Hospitales, en la mira
Defensoría del Pueblo inspeccionó 10 centros médicos. Pacientes retenidos y retrasos en la atención médica, los principales problemas.
Redacción Bogotá
En la noche del jueves 10 hospitales públicos de Bogotá recibieron una visita inesperada de la Defensoría del Pueblo. A las salas de urgencias de los hospitales Simón Bolívar, Suba, Kennedy, Engativá, La Victoria, El Tunal, Chapinero, Meissen, Santa Clara y San Blas llegaron funcionarios de inspección.
Un factor común en los centros médicos, según la Defensoría, es que presentan un sobrecupo del 57%. Además “hay sobrecupo en camas y dificultades en el recurso humano, tanto de médicos generales como de especialistas”.
La entidad realizó una encuesta a 152 pacientes. La satisfacción con el servicio de las EPS fue del 52% y con la IPS del 45%. Al conocer los resultados, la Secretaría de Salud instaló una mesa de trabajo con los gerentes de los hospitales para analizar la veracidad del informe presentado por la Defensoría. De momento se sabe que la Secretaría dispone de $493.000 millones para la modernización de la infraestructura hospitalaria.
Los inspectores encontraron dificultades en todos los hospitales. En el de Kennedy, señala el informe, “no permitieron el ingreso de la comisión de la Defensoría del Pueblo. Hay problema de infraestructura, lleva casi un año y medio en instalaciones provisionales, lo que dificulta la prestación del servicio”.
La lista de problemas fue más amplia en el hospital Simón Bolívar: “Tenían retenidos a varios pacientes que tienen orden médica de salida, por el hecho de no cancelar la cuenta. En ese mismo hospital hay quejas generalizadas por demora en la liquidación de la cuenta para facilitar la salida de los pacientes”, dice el informe.
También se registraron retenciones de pacientes en el hospital de Suba y en el de Engativá, según el veredicto de los inspectores. De hecho, la Defensoría denunció que una paciente de 72 años, afiliada a la EPS Caprecom, tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico que no fue atendido oportunamente en el hospital de Engativá. “En el momento de la visita la paciente había esperado 24 horas”. El 10 de marzo el alcalde Gustavo Petro inauguró la ampliación del servicio de urgencias del hospital de Engativá, en la que el Distrito invirtió $350 millones.
Tampoco salió bien librado el San Blas: “En este hospital existen cinco pacientes abandonados desde hace seis meses. Se presentaron dificultades para la autorización de remisiones, específicamente con afiliados a Caprecom EPS”.
El Espectador intentó comunicarse con los gerentes de los hospitales que visitó la Defensoría. Gabriel Castilla, gerente del hospital de Suba, explicó que “hay capacidad para atender a 40 personas. Sin embargo, por las condiciones ambientales han llegado hasta 70. Los afectados son más que todo niños, por eso autorizamos una extensión en el servicio de urgencias pediátricas. Necesitamos adelantar un proyecto por $3.000 millones para reemplazar la dotación obsoleta del hospital. La idea es consolidar el servicio de urgencias con una inversión de $1.500 millones”.
Algunos profesionales de la salud consultados por este diario, que trabajan en los hospitales públicos, señalaron que “existen barreras administrativas de las EPS que afectan el servicio. No autorizan las citas, no remiten a los pacientes y ellos terminan en urgencias, congestionando el hospital”. Los otros gerentes prefirieron guardar silencio.
En la noche del jueves 10 hospitales públicos de Bogotá recibieron una visita inesperada de la Defensoría del Pueblo. A las salas de urgencias de los hospitales Simón Bolívar, Suba, Kennedy, Engativá, La Victoria, El Tunal, Chapinero, Meissen, Santa Clara y San Blas llegaron funcionarios de inspección.
Un factor común en los centros médicos, según la Defensoría, es que presentan un sobrecupo del 57%. Además “hay sobrecupo en camas y dificultades en el recurso humano, tanto de médicos generales como de especialistas”.
La entidad realizó una encuesta a 152 pacientes. La satisfacción con el servicio de las EPS fue del 52% y con la IPS del 45%. Al conocer los resultados, la Secretaría de Salud instaló una mesa de trabajo con los gerentes de los hospitales para analizar la veracidad del informe presentado por la Defensoría. De momento se sabe que la Secretaría dispone de $493.000 millones para la modernización de la infraestructura hospitalaria.
Los inspectores encontraron dificultades en todos los hospitales. En el de Kennedy, señala el informe, “no permitieron el ingreso de la comisión de la Defensoría del Pueblo. Hay problema de infraestructura, lleva casi un año y medio en instalaciones provisionales, lo que dificulta la prestación del servicio”.
La lista de problemas fue más amplia en el hospital Simón Bolívar: “Tenían retenidos a varios pacientes que tienen orden médica de salida, por el hecho de no cancelar la cuenta. En ese mismo hospital hay quejas generalizadas por demora en la liquidación de la cuenta para facilitar la salida de los pacientes”, dice el informe.
También se registraron retenciones de pacientes en el hospital de Suba y en el de Engativá, según el veredicto de los inspectores. De hecho, la Defensoría denunció que una paciente de 72 años, afiliada a la EPS Caprecom, tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico que no fue atendido oportunamente en el hospital de Engativá. “En el momento de la visita la paciente había esperado 24 horas”. El 10 de marzo el alcalde Gustavo Petro inauguró la ampliación del servicio de urgencias del hospital de Engativá, en la que el Distrito invirtió $350 millones.
Tampoco salió bien librado el San Blas: “En este hospital existen cinco pacientes abandonados desde hace seis meses. Se presentaron dificultades para la autorización de remisiones, específicamente con afiliados a Caprecom EPS”.
El Espectador intentó comunicarse con los gerentes de los hospitales que visitó la Defensoría. Gabriel Castilla, gerente del hospital de Suba, explicó que “hay capacidad para atender a 40 personas. Sin embargo, por las condiciones ambientales han llegado hasta 70. Los afectados son más que todo niños, por eso autorizamos una extensión en el servicio de urgencias pediátricas. Necesitamos adelantar un proyecto por $3.000 millones para reemplazar la dotación obsoleta del hospital. La idea es consolidar el servicio de urgencias con una inversión de $1.500 millones”.
Algunos profesionales de la salud consultados por este diario, que trabajan en los hospitales públicos, señalaron que “existen barreras administrativas de las EPS que afectan el servicio. No autorizan las citas, no remiten a los pacientes y ellos terminan en urgencias, congestionando el hospital”. Los otros gerentes prefirieron guardar silencio.