"Hubo un abuso de la figura de la Procuraduría en el tema de la inhabilidad": Samper
El expresidente Ernesto Samper se refirió a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no acatar las medidas cautelares de la CIDH en el caso Petro.
Javier González
El pasado miércoles el presidente Juan Manuel Santos negó las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y decidió ratificar el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita a Petro por 15 años.
¿Desde su mirada como expresidente, cree que la determinación de Juan Manuel Santos acerca de validar la sanción de la Procuraduría contra el exalcalde Petro fue correcta?
Pienso que fue inevitable y justificable por defender los intereses de los bogotanos.
¿Qué papel representan entonces las decisiones proferidas por la CIDH en el contexto colombiano?
Las recomendaciones de la CIDH son sugerencias de carácter político, las cuales pueden seguir o rechazar los gobiernos. Son muy distintas las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo judicial y que puede el avocar el caso de Petro en cualquier momento y pedirle al gobierno que tome las decisiones que considere necesarias y en ese caso el Gobierno estaría obligado a hacerlo.
Considero que defendiendo el derecho por el cual estaba luchando Gustavo Petro acerca de que no puede haber una autoridad administrativa que desconozca un mandato popular –lo cual para mí es absolutamente claro, así esté establecido en la Constitución lo contrario–el presidente también tenía que tomar en cuenta unas circunstancias superiores, como era la gobernabilidad en Bogotá y la calidad de vida de los bogotanos.
¿La decisión del presidente Santos fue favorable a la ciudadanía o a algún tipo de interés político?
La interinidad política que sufría Bogotá estaba afectando severamente a la ciudad, así lo estaban mostrando las cifras sobre seguridad, deterioro de la calidad de vida, los problemas de transporte y movilidad. Yo creo que cuando hay intereses superiores se debe defenderlos y fue lo que hizo Santos con su decisión que le da tranquilidad y restablece la normalidad a los ocho o nueve millones de bogotanos, en ese sentido la respaldo.
¿Cree que un organismo como la Procuraduría tiene la facultad para destituir a funcionarios elegidos por mandato popular?
Constitucionalmente la Procuraduría tiene esa facultad, pero no debería tenerla y no la debería utilizar, como lo ha hecho en este caso, no solamente para decretar una suspensión de carácter administrativo (que podría ser entendible) sino para decretar una inhabilidad política con una figura como Gustavo Petro, quien cuenta con un liderazgo popular que es claramente reconocido. Hubo un abuso de la figura de la Procuraduría en el tema de la inhabilidad.
El pasado miércoles el presidente Juan Manuel Santos negó las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y decidió ratificar el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita a Petro por 15 años.
¿Desde su mirada como expresidente, cree que la determinación de Juan Manuel Santos acerca de validar la sanción de la Procuraduría contra el exalcalde Petro fue correcta?
Pienso que fue inevitable y justificable por defender los intereses de los bogotanos.
¿Qué papel representan entonces las decisiones proferidas por la CIDH en el contexto colombiano?
Las recomendaciones de la CIDH son sugerencias de carácter político, las cuales pueden seguir o rechazar los gobiernos. Son muy distintas las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo judicial y que puede el avocar el caso de Petro en cualquier momento y pedirle al gobierno que tome las decisiones que considere necesarias y en ese caso el Gobierno estaría obligado a hacerlo.
Considero que defendiendo el derecho por el cual estaba luchando Gustavo Petro acerca de que no puede haber una autoridad administrativa que desconozca un mandato popular –lo cual para mí es absolutamente claro, así esté establecido en la Constitución lo contrario–el presidente también tenía que tomar en cuenta unas circunstancias superiores, como era la gobernabilidad en Bogotá y la calidad de vida de los bogotanos.
¿La decisión del presidente Santos fue favorable a la ciudadanía o a algún tipo de interés político?
La interinidad política que sufría Bogotá estaba afectando severamente a la ciudad, así lo estaban mostrando las cifras sobre seguridad, deterioro de la calidad de vida, los problemas de transporte y movilidad. Yo creo que cuando hay intereses superiores se debe defenderlos y fue lo que hizo Santos con su decisión que le da tranquilidad y restablece la normalidad a los ocho o nueve millones de bogotanos, en ese sentido la respaldo.
¿Cree que un organismo como la Procuraduría tiene la facultad para destituir a funcionarios elegidos por mandato popular?
Constitucionalmente la Procuraduría tiene esa facultad, pero no debería tenerla y no la debería utilizar, como lo ha hecho en este caso, no solamente para decretar una suspensión de carácter administrativo (que podría ser entendible) sino para decretar una inhabilidad política con una figura como Gustavo Petro, quien cuenta con un liderazgo popular que es claramente reconocido. Hubo un abuso de la figura de la Procuraduría en el tema de la inhabilidad.