Bogotá

14 Jun 2019 - 1:33 p. m.

Incautan 148 animales silvestres muertos listos para ser comercializados en Bogotá

Estos hallazgos en las localidades de Santa Fe y Suba fueron posibles gracias a las denuncias por parte de la comunidad y las acciones de seguimiento de la autoridad ambiental.

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com

Durante varios operativos simultáneos en el centro y occidente de la capital, se logró la incautación de 148 animales muertos que habían sido ingresados a la cadena de comercialización ilegal de fauna silvestre en Bogotá.  
 
Después de varios meses de investigación y seguimiento, además de recibir varias denuncias por parte de la comunidad, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Ambiental y Ecológica, lograron incautar en dos locales del centro comercial Veracruz, 64 fragmentos de animales silvestres.
 
En los establecimientos, ubicado en la localidad de Santa Fe, estaban almacenados cuatro caparazones de armadillo, una pata de venado, 47 conchas marinas, dos pieles de cánidos mamíferos, tres caparazones de tortugas, un fragmento de boa, una estrella de mar y cinco fragmentos de piel de babilla.
 
Mientras que en la localidad de Suba, se logró la incautación de 83 insectos y un arácnido. Los especímenes, que hacen parte de la biodiversidad colombiana, estaban siendo tenidos ilegalmente y comercializados en una papelería que funcionaba como fachada para el tráfico de estos especímenes.
 
Al momento de las pesquisas los trabajadores de este establecimiento no contaban con los respectivos permisos que validaran la tenencia de los animales y reconocieron que los venían comercializando debido a la alta demanda de estudiantes de colegio de este sector que los compran para diferentes trabajos académicos. Los insectos eran vendidos en un valor de $500 cada uno.
 
La Alcaldía hizo un llamado a toda la ciudadanía para que se abstengan de tener o comercializar animales silvestres y para que denuncie cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo la biodiversidad colombiana.

Recordó que estas conductas están tipificadas como un delito ambiental, por lo que la Secretaría de Ambiente iniciará los respectivos procesos sancionatorios cuyas multas pueden llegar hasta los $3.600 millones como lo establece la Ley 1333 de 2009.

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