Interventor de línea 123, ¿por fuera?

La nueva administración del Fondo de Vigilancia viene eliminando los obstáculos que le han impedido cumplir la orden del alcalde, Gustavo Petro, de seguir adelante, a toda costa y sin importar las advertencias, con el cuestionado convenio con la ETB para modernizar la línea 123. Primero le quitó la ordenación del gasto a un directivo que denunció las irregularidades y que se negó a girarle dinero a la Empresa de Teléfonos por la falta de claridad en las cuentas de cobro. Ahora busca liquidarle el contrato al interventor Infotic, que tampoco ha autorizado los giros por los incumplimientos en el cronograma. De cumplirse este paso, habrá luz verde para transferirle a la ETB los $27.500 millones que ordenó el alcalde.

Para darlo, la oficina jurídica del Fondo adelanta un proceso administrativo que busca terminar unilateralmente el convenio con Infotic, que se firmó hace un año para vigilar la modernización. Para la semana pasada estaba programada la audiencia en la que les notificarían oficialmente a los directivos de esa empresa el proceso. Sin embargo, en medio de un enfrentamiento entre los citantes y los citados, se aplazó la diligencia, atendiendo la solicitud del abogado de la interventoría, quien pidió citar también a la aseguradora. La diligencia será hoy, a partir de las 10:00 de la mañana.

La nueva citación se la envió Virgilio Hernández Castellanos, jefe de la oficina asesora jurídica del Fondo de Vigilancia, a Jaime Olbany Parra Segura, representante legal de Infotic, y a la aseguradora Confianza. Aunque no explica los hechos que motivan el proceso, es claro que nada tiene que ver con una declaratoria de incumplimiento ni del siniestro del contrato, sino de “una audiencia para ejercer su derecho de defensa y contradicción, para garantizar el debido proceso, ante una eventual terminación unilateral del contrato”.

Es decir, nada tiene que ver con faltas en el desarrollo del contrato de interventoría de la modernización de la línea 123, sino con denuncias ajenas, que podrían afectar el actual contrato. Según funcionarios del Fondo, se busca probar que Infotic está incurso en un posible conflicto de intereses.

El conflicto de intereses

Fuentes del Fondo de Vigilancia, que prefirieron mantener su nombre en reserva, explicaron que el conflicto de intereses que le quieren probar a Infotic para poner fin al contrato de interventoría tiene que ver con una denuncia que presentó en julio el concejal Javier Palacio, quien señaló que esta empresa, cuando firmó el convenio de interventoría, tenía otro contrato como proveedor con el mismo Fondo de Vigilancia, que consistía en la integración de las cámaras de seguridad privada con el sistema público de cámaras de la Policía.

El contrato de interventoría se firmó el 29 de octubre de 2014, por $1.560 millones. Sin embargo, el otro, por $3.274 millones, lo había firmado el 16 de septiembre. El argumento de la denuncia fue que, mientras ejecutaba el contrato de cámaras, a la vez vigilaba el millonario contrato de la línea 123, que, como sistema integrado de seguridad, es el usuario final de las cámaras de vigilancia.

Ante este proceso, fuentes de la interventoría señalaron que les parece absurdo que, pese a que fue el mismo Fondo el que hizo los estudios y adjudicó ambos contratos (sin encontrar en su momento incompatibilidades), ahora pretenda usarlo para liquidar el convenio de interventoría.

La tarea de la interventoría en el caso de la línea 123 es vigilar el cumplimiento del convenio y el manejo de los recursos públicos. Parece que el haber cumplido el objeto de su contrato lo convirtió en la “piedra en el zapato” para los planes de la administración. Ciertamente, gracias a sus informes se pusieron en evidencia los incumplimientos en la ejecución del contrato por parte de la ETB y, de cierta forma, reforzaron las denuncias que hicieron exdirectivos del Fondo de Vigilancia cuando hablaron de posible corrupción alrededor del convenio de modernización. Según personal de la interventoría, esto es lo que le está cobrando la administración.

Por ahora está claro que, en caso de que el Distrito finalmente liquide de forma unilateral el convenio con Infotic, es seguro que será una nueva demanda en contra de la ciudad. Este diario intentó hablar con la actual gerente del Fondo de Vigilancia, Fabiola Márquez Grisales, y con el representante legal de Infotic, Jaime Olbany Parra Segur, pero no pudo establecer comunicación.

La nueva administración del Fondo de Vigilancia viene eliminando los obstáculos que le han impedido cumplir la orden del alcalde, Gustavo Petro, de seguir adelante, a toda costa y sin importar las advertencias, con el cuestionado convenio con la ETB para modernizar la línea 123. Primero le quitó la ordenación del gasto a un directivo que denunció las irregularidades y que se negó a girarle dinero a la Empresa de Teléfonos por la falta de claridad en las cuentas de cobro. Ahora busca liquidarle el contrato al interventor Infotic, que tampoco ha autorizado los giros por los incumplimientos en el cronograma. De cumplirse este paso, habrá luz verde para transferirle a la ETB los $27.500 millones que ordenó el alcalde.

Para darlo, la oficina jurídica del Fondo adelanta un proceso administrativo que busca terminar unilateralmente el convenio con Infotic, que se firmó hace un año para vigilar la modernización. Para la semana pasada estaba programada la audiencia en la que les notificarían oficialmente a los directivos de esa empresa el proceso. Sin embargo, en medio de un enfrentamiento entre los citantes y los citados, se aplazó la diligencia, atendiendo la solicitud del abogado de la interventoría, quien pidió citar también a la aseguradora. La diligencia será hoy, a partir de las 10:00 de la mañana.

La nueva citación se la envió Virgilio Hernández Castellanos, jefe de la oficina asesora jurídica del Fondo de Vigilancia, a Jaime Olbany Parra Segura, representante legal de Infotic, y a la aseguradora Confianza. Aunque no explica los hechos que motivan el proceso, es claro que nada tiene que ver con una declaratoria de incumplimiento ni del siniestro del contrato, sino de “una audiencia para ejercer su derecho de defensa y contradicción, para garantizar el debido proceso, ante una eventual terminación unilateral del contrato”.

Es decir, nada tiene que ver con faltas en el desarrollo del contrato de interventoría de la modernización de la línea 123, sino con denuncias ajenas, que podrían afectar el actual contrato. Según funcionarios del Fondo, se busca probar que Infotic está incurso en un posible conflicto de intereses.

El conflicto de intereses

Fuentes del Fondo de Vigilancia, que prefirieron mantener su nombre en reserva, explicaron que el conflicto de intereses que le quieren probar a Infotic para poner fin al contrato de interventoría tiene que ver con una denuncia que presentó en julio el concejal Javier Palacio, quien señaló que esta empresa, cuando firmó el convenio de interventoría, tenía otro contrato como proveedor con el mismo Fondo de Vigilancia, que consistía en la integración de las cámaras de seguridad privada con el sistema público de cámaras de la Policía.

El contrato de interventoría se firmó el 29 de octubre de 2014, por $1.560 millones. Sin embargo, el otro, por $3.274 millones, lo había firmado el 16 de septiembre. El argumento de la denuncia fue que, mientras ejecutaba el contrato de cámaras, a la vez vigilaba el millonario contrato de la línea 123, que, como sistema integrado de seguridad, es el usuario final de las cámaras de vigilancia.

Ante este proceso, fuentes de la interventoría señalaron que les parece absurdo que, pese a que fue el mismo Fondo el que hizo los estudios y adjudicó ambos contratos (sin encontrar en su momento incompatibilidades), ahora pretenda usarlo para liquidar el convenio de interventoría.

La tarea de la interventoría en el caso de la línea 123 es vigilar el cumplimiento del convenio y el manejo de los recursos públicos. Parece que el haber cumplido el objeto de su contrato lo convirtió en la “piedra en el zapato” para los planes de la administración. Ciertamente, gracias a sus informes se pusieron en evidencia los incumplimientos en la ejecución del contrato por parte de la ETB y, de cierta forma, reforzaron las denuncias que hicieron exdirectivos del Fondo de Vigilancia cuando hablaron de posible corrupción alrededor del convenio de modernización. Según personal de la interventoría, esto es lo que le está cobrando la administración.

Por ahora está claro que, en caso de que el Distrito finalmente liquide de forma unilateral el convenio con Infotic, es seguro que será una nueva demanda en contra de la ciudad. Este diario intentó hablar con la actual gerente del Fondo de Vigilancia, Fabiola Márquez Grisales, y con el representante legal de Infotic, Jaime Olbany Parra Segur, pero no pudo establecer comunicación.