La estrategia del actual gobierno nacional es notoria: marchitar el sector empresarial que además corresponde a quienes tienen la más importante carga tributaria para obtener recursos que permitan al Estado procurar las atenciones públicas sociales. El objetivo: estatalizar esa participación privada.
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No existe sector productivo que el presidente Gustavo Petro no quiera intervenir y decirle a los empresarios cómo deben desarrollar su labor empresarial, lo que resulta, por decirlo menos, paradójico, cuando el presidente en toda su vida únicamente ha sido guerrillero y burócrata. Nunca ha generado un empleo y producido utilidades que contribuyan fiscalmente a la sostenibilidad del Estado para cumplir con sus fines sociales constitucionales.
Olvida el presidente que en Colombia la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Dentro de los límites del bien común (Art. 333 C.N.) y que, por ejemplo, en materia de servicios públicos, dentro de los que se hallan los domiciliarios (energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo) cuando el Estado considere que por razones de soberanía o de interés social deba reservarse su prestación, únicamente lo puede hacer declarándolo así mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara. Previa y plena indemnización a las personas que, en virtud de esta ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (Art. 365 C.N.)
En la mira del mandatario siempre han estado los servicios públicos con especial fijación en los domiciliarios de aseo (los bogotanos recordarán el desastre que generó el “esquema Petro” cuando fuera alcalde) y, más recientemente, el de energía eléctrica. Ojalá no pese en ello su animadversión contra los empresarios del servicio de aseo, quienes algunos también prestan el servicio de energía eléctrica como sucede en la Región Caribe. Lo digo porque de lo que conozco del presidente, todo se lo toma personal.
El sector eléctrico y, por ende, el empresariado vinculado a este, en el que se advierten empresas de naturaleza privada y pública, ha sido acusado irresponsablemente por este gobierno de cobrar tarifas abusivas e incluso de estar distrayendo (ilegalmente, claro) los recursos públicos previstos para subsidiar a los usuarios de menores ingresos.
A partir de esa falaz narrativa, el gobierno del presidente Petro a la cabeza del propio mandatario como de la entonces ministra de minas y quien ahora funge como ministro, hablan de la necesidad de intervenir el sector y las tarifas. Aplaudidos por el inexperto Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Así, han logrado satanizar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como si se tratara de un organismo ajeno al gobierno y del que ellos mismos hacen parte y manejan a su antojo.
Lo que nos les gusta de la CREG es que, legalmente, está llamada a tener técnicos (Expertos Comisionados) que actúen con rigurosidad y experticia, por eso es que mantienen en interinidad a unos funcionarios públicos en calidad de encargo, sometidos a la presión política y burocrática del momento, mientras las decisiones inmediatas que requiere el sector para evitar un apagón no hay quien las adopte responsablemente.
Esta reprochable actitud gubernamental del sector de energía y gas está notoriamente dirigida a marchitar la operatividad de un sector que desde la crisis de comienzos de 1990 ha venido siendo manejado por expertos con rigor técnico, con los que, además, notoriamente el actual gobierno no cuenta, porque se halla rodeado de simples activistas ideológicos, incapaces de formular solución alguna frente al apagón que advierten públicamente varios exministros de minas y la Procuraduría General de la Nación.
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