Detrás del trabajo sexual en Bogotá aparecen realidades que van mucho más allá de la actividad: dificultades para comprar alimentos, afectaciones emocionales, discriminación, agresiones y barreras para recibir atención médica. Así lo muestra un estudio presentado por la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Foro Cívico, elaborado a partir de 1.074 encuestas y espacios de escucha con personas que realizan actividades sexuales pagadas en diferentes localidades de la capital. Los resultados servirán para actualizar la política pública dirigida a esta población y ajustar los servicios que actualmente presta el Distrito.
El 87,7 % tuvo dificultades para comprar alimentos
Una de las cifras más preocupantes está relacionada con las condiciones económicas. Entre las personas encuestadas, el 87,7 % manifestó que durante el último mes le faltó dinero para comprar alimentos. El estudio también encontró que el 23,9 % presentaba un probable malestar psicológico y el 12,6 % reportó ideación suicida. La afectación fue mayor entre quienes atravesaron situaciones de inseguridad alimentaria: en este grupo, el indicador de malestar psicológico llegó al 25,4 %, frente al 13,4 % entre quienes no enfrentaron esa situación.
“Las actividades sexuales pagadas son una realidad social existente, diversa y compleja y, frente a esa realidad, el Estado no puede ser indiferente”, señaló Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.
Migrantes enfrentan mayores barreras
El 16 % de las personas consultadas no estaba afiliado al sistema de salud. Entre quienes nacieron fuera de Colombia, la proporción llegó al 62 %. Además, el 28,3 % no asistió a ninguna consulta médica durante el último año. El estigma, los horarios de atención, las distancias, la falta de continuidad en los tratamientos y el temor frente a las instituciones aparecen entre las principales barreras.
Claudia Cuéllar, subdirectora de Gestión y Evaluación en Políticas Públicas, reconoció que la oferta institucional podría no estar llegando a toda la población. “Esto nos va a permitir generar propuestas, estrategias y mejorar la política pública”, afirmó. La funcionaria agregó que los resultados serán publicados en la página de la Secretaría de Salud y posteriormente estarán disponibles en un tablero de consulta.
Más de la mitad se ha sentido discriminada
Las condiciones cambian dependiendo del lugar donde se ejerce la actividad. El 65,1 % de las personas encuestadas trabajaba en calles o espacios públicos, escenarios en los que pueden aumentar la exposición a agresiones y dificultades para acceder a medidas de protección. El 57,4 % aseguró haberse sentido discriminado y el 38 % reportó algún episodio de violencia. Entre las mujeres transgénero, esta última cifra ascendió al 47 %.
La fuerza pública fue señalada como el segundo actor relacionado con hechos violentos, con una participación del 30,8 % dentro de los reportes. El estudio divulgado no detalla qué tipo de agresiones se denunciaron, cuándo ocurrieron ni cuál fue el primer actor identificado. A pesar de estas condiciones, el 84,6 % manifestó tener mucho o total control sobre su actividad y el 85,3 % aseguró adoptar medidas de seguridad.
En cuanto a la prevención de infecciones de transmisión sexual, el uso inconsistente del condón alcanzó el 38,2 % entre quienes trabajan mediante modalidades virtuales y el 39 % cuando no existe fácil acceso a este elemento.
“Necesitamos una política que realmente nos sirva”
Kamil ejerce el trabajo sexual en calle desde hace seis años y participó en la investigación como gestora territorial. Su labor consistió en buscar a otras personas, explicarles el objetivo del estudio y acompañarlas durante el proceso. “Estuvimos en casi todas las localidades de Bogotá realizando la investigación para poder crear una política pública que realmente nos interese y sirva para mejorar nuestras condiciones de vida, ocupacionales y de salud emocional, mental y física”, explicó.
Para ella, el trabajo de campo también permitió conocer experiencias distintas a la propia y convertir esas historias en información útil para las decisiones del Distrito. A partir de los resultados, la Secretaría de Salud plantea fortalecer la atención en salud mental, acercar los servicios a los territorios, reducir la discriminación, ampliar el acceso de la población migrante y mejorar las rutas para atender hechos de violencia.
El desafío será que las cifras no se queden en un diagnóstico. La actualización de la política pública deberá traducir las experiencias recogidas en servicios accesibles, mecanismos de protección y respuestas construidas junto con quienes realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá.
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