investigador recopila pruebas para que un juez defina esto, la capital cada vez se ve expuesta a estos casos atípicos, que devienen no solo de la intolerancia social que se respira en las calles, sino el clima de inseguridad que posibilita estos episodios en Bogotá.
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Por Redacción Bogotá
