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El fraude en el consumo de agua sigue dejando un impacto fuerte en Bogotá. En el primer trimestre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recuperó $10.688 millones tras detectar conexiones ilegales y manipulación del servicio en la ciudad y en Soacha.
El balance parte de 3.095 inspecciones técnicas realizadas entre enero y marzo en viviendas, comercios y obras de construcción. De esas revisiones, 1.247 casos —el 40 %— evidenciaron posibles irregularidades asociadas al delito de defraudación de fluidos.
El volumen de agua recuperado muestra la dimensión del problema: 1.468.531 metros cúbicos no registrados, equivalentes al consumo mensual de 133.502 familias de estrato 3.
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Las principales prácticas detectadas fueron reconexiones no autorizadas, manipulación de medidores, retiro ilegal de equipos para obtener servicio directo y conexiones clandestinas a la red.
Las intervenciones se concentraron en localidades como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá, además de Soacha, donde se ha identificado una mayor recurrencia de estos casos.
Uno de los episodios más representativos ocurrió en Kennedy, donde un lavadero de vehículos operaba con un sistema ilegal que desviaba el agua antes del medidor. Según la EAAB, el establecimiento se habría apropiado de 8.171 metros cúbicos, avaluados en más de $66 millones.
El operativo terminó con el sellamiento del lugar, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, y la captura del representante legal, quien enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación.
En paralelo, la EAAB radicó 126 denuncias penales que involucran otros 524.146 metros cúbicos de agua, avaluados en cerca de $4.730 millones.
Desde la entidad advierten que estas prácticas no solo generan pérdidas económicas, sino que también afectan la calidad del servicio, deterioran la infraestructura y ponen en riesgo el abastecimiento para la ciudad.
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El llamado es a denunciar irregularidades a través de la Acualínea 116 o los canales oficiales del Acueducto. En un contexto donde el acceso al agua es clave, las conexiones ilegales no solo son un delito: también afectan a quienes sí cumplen con el pago del servicio.
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