Los bogotanos, a partir de diciembre, verán en las calles a los nuevos “gestores del orden”. Con chaquetas grises, radios, algunos con ‘body cam’ y hasta un bastón para dirigir el tránsito, estos funcionarios prestarán labores de servicio a la ciudadanía; robustecerán la presencia institucional, y asumirán algunas tareas que hoy ocupan innecesariamente a los policías y les impide dedicarse a labores de seguridad de mayor impacto. Este modelo es la nueva apuesta de la administración de Carlos Fernando Galán por reforzar la seguridad, ¿funcionará?
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César Restrepo, secretario de Seguridad, y Laura Villa, directora del Servicio Civil del Distrito, presentaron el plan que, en principio, operara hasta 2027, salvo que la próxima administración decida mantener el modelo. De momento, la idea es vincular a 1.728 gestores y los primeros 270 deben estar contratados para fin de año e integrarán una planta temporal, en la que tendrán todas las garantías laborales que ofrece la administración.
De fondo, el plan busca responder al déficit de pie de fuerza en Bogotá y a lo complejo que ha resultado que la Nación designe más uniformados. Por esta razón, la Alcaldía decidió tomar cartas en el asunto. “Bogotá es la capital con el peor indicador de pie de fuerza policial en el país. Mientras Medellín, Cali o Barranquilla superan los 230 uniformados por cada 100.000 habitantes, acá es de 200. El estándar urbano global es de 300, lo que significa que tenemos un rezago”, indicó Restrepo.
¿Gestores territoriales?
Actualmente, en la administración, al menos 32 entidades tienen gestores territoriales, divididos en subgrupos como de los ya conocidos gestores de Convivencia o de Diálogo, etc. De ahí que la mayoría se pregunte ¿qué harán diferente los gestores del orden? En este caso es más fácil comenzar por lo que no harán: “no serán policías ni militares; no portarán armas; no impondrán comparendos ni detendrán personas”, aseguró el secretario de Seguridad, quien enfatizó que pueden verse como “facilitadores urbanos” o “agentes anticipativos”.
En concreto, serán agentes civiles territoriales, dedicados a la articulación institucional y comunitaria. Tendrán un sueldo promedio de COP $2,8 millones para cumplir misiones de revitalización del espacio público; recuperar la confianza ciudadana; identificar riesgos, y dinamizar la respuesta a problemáticas de seguridad y convivencia. Sus funciones incluyen la observación y el diagnóstico de dinámicas de riesgo; la mediación de conflictos; el apoyo en la aplicación del Código de Policía durante intervenciones; la asistencia en eventos masivos y emergencias, y la articulación con entidades distritales y actores comunitarios.
También promoverán la corresponsabilidad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, con especial atención a poblaciones vulnerables. Para hacerlo, una vez sean elegidos en octubre, mediante concurso público, se capacitarán en normativa, convivencia, mediación comunitaria, protocolos en manifestaciones, manejo de emergencias, primeros auxilios, autoprotección y enfoque diferencial en derechos humanos y de género.
¿Funcionará?
Las críticas son claras: pese a que hay un manual que define sus funciones, no queda claro sus límites y su efectividad para aportar a la disminución de la percepción de inseguridad. Andrés Nieto, experto en seguridad, analizó la apuesta y señala que, si bien existe necesidad de descargar a la Policía de más de 461.000 llamadas, en las que los ciudadanos solicitan presencia de un policía para atender temas que no son de su competencia, la forma cómo buscan hacerlo sería un “rencauche” de planes pasados.
“Bogotá alcanzó a tener gestores en ambiente, ciclovías, Transmilenio, barras sociales, diversidad sexual y zonas de rumba, pero ¿por qué se desestimaron? Hoy, al parecer, vuelven a tener relevancia, pero con otro nombre. Sería clave, no solo contratar personas, sino especializarlos. Este nuevo rol deberían ser de profesionales, con una intervención clara en las comunidades, trabajar con las juntas de acción comunal, con propiedad horizontal, apadrinar parques, etcétera. Situaciones que nos permitirían descargar a la fuerza pública de otro tipo de cosas que no están en su resorte”.
Óscar Bastidas Jacanamijoy, concejal que ha criticado el plan desde el inicio al manifestar sorpresa por el anuncio, dado que el pasado viernes, en un debate de control político, la administración mencionó que el programa aún se encontraba en fase piloto. “La nueva figura podría generar duplicidad de funciones con los actuales Gestores de Convivencia y Diálogo, lo que incluso abriría la puerta a un presunto detrimento patrimonial. Aunque los Gestores del Orden no porten armas ni realicen comparendos, la importancia de que estos tengan funciones definidas, un alcance y campo de acción claro para no desdibujar el trabajo de los demás equipos en territorio y para que actúen como garantes de los derechos de los ciudadanos”.
En pocos meses esta nueva fuerza civil se pondrá a prueba en las calles, a partir de diciembre de este año, iniciando una nueva era de gestores en Bogotá que puede terminar dando resultados interesantes o engrosando las filas de gestores que por mayor presencia, no logren afianzar los lazos entre la gente y las autoridades.
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Por Juan Camilo Parra
