“Imagine esta situación: al lado de su casa abren un campamento y se instalan 50 personas foráneas, que tienen otras costumbres e idiosincrasia, y empiezan a explotar los recursos que usted ha cuidado y que van a ser la herencia de sus nietos... A uno se le amarga la vida y le toca irse, aunque no quiera”.
Esa es, grosso modo, la preocupación de Álvaro Forero y de casi 2.000 habitantes de las veredas aledañas a los municipios de Villapinzón (Cundinamarca) y Turmequé (Boyacá). En medio de las dificultades económicas que los apremian, contrataron a un abogado para que compruebe jurídicamente lo que ellos sospechan: que el estudio ambiental que presentó la empresa Dipeza Valbuena Asociados para obtener la licencia que le otorga permiso para explotar carbón en la zona por 30 años es posiblemente la copia de un estudio hecho en otra región.
Para el Comité de Defensa del Páramo de Guacheneque, que lidera batallas jurídicas para evitar el otorgamiento de licencias mineras que afecten su territorio, la empresa Dipeza pudo haber violado la ley. Las sospechas ya se venían ventilando desde 2011, incluso antes de la aprobación de la licencia, cuando El Espectador entrevistó al entonces personero de Turmequé, Ricardo Villamarín, quien aseguró: “El estudio está soportado en falsedades y fue calcado de otra concesión. Las bocas de mina van a las reservas hídricas”.
Hoy ratifican la denuncia con más evidencias, que han ido consolidando año a año con nuevos elementos. Al menos 20 irregularidades descubrieron en el estudio ambiental, por lo cual la hipótesis es que “el estudio pudo ser plagiado de alguna zona del departamento de Boyacá, aledaña al páramo de Pisba”, dice el Comité. De comprobarse la queja, la firma estaría incurriendo en falsedad en documento, así como omitiendo los graves impactos, no sólo ambientales, sino también sociales, que ya se están generando.
Si bien en ese tiempo sólo se han estimado los daños ambientales que podría causar la explotación, por los vertimientos de contaminantes en las fuentes hídricas, hoy el pueblo tiene otros miedos. “Aunque la locomotora minera no ha prendido los motores en su totalidad, y en este momento tiene las actividades suspendidas, los inconvenientes sociales (sobre los) que habíamos advertido, por la presencia de mineros y trabajadores que no son de la zona, empiezan a brotar: niñas embarazadas y mujeres irrespetadas son casos de todos los días, como ya ha ocurrido en Lenguazaque”, dijo el alcalde de Villapinzón, Hernando Rogelio Garzón.
Las inconsistencias
Los propios lugareños, que han vivido allí por generaciones, dicen conocer a la perfección su región. Por eso, luego de revisar el estudio de impacto ambiental, encontraron descripciones que no coincide con las de sus veredas. Por ejemplo, que “las casas campesinas son construidas en tapia pisada”, cuando sus casas son de ladrillo; que “el sector veredal no cuenta con servicios de acueducto por redes de distribución”, cuando sí existen, o que “en el municipio no funciona el servicio de notaría y registro de instrumentos públicos”, pese a que la comunidad sí cuenta con ellos.
Para completar la serie de inconsistencias, el documento habla expresamente de reuniones con la comunidad, que según los pobladores, no se dieron. Allí se lee que “se consultó con los presidentes de las juntas de acción comunal y con la misma comunidad, para que ellos dieran el aval al proyecto”. Los habitantes de las veredas aledañas a los municipios de Villapinzón y Turmequé indican que esos encuentros nunca ocurrieron, que nunca los consultaron y que no firmaron ningún papel.
La Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) fue la entidad que aprobó el estudio ambiental presentado por la sociedad para tramitar la licencia de explotación minera que le permite a dos particulares extraer casi 7.000 toneladas de carbón mensualmente en Cundinamarca y Boyacá. Aunque este medio intentó telefónicamente contactar a funcionarios de la entidad y conocer su opinión frente a las quejas de los ciudadanos, no se obtuvo respuesta.
Sin embargo, en los últimos años Corpochivor ha hecho algunos pronunciamientos alrededor de las denuncias. Una de ellas fue en 2011, cuando Luis Ernesto Saboyá, entonces director de la corporación sentenció: “Posiblemente no se calculó el daño total de la explotación. Si encontramos que sí afecta, la historia será de otra manera”.
Un año más tarde (diciembre de 2012), la corporación se volvió a pronunciar a través de un comunicado y ratificó, entre otras cosas, parte de lo denunciado por la comunidad: “Se evidenció desconocimiento de los pobladores frente al proyecto a realizarse, ya que se ignoraba la zona de operación, las vías de acceso y salida del mineral”. A pesar de sus pronunciamientos, la historia no ha cambiado, como lo prometió entonces Saboyá.
Todos estos elementos que, según la comunidad ponen en tela de juicio el estudio ambiental, hacen parte de las denuncias que han presentado. Hoy reposan copias de todas y cada una de las inconsistencias en organismos como Corpochivor, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y la Contraloría delegada para el sector de minas y energía. Pero, a pesar de su lucha y las evidencias que justifican la solicitud de revocatoria de la licencia, nadie ha accedido a sus pretensiones.
Sin respuesta
Mientras crecen las voces de denuncia, del otro lado de la historia sólo hay silencio o respuestas evasivas de la empresa que presentó el estudio ambiental (Dipeza Valbuena S.A.) y sus titulares: Mayeni Lisbeth Ávila y José Vicente Pinzón Ariza. El Espectador intentó contactarlos a través de los números telefónicos que reposan en los documentos, para conocer su versión, pero no se pudo establecer comunicación. La única respuesta que se obtuvo fue a través del abogado José Joaquín Ospino, representante jurídico de Pinzón Ariza, quien argumentó que su cliente ya nada tenía que ver con ese trabajo de explotación minera y no tiene ya ninguna injerencia en los títulos mineros.
“Desde 2010, cuando Ingeominas accedió a la petición de ceder sus derechos sobre el título minero a favor de Mayeni Ávila, mi cliente se retiró del negocio y de esa sociedad. ¿La razón? Él es dueño de Palmallano S.A., en el Meta; de Aceites Fino, en Madrid (Cundinamarca), y de algunas constructoras que operan en la costa del país. Por eso, prefirió retirarse para trabajar en el terreno que conoce y no en aguas ajenas”, dijo el abogado Ospino.
Lo que sí se sabe, y que quizás es motivo del silencio de las empresas señaladas, es que existe una pelea entre las empresas que conformaron la sociedad Dipeza y Valbuena Asociados. Por un lado está la firma Dipeza Ltda., que elaboró el estudio cuestionado, y del otro, Mayeni Valbuena, titular de la licencia de explotación.
Ambas están en un pleito legal por la cesión de un porcentaje de los derechos sobre la licencia de explotación, como se evidencia en la citación que le hizo el Juzgado 57 Civil de Bogotá al antiguo miembro de la sociedad José Vicente Pinzón. De acuerdo con el documento, el lío tiene que ver con el “incumplimiento” de Valbuena con Dipeza de ceder el 50% de sus derechos, a pesar de que la firma denunciante “ha cumplido con los pagos acordados y que desde la celebración del acuerdo ha realizado una inversión en dinero muy alta para continuar con la fase de explotación de la mina, en ejecución del contrato de concesión GAI-142”. Pinzón no asistió al interrogatorio, pues fue cancelado por el mismo juzgado. Una nueva citación le llegó para el pasado 13 de marzo, pero también fue cancelada, porque el titular del despacho se encontraba en escrutinios.
Por ahora, los procesos jurídicos que se han desprendido de la licencia ambiental para explotar el oro negro en Cundinamarca y Boyacá siguen su trámite. La comunidad espera que sus esfuerzos no sean en vano, que la justicia los escuche y más temprano que tarde pueda levantar sus manos en un gesto de victoria cuando se frene por completo la explotación de minerales en su territorio, que afecta sus fuentes hídricas, costumbres e idiosincrasia, y así poder seguir con su vocación agrícola.
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Por Isabel Junca
