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Bogotá continúa enfrentando uno de los mayores retos del sistema carcelario y de detención transitoria del país. En medio de la crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que, desde julio de 2024 hasta mayo de 2026, ha recibido 11.237 personas privadas de la libertad provenientes de estaciones de la Policía Metropolitana y de la Cárcel Distrital de Bogotá.
La medida hace parte del cumplimiento del Auto 1096 de la Corte Constitucional, mediante el cual se ordenaron acciones urgentes para descongestionar los centros de detención transitorios, históricamente cuestionados por las condiciones de hacinamiento y permanencia prolongada de detenidos.
Según el balance entregado por el INPEC, de las más de 11.000 personas trasladadas en Bogotá, 5.618 corresponden a condenados y 5.619 a sindicados.
La Modelo, La Picota y El Buen Pastor recibieron los traslados
De acuerdo con el informe oficial, las personas privadas de la libertad fueron distribuidas entre la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad La Picota y la cárcel El Buen Pastor.
La Regional Central del INPEC aseguró que ha mantenido jornadas permanentes de coordinación con la Policía Metropolitana y autoridades judiciales para avanzar en la recepción masiva de detenidos provenientes de estaciones y URI de la capital.
A nivel nacional, el Instituto reportó la recepción de 74.751 personas privadas de la libertad desde el 29 de julio de 2024. De ese total, 31.698 tienen sentencia condenatoria, equivalentes al 42,4 %, mientras que 43.053 permanecen en calidad de sindicados, es decir, el 57,6 %.
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Un promedio de 174 traslados diarios
El INPEC aseguró que actualmente recibe en promedio 174 personas privadas de la libertad al día en todo el país, lo que equivale a cerca de 868 traslados semanales y 3.470 mensuales.
Según la entidad, estas acciones han permitido una descongestión masiva de centros de detención transitorios y hacen parte de la estrategia para enfrentar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional frente al sistema penitenciario y carcelario.
En paralelo, el Instituto anunció nuevas mesas de trabajo interinstitucionales ordenadas por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional mediante el Auto 526 de 2026.
Estas jornadas buscarán coordinar cronogramas para facilitar la plena identificación de las personas privadas de la libertad que permanecen en URI y estaciones de Policía, y así agilizar sus traslados a establecimientos penitenciarios administrados por el INPEC.
Bogotá, entre el hacinamiento y la mejora en indicadores de seguridad
El panorama coincide con un momento en el que Bogotá reporta una reducción en varios delitos de alto impacto durante el primer bimestre de 2026.
Según cifras oficiales, el homicidio cayó 12,5 %, mientras que delitos como el hurto a personas disminuyeron 38,3 %. También se reportaron reducciones en extorsión (-85 %), secuestro (-92 %), hurto a comercio (-74,8 %), delitos sexuales (-49,7 %) y violencia intrafamiliar (-29 %).
Además, las autoridades reportaron 34.251 capturas durante 2025, el impacto a 583 organizaciones criminales y la recuperación de más de 1.000 vehículos y 1.300 motocicletas.
La administración distrital también aseguró que el hacinamiento en centros de detención transitoria pasó de 172 % en agosto de 2024 a 52,7 % en marzo de 2026, en parte gracias a los traslados realizados por el INPEC hacia cárceles del país.
Pese a ello, organismos de derechos humanos y autoridades reconocen que la congestión en URI y estaciones de Policía sigue siendo uno de los principales desafíos en Bogotá y otras regiones del país.
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