La Corte Constitucional realizó una inspección judicial a estaciones de policía del sur de Bogotá para poner en evidencia la crítica situación de la población privada de la libertad. Esta es la primera de varias visitas que se realizarán en el territorio nacional.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Juan duró ocho meses recluido en la URI de Puente Aranda por violencia intrafamiliar, donde experimentó en carne propia el estar hacinado en un espacio que rebasa sus capacidades logísticas y de espacio. En diálogo con El Espectador repasó cómo tuvo que malvivir por meses. “Las condiciones son jodidas. No exagero al decir que unos duermen encima de otros, en los pasillos, en los baños. Vi gente durmiendo parada por falta de plata. Cuando usted entra tiene que pagarles a ‘los duros’ para que le den un espacio”,...
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