La obra que solucionaría el insoportable trancón de la calle 80, así como otros proyectos que apuntan a impactar la movilidad regional (especialmente al sur de Bogotá), tal parece, que no se harán pronto. Esto, como resultado del Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, que emitió el gobierno de Gustavo Petro, a través del cual aplaza trasferencias por $12 billones para proyectos estratégicos en todo el país.
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La disposición no solo generó una tormenta por poner en vilo los recursos para grandes obras como el Metro, el Regiotram de Occidente y la troncal de la Calle 13. También, por poner otras obras que interesan, por su urgencia, a los socios de la Región Metropolitana, integrada (de momento) por Soacha, Bogotá y Cundinamarca.
El decreto de la discordia, vale señalar, no fue sorpresa, se venía venir con el hundimiento de la Ley de Financiamiento. Y lo había anunciado a comienzos de enero el recién posesionado ministro de Hacienda, Diego Guevara, luego de que las comisiones económicas de la Cámara y el Senado no aprobaron, al término de la pasada legislatura, el Presupuesto General de la Nación, por $523 billones y entre los que estaban $12 billones, ligados a la fracasada Ley.
Aun así, las reacciones de sorpresa e indignación no se hicieron esperar. En especial de los responsables de los grandes proyectos de movilidad para la región, que dependen en gran medida de los recursos de la Nación. Primero fue el alcalde Carlos Fernando Galán, con el Metro, y luego el gobernador Jorge Rey, con el Regiotram. Ambos, tras criticar al Gobierno, calmaron las aguas al decir que, por ahora, se encargarán de tapar este año el hueco financiero, mientras se define a ciencia cierta el futuro de las transferencias aplazadas. Pero esta suerte, parece, no la tendrán todos los proyectos de movilidad en la Sabana, que gestiona la naciente Región Metropolitana y que son su carta para demostrar la utilidad del esquema asociativo.
Proyectos en el limbo
Tras conocer el decreto y sus implicaciones, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) informó que realizará un análisis de prioridades. Barajará los proyectos para “honrar los compromisos en el marco de contratos ya suscritos, en función de los recursos disponibles” en vista de que el aplazamiento remueve los cronogramas de algunas obras. Y en esta evaluación la RMBC aplazará inversiones clave.
“Teniendo en cuenta que la Nación dejará de transferir $86.800 millones, quedan en el limbo proyectos como el intercambiador de la Calle 80, que apunta a desembotellar la salida por este corredor al occidente Bogotá y a mejorar la vida de más de 250.000 personas de manera directa y a unas 800.000 de manera indirecta”, señaló la RMBC. Cabe notar que esta obra fue la punta de lanza del proyecto regional, que no ha logrado sumar más socios y necesita demostrar que puede sacar adelante obras que beneficien al departamento.
En esta misma línea, el aplazamiento de los recursos retrasa, según la RMBC, la construcción del puente sobre el Canal Tibanica, que favorecería a 200.000 habitantes de Ciudad Verde (Soacha) y que ofrece una nueva conexión entre Soacha y Bogotá, en otro intento por descongestionar la autopista Sur. “La imposibilidad de hacer este puente deja en vilo también la extensión de Transmilenio hasta Soacha (Fase IV)”.
Para sumar a las preocupaciones de la RGMBC, la situación también golpea su cronograma para los estudios y la estructuración integral de la Línea 3 del Metro, que iniciará en Soacha. Y en términos de seguridad alimentaria, no se podrá adelantar el programa ‘Compramos tu cosecha’, el cual busca eliminar intermediarios y ofrecer precios justos a los agricultores.
María Carolina Castillo, presidente de Probogotá Región, señaló que la decisión de la Nación significa un “castigo para los bogotanos”. “¿Cuál será el sobrecosto para el Banco Mundial, para financiar la política de infraestructura? Petro se castiga a sí mismo y a su propia política de financiación al sistema ferroviario de la Nación”.
Desde instancias políticas de la ciudad, también llueven críticas. No obstante, la bancada de oposición ve el contexto nacional financiero como una consecuencia de la discusión política detrás de la emisión del decreto. Heidy Sánchez (Pacto Histórico), por ejemplo, indicó que “las trabas políticas y la gran guerra mediática que le han hecho al Gobierno del Cambio, encabezado por Gustavo Petro, han sido para obstaculizar su actuar”.
Incluso, destaca, que “todo ha resultado ser un constante saboteo de la gestión, para después atacar las decisiones que se toman y no permitir avanzar en este Gobierno. Por ende, se expide el Decreto 0069 de 2025, el cual aplaza las obligaciones adquiridas para la ejecución de varias mega obras, incluyendo algunas de la ciudad de Bogotá”.
Ante los comentarios de la recién nombrada ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, quien afirmó en Blu Radio que el alcalde Galán sabía de la incómoda situación financiera del Gobierno, el alcalde de Bogotá recalcó: “Claro que estábamos informados sobre el problema del Gobierno Nacional con el presupuesto. De hecho, tuvimos varias reuniones en las que buscamos fórmulas que funcionaran para ambas partes. Sin embargo, nunca hubo un acuerdo sobre el aplazamiento. La expedición de ese decreto no se nos informó y nos enteramos por los medios”.
“Es claro que un aplazamiento no equivale, necesariamente, a un recorte, pero a hoy, no tenemos información suficiente sobre ese aplazamiento. Le pregunto: ¿cuándo aportará entonces el Gobierno los recursos para el Metro y los otros proyectos?”, preguntó el mandatario distrital.
La respuesta de Petro
El presidente no tardó en manifestarse a través de un largo trino en su cuenta de X en el que entregó su explicación de lo que hay y podría venir con el decreto en cuestión. Primero se refirió a sus comunicaciones con el alcalde Galán: “Yo hablé personalmente con el alcalde de Bogotá sobre nuestra política de aplazamiento de gasto nacional en Bogotá, dada la negativa de las comisiones económicas en financiar el presupuesto del año 2025. Le expliqué que en el caso del metro de Bogotá simplemente estamos cumpliendo el convenio firmado entre Santos y Peñalosa”.
Adhirió el primer mandatario que no daría “Ni una palabra más ni una palabra menos”. Luego siguió: “En el convenio se habla de dos pagos semestrales con un porcentaje determinado de la nación y otro del Distrito”. Adicional recordó que el gasto en el Regiotram de Occidente se aplazó “porque tiene un problema que hay que erradicar y es el tubo de conducción de gasolina Jet al aeropuerto. Si giramos el dinero ahora, quedará irremediablemente guardado en un banco”, escribió.
Para cerrar, Petro reconoció que hay un problema todas las partidas aplazadas: “si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte. La prioridad que me impuse fue no aplazar los recursos que generan la justicia social en Colombia y los derechos universales. No entiendo a congresistas y líderes políticos gritando contra el recorte, cuando ellos mismos votaron contra el financiamiento del presupuesto, contra sus regiones y contra su gente”, concluyó el mandatario. Por ahora, se mantiene la incertidumbre sobre lo que pasará con los recursos de estos proyectos, en el siguiente round de la reforma tributaria.
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Por Juan Camilo Parra
