En primera instancia, la Personería de Bogotá inhabilitó por doce años a Néstor García Buitrago, exsecretario de Ambiente y al exalcalde local de La Candelaria, Edilberto Guerrero Ramos por contratar de manera directa, a través de un convenio de asociación con la Fundación Alma, por más de $543 millones, el servicio de recuperación integral en el río San Francisco y las quebradas Padre de Jesús, Mochón del Diablo y San Bruno, que debían adjudicar por medio de una convocatoria pública.
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Para el contrato, celebrado y ejecutado entre 2013 y 2014, la Secretaría de Ambiente de la administración de Gustavo Petro aportó $294 millones, la Alcaldía de La Candelaria $200 millones y la Fundación Alma $49 millones. El ente de control encontró que el convenio fue prorrogado durante su ejecución, por 45 días y luego se extendió a tres meses más. Además, fue adicionado por un monto de más de $161 millones.
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De acuerdo con el fallo, la figura del convenio de asociación sólo debe ser utilizada de manera excepcional y especial para que un particular, que tiene toda la experiencia, infraestructura y capacidad, pueda realizar actividades relacionadas con el cometido y funciones de la entidad pública.
Según la personera Carmen Teresa Castañeda, en este proceso se demostró que debió ser adjudicado a través de una convocatoria pública y "se eludieron los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal".
Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación de los exfuncionarios, el cual será resuelto por la Personería de Bogotá en segunda instancia.
Por -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
