Andrés Castro Franco, Personero distrital, llamó la atención de las autoridades por la preocupante situación de hacinamiento que actualmente se presentan en centros de detención temporal de la capital. Las cifras dan cuenta de la gravedad de la situación: la capacidad máxima de albergue en Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía es de 1.227 personas y actualmente hay 3.714, es decir, hay una sobrepoblación del 158,6%.
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De acuerdo con la Personería, las normas establecen que las estaciones de Policía y las URI no son centros de detención. En las primeras, las personas no deberían permanecer sino un par de horas y en las segundas, máximo 36 horas. El ente de control encontró que actualmente en estos lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años. Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria, que permanecen allí, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia.
Con corte al 30 de abril, en la URI de Puente Aranda había 821 personas, cuando la capacidad máxima es de 452, es decir, permanecen allí con un hacinamiento del 81,6%. “. El problema se agrava, si se tiene en cuenta que en las celdas de las 5 URI restantes de la ciudad (La Granja, Kennedy, Ciudad Bolívar, Campo Verde-Bosa y Usaquén) no hay privados de la libertad”, señala la Personería en el comunicado que da cuenta de la situación Por otro lado, del total de personas privadas de la libertad en estaciones y URI, 511 son extranjeras y 66 tiene sentencia condenatoria.
Por esta situación, la Personería pidió al Ministerio de Justicia y el INPEC asumir las personas condenadas y trasladar a su lugar de residencia a quienes tienen medida de detención domiciliaria, que permanecen en los centros transitorios.
Situación en estaciones de policía
Las cifras de hacinamiento en estaciones son las más dramáticas. Actualmente 2.348 personas se encuentran privadas de la libertad en estos espacios, cuando la capacidad total es de 775 personas, es decir, el hacinamiento supera el 202%. La situación, discriminada por estaciones, está así:
- Usaquén: Hay 85 personas y su capacidad total es para 10 personas. Hacinamiento del 750%.
- Kennedy: Hay 370 personas recluidas cuando la capacidad total es de 60. Hacinamiento del 517%.
- Bosa: Hacinamiento del 511%.
- Usme: Hacinamiento de 400%
- Ciudad Bolívar: Hacinamiento del 348%
- San Cristóbal: Hacinamiento del 346%
- La Terminal: Hacinamiento del 330%
- Rafael Uribe: hacinamiento del 238%
- La Candelaria: Hacinamiento del 237%
- Suba: Hacinamiento del 223%
Alimentos, salud y acceso a la justicia.
Durante el último año la Personería recibió graves quejas por parte de personas privadas de la libertad y sus familias a cerca del suministro de raciones de comida. Aseguran los denunciantes que les dan comida en mal estado, o incompleta, la cual además no cumple con los estándares mínimos de calidad e higiene, situación que denota un incumplimiento del menú básico establecido con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.
Por otro lado, “la atención en salud es precaria. La posibilidad de asistir a una cita médica, reclamar medicamentos o tener atención oportuna es escasa, se debe contar con la autorización del juez y la logística para su traslado es complicada y en caso de una urgencia la atención no llega oportunamente”, asegura la Personería en el informe.
Además, ni las personas privadas de la libertad ni la policía pueden acudir a las audiencias que desarrollan los casos por falta de conexión a internet. La situación ha llegado al punto en que para poder llevar a cabo la audiencia, los acusados deben conectarse desde los teléfonos celulares de los policías. Este hecho, además de obstaculizar el acceso a la justicia, crea una barrera entre los acusados y sus víctimas que no debería estar.
Así las cosas, el ente de control distrital recordó que “la Corte Constitucional en 2022, extendió el Estado de Cosas Inconstitucional que se declaró sobre los centros de detención transitoria como las estaciones de policía y las URI, al encontrar allí una violación masiva y generalizada de derechos y emitió 29 órdenes para solucionar el problema que, al parecer, no se han acatado”.
Finalmente, la Personería indicó que se encuentra en etapa de revisión y estudio del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo para conocer de primera mano cómo se aborda el tema de hacinamiento en centros de justicia y seguridad de la ciudad.
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