Imputan cargos a presuntos responsables de atentado en Escuela General Santander
Los ocho implicados, que según la Fiscalía harían parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, fueron capturados el pasado 2 de julio.
Tras la captura de ocho personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución en el atentado criminal que se perpetró el pasado 17 de enero de 2019, en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander, este lunes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos que permitió la judicialización de los implicados.
>>>Lea: Capturan a ocho personas que estarían involucradas en atentado en Escuela General Santander
El material probatorio obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los procesados harían parte de dos estructuras del ELN, el Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana, y que cumplieron distintos roles en el ataque que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas en el atentado.
Se trata de Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús; Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín; Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco; Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño; Anyi Daniela Martínez, alias Dani; Jessica Catherine Barrientos; Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas.
>>>Lea: Atentado a la General Santander: abren investigación disciplinaria a generales de la Policía
Por un lado, se imputaron cargos por el delito de terrorismo y homicidio en persona protegida en grado de tentativa a alias Jesús o Barbas, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central (COCE) del ELN para planificar el ataque. Además, la investigación también lo involucra en la detonación de artefactos explosivos contra dos sedes de Porvenir en Bogotá (Calle 72 y Puente Aranda) en julio de 2015.
Alias Maco, señalada de acompañar en motocicleta el carrobomba activado en la Escuela, fue imputada por homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, actos de terrorismo y rebelión. En su contra hay elementos que la vincularían directamente al denominado Frente Urbano Nacional y de participar en algunas reuniones realizadas por el ELN en Venezuela. En su compañía habría estado alias Marín, imputado por el delito de actos de terrorismo.
Alias Jessica fue imputada como presunta responsable de los delitos de financiación al terrorismo y actos de terrorismo, y rebelión, y sería integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. A alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, se le imputaron los delitos de financiación al terrorismo, rebelión y actos de terrorismo, ya que, al parecer, sus empresas habrían servido para financiar la acción criminal.
En este orden de ideas, ‘Jesús’ o ‘Barbas’, ‘Maco’, ‘Jessica’ y ‘Toño’ fueron enviados a la cárcel, mientras que alias Marín fue cobijado con detención domiciliaria en atención a su edad y una condición especial de salud.
Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a tres personas que harían parte de una red criminal del ELN, señalada de blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas y financiar acciones terroristas como la de la Escuela de Cadetes General Santander. Se trata de Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, conocidos como ‘Carlitos’ y ‘Sebas’, respectivamente, quienes fueron enviados a la cárcel por, presuntamente, haber sido los encargados de dirigir comercializadoras de derivados lácteos que, al parecer, sirvieron de fachada para legalizar dineros del Frente Oriental de Guerra del ELN.
Los dineros obtenidos, al parecer, fueron usados para comprar material de intendencia y armas que transportaban en vehículos refrigerados. Alias Carlitos fue imputado por enriquecimiento ilícito y alias Sebas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Las pesquisas del caso también permitieron determina que los dos procesados son hermanos de Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, capturado en mayo del año pasado y condenado en diciembre pasado, a más de ocho años de prisión por rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, empleada de la empresa de lácteos llamada El Arauqueño, habría manejado durante ocho años millonarias sumas de dinero sin una clara procedencia, ya que se le atribuye una transferencia de 1.500 millones de pesos a la estructura del ELN, que ejecutó el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y fue cobijada con detención domiciliaria, en atención de una enfermedad que padece y requiere tratamiento médico especializado.
Tras la captura de ocho personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución en el atentado criminal que se perpetró el pasado 17 de enero de 2019, en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander, este lunes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos que permitió la judicialización de los implicados.
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El material probatorio obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los procesados harían parte de dos estructuras del ELN, el Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana, y que cumplieron distintos roles en el ataque que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas en el atentado.
Se trata de Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús; Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín; Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco; Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño; Anyi Daniela Martínez, alias Dani; Jessica Catherine Barrientos; Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas.
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Por un lado, se imputaron cargos por el delito de terrorismo y homicidio en persona protegida en grado de tentativa a alias Jesús o Barbas, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central (COCE) del ELN para planificar el ataque. Además, la investigación también lo involucra en la detonación de artefactos explosivos contra dos sedes de Porvenir en Bogotá (Calle 72 y Puente Aranda) en julio de 2015.
Alias Maco, señalada de acompañar en motocicleta el carrobomba activado en la Escuela, fue imputada por homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, actos de terrorismo y rebelión. En su contra hay elementos que la vincularían directamente al denominado Frente Urbano Nacional y de participar en algunas reuniones realizadas por el ELN en Venezuela. En su compañía habría estado alias Marín, imputado por el delito de actos de terrorismo.
Alias Jessica fue imputada como presunta responsable de los delitos de financiación al terrorismo y actos de terrorismo, y rebelión, y sería integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. A alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, se le imputaron los delitos de financiación al terrorismo, rebelión y actos de terrorismo, ya que, al parecer, sus empresas habrían servido para financiar la acción criminal.
En este orden de ideas, ‘Jesús’ o ‘Barbas’, ‘Maco’, ‘Jessica’ y ‘Toño’ fueron enviados a la cárcel, mientras que alias Marín fue cobijado con detención domiciliaria en atención a su edad y una condición especial de salud.
Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a tres personas que harían parte de una red criminal del ELN, señalada de blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas y financiar acciones terroristas como la de la Escuela de Cadetes General Santander. Se trata de Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, conocidos como ‘Carlitos’ y ‘Sebas’, respectivamente, quienes fueron enviados a la cárcel por, presuntamente, haber sido los encargados de dirigir comercializadoras de derivados lácteos que, al parecer, sirvieron de fachada para legalizar dineros del Frente Oriental de Guerra del ELN.
Los dineros obtenidos, al parecer, fueron usados para comprar material de intendencia y armas que transportaban en vehículos refrigerados. Alias Carlitos fue imputado por enriquecimiento ilícito y alias Sebas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Las pesquisas del caso también permitieron determina que los dos procesados son hermanos de Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, capturado en mayo del año pasado y condenado en diciembre pasado, a más de ocho años de prisión por rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, empleada de la empresa de lácteos llamada El Arauqueño, habría manejado durante ocho años millonarias sumas de dinero sin una clara procedencia, ya que se le atribuye una transferencia de 1.500 millones de pesos a la estructura del ELN, que ejecutó el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y fue cobijada con detención domiciliaria, en atención de una enfermedad que padece y requiere tratamiento médico especializado.