Los archivos entre 1991-2005 muestran el protagonismo del frente 53 de las FARC en la consolidación y aprovechamiento de las provincias cundinamarquesas de Oriente, Guavio, Medina y la localidad de Sumapaz como santuarios de crimen, violencia y terrorismo contra la ciudad-región.
Destrucción de infraestructura y poblaciones, ataques a la Fuerza Pública, control social y electoral, reclutamiento forzoso, retenes ilegales, terrorismo, extorsión, secuestro, homicidios y desapariciones hacen parte del menú de acciones que ejecutaron en ese periodo.
La permanencia de seis frentes –incluido el 53– y una Red Urbana de las FARC en municipios o enclaves rurales del sistema montañoso que rodea la ciudad-región se tradujo en una tormenta de violencia y crimen con al menos 400 hechos conocidos de violencia en ese periodo.
Derechos, libertades y vidas destruidas por un cerco regional consolidado desde la “zona de distensión” para la “toma a Santa Fe de Bogotá”, acto final del plan estratégico de las FARC para la toma del poder según alias “Mono Jojoy” y alias “Carlos Antonio Losada”.
El asedio a la ciudad terminó en 2003 con la operación Libertad 1, cuando la Fuerza Pública bloqueó los abastecimientos y la movilidad de las cuadrillas farianas, causando su desmantelamiento y huida del Sumapaz y el arco montañoso que rodea la capital.
El Frente 53 existió e hizo inmenso daño a la región y sus ciudadanos. Y de acuerdo con alias “Iván Mordisco”, desde el pasado abril 16 se ha reactivado para “conquistar el objetivo de un nuevo país” con proyección sobre el Sumapaz, Cundinamarca, Meta y Vichada.
Un anuncio inexplicable dado que el Gobierno nacional está dialogando con el criminal “Mordisco” a cobijo de la política de Paz Total bajo la promesa de no ejecutar acciones ofensivas institucionales contra sus estructuras.
¿Por qué entonces reactivar una estructura armada ilegal en este contexto?
Por la ventaja que ofrece la complejidad geográfica del Sumapaz y de la Cordillera Oriental para reactivar el centro de mando de un régimen de narcotráfico, extorsión, secuestro, terrorismo, desaparición y sicariato que someta a los mercados urbanos y rurales de Bogotá, Cundinamarca, Meta y Tolima.
También para cuadrar cuentas entre poderes farianos, una dinámica que ha llevado muerte y violencia a zonas de influencia histórica, donde aún se chocan intereses que no se resolvieron con los acuerdos de La Habana.
Conscientes de la gravedad del contexto, la alcaldesa mayor de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca y del Meta se reunieron este lunes para analizar conjuntamente los desafíos que surgen del anuncio de alias “Mordisco” y del contexto de inseguridad creciente.
Además de un llamado a la acción por parte del Gobierno nacional para atender esta amenaza, los mandatarios anunciaron presencia institucional permanente en el corredor que une a Bogotá con el Meta y aumento de la inversión social. También informaron que la Fuerza Pública instalará puestos de control en los caminos de la región.
Anuncios útiles pero insuficientes, dado que la magnitud y temporalidad de su ejecución no consultan los antecedentes de las FARC en esta región, ni su potencial de cometer crímenes y ejercer violencia. Particularmente en Bogotá donde se sufre en carne propia el control criminal del Sumapaz.
En tal sentido, la oferta de puestos de control es como una golondrina queriendo hacer verano. Extinguir la posibilidad de control criminal fariano demanda reforzar el Batallón de Alta Montaña, crear un Fuerte de Carabineros y desplegar bases adelantadas que cierren corredores de movilidad y abastecimientos.
Para cumplir con ese objetivo se requieren capacidades amplias y permanentes de movilidad. Una Fuerza Pública estacional en esta región enfrenta un alto riesgo de ser masacrada como en Gutiérrez - Cundinamarca en el 1999 o, para no ir tan lejos, en el Catatumbo un par de semanas atrás.
Solo con avances en esa dimensión se podrá reforzar la inversión en esas regiones y desarrollar capacidades y oferta institucional diferente a la de la Fuerza Pública de manera sostenida y sostenible. De no ser así, funcionarios, contratistas y pobladores terminarán siendo sometidos por “Mordisco” y su Estado Mayor Central para el desarrollo del proyecto criminal.
Apostarle a la recuperación del control de área y la estabilización del entorno con una oferta futura de bienes y servicios, sin copamiento previo con instituciones de seguridad, será insistir en errores estructurales de gestión de la seguridad del acuerdo de la Habana que han dado lugar a nuevos santuarios para los criminales.
De no ser realistas en la secuencialidad y los tiempos de respuesta que impone la reactivación del frente 53, los ciudadanos de Bogotá, Cundinamarca, Meta y Tolima sufrirán el aumento del reclutamiento forzado, la extorsión, el despojo, el desplazamiento, la desaparición, el homicidio selectivo y el uso de minas antipersonal.
Cualquier ventaja para el fortalecimiento y despliegue del 53 le permitirá evolucionar en bandas rurales y urbanas dedicadas a imponer el miedo, destruir las libertades, los derechos y la vida de los ciudadanos de la región, como ya ocurrió entre 1991 y 2005.
Ignorar la historia es condenarse a repetirla. No dejemos volver el miedo.