Inhabilitan por 10 años a la exdirectora de Patrimonio Cultural de Bogotá
La Personería de Bogotá halló irregularidades en la celebración de un contrato suscrito por María Eugenia Martínez para producir un video institucional. La sanción fue proferida en primera instancia.
Redacción Bogotá
Por irregularidades en la celebración de un contrato, la Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio durante la administración del exalcalde Gustavo Petro.
Según determinó el ente de control, Martínez suscribió un contrato con la sociedad Ziggurat Records SAS para la realización de un video institucional; sin embargo, esta organización no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones: contar con una persona jurídica de mínimo tres años.
“Esta firma no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el pliego de condiciones del Instituto, vulnerando de esta manera el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993”, explicó el organismo.
La sanción –proferida en primera instancia– afecta también a la entonces asesora jurídica del Instituto Distrital de Patrimonio, Patricia Vélez Fernández.
Contra la decisión procede el recurso de apelación, el cual será resuelto en segunda instancia por la personera de Bogotá, María Teresa Castañeda.
Por irregularidades en la celebración de un contrato, la Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio durante la administración del exalcalde Gustavo Petro.
Según determinó el ente de control, Martínez suscribió un contrato con la sociedad Ziggurat Records SAS para la realización de un video institucional; sin embargo, esta organización no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones: contar con una persona jurídica de mínimo tres años.
“Esta firma no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el pliego de condiciones del Instituto, vulnerando de esta manera el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993”, explicó el organismo.
La sanción –proferida en primera instancia– afecta también a la entonces asesora jurídica del Instituto Distrital de Patrimonio, Patricia Vélez Fernández.
Contra la decisión procede el recurso de apelación, el cual será resuelto en segunda instancia por la personera de Bogotá, María Teresa Castañeda.