IDU prorroga por 30 días obras de peatonalización de la carrera Séptima

Debido a las circunstancias actuales del proyecto de peatonalización de la Carrera Séptima en el centro de Bogotá y por solicitud del contratista e interventor, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aceptó prorrogar el contrato con el Consorcio PV Avenida Jiménez por un mes más.

El pasado 25 de julio venció el plazo contratado con el Consorcio para la construcción de la peatonalización de la carrera Séptima, por lo que el Distrito aseguró que realizó la concesión, aduciendo a que se garantice la entrega de la obra en óptimas condiciones  asegurando también un seguimiento continuo en la ejecución de esta obra.

A la fecha, el avance general de las obras entre la calle 13 y la 10, que debían estar culminadas para este 25 de julio, es del 80% ejecutado contra un 100% programado en el cronograma de actividades, aprobado por la Interventoría.

La Directora Técnica de Construcciones de la entidad, Carolina Barbanti, explicó que la prórroga no generará ningún costo adicional a la ciudad y que fue autorizada para culminar los trabajos de la museografía, además de la ejecución de la obra civil para el traslado de la placa de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la terminación de las obras de las intersecciones de la calle 12, calle 11 y calle 10.

“Continuaremos con un seguimiento minucioso para garantizar la terminación de la totalidad de las obras. Esta obra inicio a finales de agosto de 2014 y tiene en curso un proceso sancionatorio por un presunto incumplimiento, debido a que los retrasos en la entrega de las obras persisten”, indicó la Directora Técnica.

Según el Distrito, este proyecto demanda una inversión total de 15.897 millones de pesos, discriminados en $14.446 millones para las obras civiles y $1.446 millones en la interventoría a cargo de la firma MAB Ingeniería de Valor S.A.

La obra buscará beneficiar a los habitantes y peatones de la zona, quienes podrían acceder a los sistemas de transporte disponibles, incluyendo la ciclorruta; además, la peatonalización espera mejorar la movilidad del centro de la ciudad con la disminución en los tiempos de desplazamiento, e incrementando la productividad de los ciudadanos que trabajan en este sector.

Por otra parte, el IDU indicó que se impusieron sanciones al Consorcio PV Avenida Jiménez, que se confirmó el 11 de mayo con la Resolución 32152 por una cuantía de 112 millones de pesos. La sanción se basó en que el contratista no cumplió con la entrega de las obras en el tramo comprendido entre las calles 13 y 12C, y de la 12C a la calle 12B, costado occidental.

A su turno, Lucia Bastidas, concejal del Partido Alianza Verde, se mostró contrariada con los costos que expuso el Distrito, asegurando que la obra comenzó en $ 10.357’818.183 va en $ 14.451.056.978, sin contar el costo de la interventoría y aseguró que la explicación de que las demoras obedecen a que se trata de una zona antigua e histórica no son convincentes.

‘‘¿Para qué son los estudios, sino para identificar las características de la zona que se va a intervenir y el tipo de obras que se va a realizar? ¿Se enteró el IDU que la zona es histórica y que tiene redes antiguas y que podría encontrar reliquias arquitectónicas solo después de firmar el contrato?’’, concluyó la cabildante.

Debido a las circunstancias actuales del proyecto de peatonalización de la Carrera Séptima en el centro de Bogotá y por solicitud del contratista e interventor, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aceptó prorrogar el contrato con el Consorcio PV Avenida Jiménez por un mes más.

El pasado 25 de julio venció el plazo contratado con el Consorcio para la construcción de la peatonalización de la carrera Séptima, por lo que el Distrito aseguró que realizó la concesión, aduciendo a que se garantice la entrega de la obra en óptimas condiciones  asegurando también un seguimiento continuo en la ejecución de esta obra.

A la fecha, el avance general de las obras entre la calle 13 y la 10, que debían estar culminadas para este 25 de julio, es del 80% ejecutado contra un 100% programado en el cronograma de actividades, aprobado por la Interventoría.

La Directora Técnica de Construcciones de la entidad, Carolina Barbanti, explicó que la prórroga no generará ningún costo adicional a la ciudad y que fue autorizada para culminar los trabajos de la museografía, además de la ejecución de la obra civil para el traslado de la placa de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la terminación de las obras de las intersecciones de la calle 12, calle 11 y calle 10.

“Continuaremos con un seguimiento minucioso para garantizar la terminación de la totalidad de las obras. Esta obra inicio a finales de agosto de 2014 y tiene en curso un proceso sancionatorio por un presunto incumplimiento, debido a que los retrasos en la entrega de las obras persisten”, indicó la Directora Técnica.

Según el Distrito, este proyecto demanda una inversión total de 15.897 millones de pesos, discriminados en $14.446 millones para las obras civiles y $1.446 millones en la interventoría a cargo de la firma MAB Ingeniería de Valor S.A.

La obra buscará beneficiar a los habitantes y peatones de la zona, quienes podrían acceder a los sistemas de transporte disponibles, incluyendo la ciclorruta; además, la peatonalización espera mejorar la movilidad del centro de la ciudad con la disminución en los tiempos de desplazamiento, e incrementando la productividad de los ciudadanos que trabajan en este sector.

Por otra parte, el IDU indicó que se impusieron sanciones al Consorcio PV Avenida Jiménez, que se confirmó el 11 de mayo con la Resolución 32152 por una cuantía de 112 millones de pesos. La sanción se basó en que el contratista no cumplió con la entrega de las obras en el tramo comprendido entre las calles 13 y 12C, y de la 12C a la calle 12B, costado occidental.

A su turno, Lucia Bastidas, concejal del Partido Alianza Verde, se mostró contrariada con los costos que expuso el Distrito, asegurando que la obra comenzó en $ 10.357’818.183 va en $ 14.451.056.978, sin contar el costo de la interventoría y aseguró que la explicación de que las demoras obedecen a que se trata de una zona antigua e histórica no son convincentes.

‘‘¿Para qué son los estudios, sino para identificar las características de la zona que se va a intervenir y el tipo de obras que se va a realizar? ¿Se enteró el IDU que la zona es histórica y que tiene redes antiguas y que podría encontrar reliquias arquitectónicas solo después de firmar el contrato?’’, concluyó la cabildante.