Estaban dormidos, pero el agua los hizo parar de la cama a salvar lo poco que pudieron. El agua empezó a entrarse a las fincas a las 12:30 de la noche y en pocas horas la inundación ya alcanzaba los 4 metros. Al amanecer del pasado domingo, de sus casas apenas se veía el techo encima de la laguna en la que quedó convertida buena parte de la vereda Parcelas en el municipio de Cota.
En total 10 familias resultaron afectadas. La emergencia empezó a gestarse la semana pasada debido a las fuertes lluvias, que aumentaron el nivel y la velocidad del río Bogotá como lo explica Édgar Bejarano, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). “El río Chicú es uno de los afluentes del río Bogotá, pero la gran cantidad de agua que llevaba el río hizo represar el afluente y se terminó rompiendo uno de los jarillones”.
Por el boquete de 20 metros de largo y 3 metros de profundidad pasó a toda velocidad el agua que hoy mantiene cerca de 250 hectáreas bajo el agua —las cuales hasta el sábado eran utilizadas para la ganadería y el cultivo de hortalizas—, según los cálculos de la secretaría de Planeación de la alcaldía de Cota. Aún desconocen a cuánto ascenderían las pérdidas.
Otro de los motivos por los que se habría roto el jarillón, según Bejarano, tendría que ver con la intervención de los lugareños en la barrera natural para arreglar filtraciones en días anteriores: “Lo que les pedimos es que si se encuentran con algún daño no lo intervengan, sino que llamen a las autoridades pertinentes para evitar que empeore”.
Sin embargo, los habitantes de la vereda Parcelas aseguran que la inundación es habitual cada vez que vuelven las lluvias y piden una solución definitiva. Actualmente 80 hombres trabajan día y noche para contener la inundación y cerrar la abertura. De acuerdo con Bejarano, los arreglos necesarios para detener la inundación y empezar a recuperar las tierras tardarán por lo menos una semana. La vía para llegar a la vereda Parcelas también sigue cerrada.
Debido a la emergencia, ayer se reunió el Comité Local de Prevención de Atención a Desastres (Clopad), en donde se decidió que quien intervenga cualquier jarillón, será sancionado con una multa de 5.000 salarios mínimos vigentes.
Entre tanto, las familias damnificadas permanecen en un colegio del municipio que fue acondicionado como albergue. Ayer seguía lloviendo.
Por Viviana Londoño Calle
