Impunidad

El primer funcionario judicial que se hizo cargo de las averiguaciones por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán fue el juez 1º permanente central Pablo Navia Carvajal. Concluida la autopsia del caudillo en la Clínica Central, el funcionario recaudó los testimonios de los dragoneantes Carlos Jiménez Díaz y Efraín Silva González, quienes alcanzaron a retener al homicida antes de que la turba lo linchara, y recibió además dos pruebas esenciales para el expediente: el informe médico sobre las causas de la muerte de Gaitán y el revólver Smith & Wesson calibre 32 con cacha de nácar que usó Juan Roa Sierra para el crimen.

Como el gobierno Ospina ordenó que el caso debía tener un investigador especial, fue designado el penalista Luis Eduardo Gacharná, pero el jurista no aceptó argumentando su condición de gaitanista. En su reemplazo fue nombrado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Jordán Jiménez, quien el 21 de abril de 1948 dispuso la práctica de numerosas pruebas y orientó la investigación hacia el sujeto César Bernal Cordobés, quien no sólo fue visto en compañía de Roa Sierra en los minutos previos al crimen, sino que días antes había acudido a la oficina de Gaitán a pedir una audiencia a nombre de Juan Roa.

De estas pesquisas no quedó nada valioso, César Bernal Cordobés fue declarado loco y terminó en el asilo de Sibaté.  Y mientras el magistrado Jordán Jiménez exploraba otras hipótesis, el canciller Eduardo Zuleta Ángel salió con la idea de contratar detectives del Scotland Yard de Inglaterra y, en junio de 1948, se sumaron al equipo de investigadores sir Norman Smith, Peter Beveridge y Albert Tamsill. Al magistrado Ricardo Jordán Jiménez no le gustó mucho el aporte británico, pero tampoco se opuso cuando un mes más tarde los detectives ingleses concluyeron que Juan Roa Sierra había obrado solo a la hora del magnicidio.

Cuento de Laureano

Según Laureano Gómez, en marzo de 1948 habían llegado a Bogotá varios terroristas para sabotear la IX Conferencia Panamericana y atentar contra el general Marshall y, para desestabilizar al país, habían asesinado a Gaitán. Y no se quedó con esta acusación, también señaló al extinto líder de haber recibido dineros de la legación soviética utilizando como intermediario al escritor Antonio García. El reconocido intelectual fue llamado a declarar y sólo se concluyó que se trataba de un ferviente gaitanista. En cambio Laureano Gómez convirtió sus señalamientos en parte del discurso de la campaña que lo llevó a la Presidencia en 1950.

Desde entonces, en medio de un país azotado por la violencia partidista, los investigadores comenzaron a dar tumbos especulando con siete hipótesis: la presunta autoría intelectual del comunismo, las gestiones en Bogotá de los líderes cubanos Fidel Castro y Rafael del Pino, el interés de la Policía con matices políticos para deshacerse del caudillo, la versión de que el dirigente Plinio Mendoza Neira había conspirado contra Gaitán por rencillas personales, las acusaciones contra Álvaro Gómez Hurtado esbozadas por un ex gobernador del Chocó, la presunción de que el magnicidio había sido una conjura política y la tesis de que Juan Roa Sierra había obrado solo.

Ninguna de las hipótesis se comprobó procesalmente y tras varios años de olvido, el 21 de mayo de 1959, el expediente llegó al despacho del juez Ricardo Medina Moyano, quien a su vez comisionó a su colega Teobaldo Avendaño para que practicara otras pruebas. Entre ellas, la exhumación del cadáver de Gaitán, diligencia que se realizó en junio de 1960 y que escasamente sirvió para probar que las tres balas que segaron la vida del dirigente liberal habían sido disparadas desde el mismo revólver. Por eso volvió a cobrar importancia la conclusión de los detectives del Scotland Yard, es decir, que Juan Roa Sierra había sido el único verdugo.

El caso volvió a caer en el ostracismo y el expediente a pasar de despacho en despacho, hasta que la juez 8a. superior de Bogotá Gloria Hincapié tomó la decisión que nadie se atrevía, pero era un hecho inevitable: declaró extinguida la acción penal por la muerte del único responsable del crimen, el mismísimo y exótico Juan Roa Sierra. La parte civil apeló buscando que el capítulo Gaitán no quedara cerrado y el proceso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, donde una sala integrada por los magistrados Pantaleón Mejía, Jorge Ortiz y Dídimo Páez, en decisión adoptada en abril de 1978, confirmó plenamente la extinción de la investigación judicial.

Fueron 30 años de inútiles pesquisas para llegar a la misma evidencia de la cual partió la investigación en la tarde del viernes 9 de abril de 1948: el desequilibrado Roa Sierra fue el único asesino. No obstante, 60 años después del magnicidio, en la memoria colombiana aún pesa la sensación de que la impunidad fue la única triunfante. Y prueba de que muchos eslabones quedaron ocultos fue el comentario que hizo a la Policía el empleado de la droguería donde intentó refugiarse el asesino. Declaración del particular Elías Quesada, quien tras indagar a Roa Sierra por los motivos de su acción recibió como respuesta con expresión resignada: “Ay señor, cosas poderosas que no le puedo decir”.