Guerra de grupos armados en Bogotá: claves para entender el debate

Aunque las autoridades locales han intentado bajarles el perfil a las advertencias, como lo hicieron Enrique Peñalosa, Claudia López y ahora Carlos Fernando Galán, al señalar que en la ciudad no hay grupos armados ni enfrentamientos, los hechos de violencia dan cuenta de las acciones del crimen organizado en la ciudad y sus inmediaciones. Este miércoles, por ejemplo, asesinaron en el sector de Terreros, en Soacha, a un ayudante de bus (que cubre la ruta Soacha-Bogotá) y al pie de su cadáver dejaron un panfleto dirigido a los transportadores y firmado por una de las bandas subcontratadas por un grupo armado ilegal.

Aunque las autoridades locales han intentado bajarles el perfil a las advertencias, como lo hicieron Enrique Peñalosa, Claudia López y ahora Carlos Fernando Galán, al señalar que en la ciudad no hay grupos armados ni enfrentamientos, los hechos de violencia dan cuenta de las acciones del crimen organizado en la ciudad y sus inmediaciones. Este miércoles, por ejemplo, asesinaron en el sector de Terreros, en Soacha, a un ayudante de bus (que cubre la ruta Soacha-Bogotá) y al pie de su cadáver dejaron un panfleto dirigido a los transportadores y firmado por una de las bandas subcontratadas por un grupo armado ilegal.

En contexto: Clan del Golfo vs. Tren de Aragua en Bogotá: se han ignorado las alertas, Defensoría

El panfleto escrito a puño y letra de los delincuentes contiene amenazas contra el gremio de transportadores informales del sector y tres números telefónicos, para que quienes estén amenazados por estas redes realicen los pagos a los que se les obliga, con el fin de no asesinarles ni atentar contra sus seres queridos. “Esas no son acciones de delincuencia común”, indican desde la Defensoría.

Si bien este caso se presentó en el vecino municipio de Soacha, el modus operandi y la organización que lo firma están directamente relacionadas con la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo. Y si se tiene en cuenta que varias de las rutas que el gremio amenazado atraviesan la Av. Boyacá de norte a sur y pasan por sectores priorizados por temas de homicidio y extorsión, la situación se torna más compleja.

La alerta

Según el documento de la Defensoría, la escalada en los niveles de violencia en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria persiste desde 2019, fecha en que se emitió la primera alerta. No obstante, la situación ha ido creciendo y los tentáculos del Tren de Aragua y del Clan del Golfo se han ido expandiendo hasta permear las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Antonio Nariño y Tunjuelito. En total son nueve localidades y 22 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) las que, se supone, padecen la disputa territorial.

“Desde la Defensoría se han emitido tres alertas para Bogotá. La primera fue la 010 de 2021, que no solo involucraba a 10 localidades de la capital, sino a otros municipios de Cundinamarca. Ahí se hablaba de dos corredores estratégicos: uno en el oriente y otro en el occidente, que aprovechan las FARC y el Clan del Golfo. Se advirtió que la ciudad no iba a ver a los del Clan de Golfo con la camiseta, sino que ellos hacían presencia a través de grupos que operan con la figura de la tercerización”, le dijo a El Espectador Ricardo Arias, del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

“Luego salió la 005 de 2022, principalmente para Cundinamarca, algunos municipios de Tolima y Sumapaz. Esa les puso a todos los pelos de punta, porque plantea la intención de retoma de las disidencias de las FARC. Ahí ya van 11 localidades alertadas. Ahora está la 004 de 2024, que advierte sobre los riesgos en 22 UPZ de las nueve localidades restantes y que, de cierta manera, actualiza la alerta 046 de 2019. Esto quiere decir que hay advertencias sobre todo Bogotá, a través de tres alertas activas y vigentes”, señala Arias.

Las UPZ afectadas, según la localidad, son: Tunjuelito: Venecia. Antonio Nariño: Ciudad Jardín y Restrepo. Los Mártires: La Sabana y Santa Isabel. Puente Aranda: Muzu, Ciudad Montes y Zona Industrial. Santa Fe: Las Nieves, Las Cruces, Lourdes y Sagrado Corazón. La Candelaria: La Candelaria. Teusaquillo: Quinta Paredes, La Esmeralda, Teusaquillo y Galerías. Chapinero: Pardo Rubio y San Isidro-Patios. Barrios Unidos: Los Alcázares y Doce de Octubre. Todas estas zonas tienen en común su gran porcentaje de población flotante y la alta densidad poblacional dedicada a actividades comerciales e industriales, sector potencialmente susceptible de padecer extorsiones.

En total son 953.000 personas las que estarían en riesgo, cifra que equivale al 11,8 % de la población de Bogotá. Los grupos sociales más vulnerables son mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de calle y personas con identidad de género diversa. Por otro lado, las que pertenecen a la población socialmente estigmatizada que presenta mayor riesgo son: 1) Recicladores, carreteros, cachivacheros y ropavejeros. 2) Personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución. 3) Migrantes. 4) Consumidores de sustancias psicoactivas.

“Para combatir estos grupos criminales, con el nivel de organización que se evidencia que tienen, hace falta una estrategia de seguridad más robusta, desde el punto de vista del trabajo de inteligencia, para lograr llegar al núcleo de las estructuras y no quedarse en la captura del sicario o del jíbaro, que claramente son importantes, pero que dentro de la organización son las fichas de quitar y poner en una cadena de mandos compleja”, indicó Luis Echavarría, consultor de seguridad de EA Consultores.

De acuerdo con la Defensoría, en las formas de violencia que emplean los integrantes del Tren de Aragua y del Clan del Golfo se manifiestan homicidios selectivos, desapariciones forzadas, extorsiones y amenazas de muerte, además de métodos que buscan infligir y agudizar la sensación de inseguridad de las víctimas, como el envío de panfletos, videos, correos o llamadas amenazantes.

Echavarría señala, además, la necesidad de impactar la periferia y no centrarse en los casos mediáticos: “En redes sociales estos días fue viral la imagen de un helicóptero sobrevolando el parque El Virrey, estrategia que busca hacerle frente a un tema de percepción en ciertos lugares, digamos, más mediáticos que otros. Hay que ir a zonas donde estos grupos están arraigados, a la periferia, en donde pueden cooptar bandas delincuenciales más pequeñas, que cumplen con el objetivo de conseguir una renta criminal que genere flujo de caja permanente en efectivo, como lo hacen con la extorsión y el microtráfico, esa es una manera de expandir territorios que desde hace años implementó el Clan del Golfo”, indica.

Estas incursiones en barrios periféricos responden a las disputas por los corredores de microtráfico, eje sobre el que se cimenta el actuar criminal de las bandas con las distintas modalidades de violencia e intimidación descritas párrafos atrás. ¿El objetivo?, “la consolidación de ‘santuarios’ en donde opera una gobernanza criminal, en los que se aprovecha la marginalidad de la población en las zonas que controlan, las falencias en la oferta de servicios y las bajas capacidades institucionales y sociales”, según se lee en la alerta emitida el 27 de febrero. Ese limbo social, en el que se promueve la estigmatización de ciertas poblaciones, la pobreza y el desprendimiento de la ciudadanía, lleva a las poblaciones en riesgo a ser “más susceptibles de ser instrumentalizadas o de sufrir conductas vulneratorias en su contra”.

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¿Disidencias en Bogotá?

El año pasado varias imágenes y videos daban cuenta de pancartas y comunicados en donde se anunciaban distintas actividades de legitimación social de integrantes del frente 33, disidentes de las extintas Farc, que hacen parte del Estado Mayor Central cuya operación es comandada por Iván Mordisco. Dice la Defensoría que “según la información recolectada en diciembre de 2023, este grupo armado entregó regalos a los niños y niñas, además de anchetas a sus familias en localidades como Los Mártires y Barrios Unidos, localidades en donde operan grupos de crimen transnacional, como el Tren de Aragua, entre otros grupos de delincuencia local subordinados o con acuerdos con estos”.

Por ahora, lo que dicen las autoridades (y lo han repetido cada vez que la Defensoría emite una alerta) es que en Bogotá no hay indicios serios sobre la presencia de estructuras de disidencias de las FARC. En el caso del ELN, tienen claro que su presencia obedece a la capacidad de subcontratar estructuras criminales para tareas específicas, pero no porque tengan asiento en alguna localidad. Esta modalidad, al parecer, ahora se extiende a nuevas estructuras armadas en la capital.

Finalmente, señala Ricardo Arias, tras preguntarle sobre acciones concretas para enfrentar este fenómeno, indica que “esto no es solo tener más Ejército y Policía. Aquí lo que pasa, y lo decimos en esta alerta, es que las organizaciones se están aprovechando de la marginalidad que hay en la ciudad, de venezolanos sin empleo y que desconocen la fuerza institucional. Todo esto se ha vuelto un caldo de cultivo para el grupo de delincuencia organizada, en su afán de crecer económicamente y de ganar territorio en los barrios.

Y ante la insistencia de la administración, en cuanto a que en Bogotá no hay presencia de grupos armados, Arias explica: “Se han dado capturas, se ha incautado material explosivo y la Policía ha dado duros golpes en Corabastos y en algunos barrios. Se registran balaceras en Galerías, una de las UPZ alertadas. Hay manuales de conducta, horarios en los que se restringe la movilidad, fronteras invisibles. Eso no lo hacen grupos comunes. Dicen que la delincuencia común está desbordada, pero ellos no tienen ni la capacidad económica ni logística para algo así en la ciudad. Las evidencias están, pero no somos una oficina de inteligencia. Nos basamos en el testimonio de la gente”.

En ese sentido, La Defensoría compiló las recomendaciones que le hace al gobierno Distrital para que pueda enfrentar las situaciones descritas en la alerta de la Defensoría. Entre las 18 recomendaciones, destacan; 1). Acciones interinstitucionales para fortalecer la respuesta rápida y la efectividad de las garantías fundamentales. 2). Desarrollo de acciones afirmativa, para el respeto y la garantía de derechos de poblaciones estigmatizadas sujetas de riesgo. 3). Creación de una comisión accidental para el seguimiento al plan de acción adoptado para la mitigación del riesgo en la presente alerta. 4). Creación de una mesa técnica para evaluar el impacto del decreto 596 de 2016, principalmente en lo relacionado con la formalización de los recicladores de oficio. 5) Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección. 6) Buscar estrategias que permitan agilizar la entrega de los permisos de protección temporal PPT, a la población migrante que haya superado la etapa de registro.

“La alerta no es inminente”

Conocida la alerta, el alcalde Carlos Fernando Galán citó una reunión con las entidades encargadas de velar por la seguridad de la ciudad para analizar a fondo el documento. En el encuentro participaron el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, CésarRestrepo; el comandante de Policía de Bogotá, general José Daniel Gualdrón; el comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, general Rodolfo Morales; la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, así como delegados de la Defensoría del Pueblo.

Durante la jornada, la Defensoría explicó los elementos que los llevaron a emitir la alerta temprana sobre la disputa territorial que libra el Tren de Aragua con las AGC. El Distrito indicó que, tras conocer en detalle el contexto de la situación, se definieron aspectos como la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto para el desarrollo de una estrategia de seguridad y prevención, según explicó el mandatario durante el encuentro.

Al final, Galán explicó que la alerta “no es inminente sino estructural”, en el sentido de que se deriva de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad de la ciudad en los últimos cuatro años. “Aunque particularmente tiene en cuenta los últimos ocho meses, la alerta es principalmente preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría del Pueblo, los cuales, pueden llevar a situaciones que eventualmente podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, trabajamos en conjunto y nos articulamos”, señaló.

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