¿Habrá cárcel por robo de celulares?
Juzgar como hurto calificado y no como delito menor el hurto y comercialización de celulares es la primera de las propuestas del Gobierno Nacional para combatir esta actividad en el país, que es la causa del 53% del total de los robos denunciados en Bogotá.
El Espectador
El cambio es sustancial. Por un delito menor, los asaltantes de celulares no son retenidos más de 24 horas. De ser judicializados por hurto calificado, el delito sería excarcelable y podrían ir a prisión hasta por ocho años.
En 2010 fueron robados 3 millones de celulares en el país, 1’200.000 sólo en Bogotá. Según la Policía, la tasa de denuncias sigue siendo muy baja frente a la magnitud del delito, pues las denuncias no superan las 500 mensuales. Otra estrategia es incentivar la denuncia tanto a los operadores como a las autoridades.
En la capital el asunto está lejos de ser mera percepción. En la madrugada del domingo, Kevin Dubán Velasco recibió siete puñaladas después de negarse a entregar su teléfono y en lo corrido del año tres personas han muerto por el mismo motivo.
Pero sólo aumentar las penas no es suficiente para combatir el delito. Tampoco es viable, puesto que no habría cupo para los capturados en las cárceles del país, cuyo hacinamiento hoy supera el 20%. En 2010 hubo 2.100 capturas.
Por eso el Gobierno busca mayor compromiso de los operadores y fabricantes para desestimular el tráfico de estos aparatos. Se trata de implementar una restricción tecnológica para que los equipos queden obsoletos una vez se reporten como robados.
Los tres operadores (Tigo, Comcel y Movistar) se limitan a decir que comparten una lista de teléfonos robados para impedir su reactivación. Sin embargo, los asaltantes tienen la tecnología para reactivarlos. Aunque algunos son comercializados en el mercado negro local (ver gráfica), muchos otros son llevados a Ecuador y Venezuela. Otra medida es compartir la información de celulares robados con operadores internacionales para cerrar las fronteras a los asaltantes.
En Bogotá la problemática es tratada desde noviembre en una mesa de concertación entre Fenalco, la Policía, los operadores y la Secretaría de Gobierno. Olga Lucía Velásquez, encargada de esta secretaría, le dijo a El Espectador que en menos de dos meses las medidas estarán en funcionamiento.
El cambio es sustancial. Por un delito menor, los asaltantes de celulares no son retenidos más de 24 horas. De ser judicializados por hurto calificado, el delito sería excarcelable y podrían ir a prisión hasta por ocho años.
En 2010 fueron robados 3 millones de celulares en el país, 1’200.000 sólo en Bogotá. Según la Policía, la tasa de denuncias sigue siendo muy baja frente a la magnitud del delito, pues las denuncias no superan las 500 mensuales. Otra estrategia es incentivar la denuncia tanto a los operadores como a las autoridades.
En la capital el asunto está lejos de ser mera percepción. En la madrugada del domingo, Kevin Dubán Velasco recibió siete puñaladas después de negarse a entregar su teléfono y en lo corrido del año tres personas han muerto por el mismo motivo.
Pero sólo aumentar las penas no es suficiente para combatir el delito. Tampoco es viable, puesto que no habría cupo para los capturados en las cárceles del país, cuyo hacinamiento hoy supera el 20%. En 2010 hubo 2.100 capturas.
Por eso el Gobierno busca mayor compromiso de los operadores y fabricantes para desestimular el tráfico de estos aparatos. Se trata de implementar una restricción tecnológica para que los equipos queden obsoletos una vez se reporten como robados.
Los tres operadores (Tigo, Comcel y Movistar) se limitan a decir que comparten una lista de teléfonos robados para impedir su reactivación. Sin embargo, los asaltantes tienen la tecnología para reactivarlos. Aunque algunos son comercializados en el mercado negro local (ver gráfica), muchos otros son llevados a Ecuador y Venezuela. Otra medida es compartir la información de celulares robados con operadores internacionales para cerrar las fronteras a los asaltantes.
En Bogotá la problemática es tratada desde noviembre en una mesa de concertación entre Fenalco, la Policía, los operadores y la Secretaría de Gobierno. Olga Lucía Velásquez, encargada de esta secretaría, le dijo a El Espectador que en menos de dos meses las medidas estarán en funcionamiento.