En un nuevo capítulo de la novela del relleno sanitario Doña Juana, la Procuraduría General imputará cargos, el 4 de abril en audiencia pública, a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Miriam Martínez, por presuntas irregularidades en la adjudicación del millonario contrato para operar esa planta.
En el pliego de cargos de 45 páginas, conocido por El Espectador, el Ministerio Público endilga a Martínez y a otros cinco funcionarios de esa entidad el cargo de falsedad en documento público.
Gerardo Enrique Cuenca Melo, director operativo; María Elena Taborda Alayón, directora jurídica; y los asesores externos Benjamín Herrera Barbosa, Masazumi Alejandro Chávez Watanare y Luis Augusto Cabrera Leal serán escuchados por la Procuraduría. Todos conformaban el comité técnico evaluador de la licitación por $230 mil millones.
Según el documento, los funcionarios tendrán que dar explicaciones por, presuntamente, haber consignado en el acta de adjudicación de la licitación —efectuada el 14 de septiembre de 2010— información falsa. De acuerdo con la Procuraduría, en dicha acta, presentada por la directora de la Uaesp, se afirmó que la oferta económica del consorcio brasileño CGR (que a la postre resultó ganador) fue verificada por el comité evaluador, situación que no pudo ser comprobada en la investigación del proceso disciplinario.
El pliego de cargos señala al respecto que, “de acuerdo con lo que evidencian las grabaciones de lo ocurrido en la audiencia, la propuesta económica presentada por la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana nunca fue verificada ni evaluada por el Comité Asesor y Evaluador de la Licitación Pública 001 de 2010, como se indicó en el acta de la audiencia de adjudicación; por consiguiente, al parecer y de conformidad con lo que indican las pruebas hasta ahora obrantes en el proceso, se consignó en dicho documento una información que no corresponde a la realidad de lo ocurrido durante la audiencia pública”.
Martínez sostuvo a este diario que la adjudicación de la licitación se dio dentro del marco legal, que nunca hubo falsedad y que así lo demostrará. También negó que la procuradora María Eugenia Carreño le hubiera solicitado aplazar el proceso, pues según afirmó, lo único que le pidió fue suspenderlo mientras se solucionaba el tema de la manipulación de los sobres.
La Procuraduría indica que durante el proceso licitatorio se desconoció el principio de moralidad, ya que se obró en forma contraria al consignar una información carente de verdad.
El día que se adjudicó la licitación, los tres consorcios que estaban en la puja por el negocio protagonizaron una pelea porque, al parecer, los sobres secretos que contenían las propuestas económicas de los oferentes fueron manipulados.
Seis meses después, la Procuraduría encontró a través de 18 elementos probatorios, como informes realizados por funcionarios y grabaciones de la audiencia pública, entre otros, que Martínez vulneró, presuntamente, los principios que rigen la función administrativa, especialmente “los de legalidad, publicidad, buena fe y moralidad, así como los de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal”.
“Es claro que la doctora Miriam Martínez, al momento de desplegar su conducta, sabía que su comportamiento era constitutivo de falta disciplinaria, porque no sólo omitió cumplir con las reglas de la licitación, sino que consignó en el acta que el comité evaluador había verificado la referida propuesta económica, hecho que no corresponde a la verdad histórica de lo ocurrido durante la audiencia, lo cual le constaba en forma personal y directa”, concluye la Procuraduría.
De comprobarse el delito de falsedad en documento público, los funcionarios podrían pagar de cinco a doce años de cárcel. Asimismo, quedarían inhabilitados para ejercer cargos públicos por un período máximo de 15 años.
Martínez, además, deberá responder por no haber otorgado, el día de la adjudicación, tiempo a los oferentes para controvertir las propuestas económicas.
Sin contar detalles de lo que será su defensa, Martínez aseguró que pase lo que pase el consorcio brasileño seguirá con el manejo del relleno.
Por Paula Castillo Lenis
