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Antonio Nariño se ha caracterizado por ser una localidad comercial y residencial. Existen aproximadamente dos mil vendedores informales registrados en el Instituto Para la Economía Social (IPES), mientras que más de ochenta mil personas viven y transitan diariamente por este territorio, que en los últimos años ha enfrentado varios desafíos.
En Bogotá el uso de andenes y calles para la venta informal de ropa, zapatos, accesorios y tecnología no es algo nuevo. Un sector fuertemente afectado es el barrio Restrepo, que desde hace décadas ha sido uno de los lugares preferidos por los bogotanos para realizar sus compras. Su ubicación al sur de la ciudad y su emblemática plaza de mercado con más de sesenta años de existencia hacen parte de su identidad. Aquí también resalta la industria marroquinera que concentra el 77% de las fábricas de cuero y pieles de Bogotá, según la Secretaría de Desarrollo Económico.
Al visitar este reconocido sector comercial, se percibe una gran cantidad de puestos informales ubicados sobre los andenes, donde cada metro libre se convierte en un espacio de venta improvisado. Aunque no es común ver productos sobre plásticos en el suelo, varios vendedores utilizan mesas y soportes para mostrar sus productos bajo una sombrilla. También es común escuchar las voces que ofrecen promociones a los peatones que intentan abrirse paso entre la multitud.
Derechos en tensión: trabajo y movilidad
Esta situación se convierte en un problema para los habitantes del sector, pues se ven afectados dos aspectos fundamentales: el derecho al trabajo y la libre movilidad. La ocupación de andenes y zonas peatonales, que no fueron diseñadas para el comercio, crea obstáculos que dificultan la circulación diaria. Este panorama afecta especialmente a personas con movilidad reducida, adultos mayores y quienes transitan con coches para bebé.
Sin embargo, el comercio informal refleja las dificultades de quienes, por diversas circunstancias, se ven forzados a trabajar en condiciones precarias. Muchos enfrentan la informalidad como única alternativa para obtener ingresos y sostener a sus familias. A esto se suma la ausencia de programas de formalización efectivos y sostenidos en el tiempo por parte del Distrito. La falta de una política pública integral agrava la situación y perpetúa el conflicto entre la necesidad económica y el orden urbano.
Este escenario incrementa la percepción de inseguridad y deteriora la convivencia. Los operativos de control suelen generar tensiones entre vendedores y autoridades, sin ofrecer soluciones duraderas. El desorden y la incomodidad para los peatones se hacen presentes día tras día.
La nueva administración local: diagnóstico y enfoque
Luisa María Ramírez Riascos asumió el cargo de alcaldesa el 3 de septiembre de este año, tras la solicitud de renuncia protocolaria de los alcaldes locales ordenada por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. Llegó en medio de cambios administrativos, después de un periodo sin un alcalde designado oficialmente.
Sobre su inicio de gestión, la alcaldesa manifiesta sentirse bien: “Es un tema público y político que me gusta, que lo manejo y que lo conozco. El concurso fue muy riguroso y el alcalde mayor supo dar garantías al proceso”.
En Antonio Nariño los puntos más críticos de invasión al espacio público y comercio informal son varios. Según la alcaldesa, se encuentran el barrio Policarpa (manufactura textil), el sector de la Avenida Primero de Mayo (motocicletas), el barrio Santander y, principalmente, el barrio Restrepo. Allí, el comercio informal “ha sido predominante desde hace tiempo y es estructural”. Para llegar a un acuerdo, señala que “tiene que haber corresponsabilidad entre la Alcaldía Local, los ciudadanos, los vendedores formales y también los vendedores informales” y agrega con firmeza que “los vendedores informales tienen unos deberes que son permitir el uso debido de ese espacio y estar ordenados”.
Para la mandataria, la invasión al espacio público incide en la seguridad, la convivencia y la tranquilidad. “Al tener un alto impacto en la movilidad, tenemos que generar frecuentemente operativos de sensibilización sobre las normas. Así evitamos el desorden y minimizamos el ruido”, afirma.
El objetivo de la Alcaldía Local es poner en práctica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. En su artículo 140, se establece que la ocupación indebida de calles, parques o andenes constituye una infracción sancionable con multas y, en casos específicos, con decomiso de los bienes utilizados para la actividad. Según la alcaldesa, “siempre se adelantan operativos de inspección, vigilancia, control y sensibilización. Los operativos no paran”. Dichas acciones son lideradas principalmente por el IPES y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).
En 2025, según cifras proporcionadas por la mandataria, se han realizado 430 actividades de inspección, vigilancia y control en la localidad, con un promedio de 48 actividades mensuales relacionadas con regulación del espacio público, operativos, registro y sensibilización.
La Alcaldía Local y la Junta Administradora Local (JAL) han adelantado diálogos con vendedores informales: “Vienen meses muy comerciales y necesitamos ser más rigurosos. En el diálogo se les explica que sí o sí deben ser responsables con el compromiso; de lo contrario, la orden es recuperar el espacio ocupado”, señala la alcaldesa.
En reubicación laboral, aún no existe una planeación definida: “Es un asunto muy complejo; se trató en su momento con el inmueble del Centro Social del Restrepo. Sin embargo, actualmente no hay una reubicación clara y certera en un establecimiento designado”.
Según la Alcaldía, estos son los lineamientos de ocupación:
• Dimensiones de puesto: 1,20 m de ancho × 1,70 m de largo; altura máxima 1,60 m.• Separación mínima entre puestos: 2 m.• Prohibición de ubicación cerca de esquinas, rampas o paraderos.• Restricción de paraguas o elementos sobresalientes (de baja aplicación en la práctica).
“Existen mafias que instrumentalizan a los vendedores”: hipótesis en disputa
La alcaldesa afirma que se han detectado mafias ilegales en el Restrepo que controlan el uso del espacio público, cobran por los lugares de instalación e instrumentalizan a vendedores para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes a bajo perfil. Pide que “no se dejen apropiar de mafias, que estén censados y que cumplan los compromisos” para que el Distrito pueda brindar seguridad y apoyo institucional.
Las expectativas de la administración son altas: “Finalizando el año, Antonio Nariño debe ser un referente de orden; que las personas realicen sus compras con tranquilidad, seguridad y convivencia”. Con tono firme, deja un mensaje a comerciantes y ciudadanía: “Si no hay corresponsabilidad, debemos hacer cumplir la ley; nuestra idea es promover orden, respeto, aseo, seguridad y limpieza”.
“La invasión al espacio público y el comercio informal tienen causas estructurales”
Según el edil Víctor Silva, hay espacios críticos de trabajo informal en la Avenida Primero de Mayo, el Cementerio del Sur, la zona de rumba y áreas cercanas a Centro Mayor, con mayor incidencia en el Restrepo. La ocupación es crítica, hay estacionamiento indebido y acumulación de basuras. “Tenemos difícil acceso de las personas con movilidad reducida y conflictos por el ruido”, afirma.
Incluso, habitantes del barrio Santander interpusieron una acción popular por conflictos derivados del comercio de motocicletas en la Avenida Primero de Mayo. “La administración hace operativos pedagógicos de documentación… pero es un comercio tan grande que crece exponencialmente y se vuelve incontrolable”.
La JAL escucha a la comunidad y emite acuerdos sobre uso y aprovechamiento del espacio público; la Alcaldía debe hacerlos cumplir e intervenir cuando sea necesario, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
Sobre formalización o reubicación, Silva considera que no basta con reubicar: “Es un problema estructural del modelo de sociedad; podemos reubicar a un sector, pero el espacio público volverá a ser invadido”. Recuerda tres oleadas de formalización:
- Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo (hace ~60 años, 800 locales para vendedores de alimentos del campo).
- Centro Comercial Social (a orillas del río Fucha; inicialmente 465 vendedores; hoy permanecen ~20).
- CED Centenario (2019; 81 locales).A su juicio, “faltó administración y apoyo al sector informal; pasar de la calle a un local implica cultura empresarial”. Sobre “Casa Centenario”, denuncia abandono: hoy trabajarían unos cuarenta vendedores; los demás renunciaron y reincidieron.
“Las políticas han sido esconder a los pobres para que no los vean los ricos, y no para que a todos les vaya mejor”, reflexiona. Plantea preguntas sobre ocupaciones de décadas y la necesidad de incluir y estudiar con la gente alternativas reales.
“Yo sí estoy dispuesta a irme si me dan las condiciones”
Entre los muchos puestos del Restrepo está el de María Martha Padilla, vendedora desde los catorce años (sacos, pijamas, pantalones, ruanas). Ha intentado trabajos formales, pero con primaria incompleta ha sido difícil conseguir empleo. Contrario a lo que se piensa, trabajar en la calle no le supone ventajas: el clima afecta sus ventas y ha sufrido robos. “Me han robado mientras yo atiendo”, dice.
No tiene contacto directo con la Alcaldía; recibe indicaciones por medio de la representante de vendedores. “No son capaces de venir a hablar con uno”, relata. Aun así, no ha tenido problemas en los operativos. Sobre organización: “Todo el mundo ya tiene su espacio… los nuevos no son bienvenidos, solo los que ya estamos”. Reconoce el impacto en la movilidad, pero reitera: “Si la Alcaldía me ayudara, yo sí estoy dispuesta a irme a un local”.
¿Cuáles son los lineamientos para vendedores? La encargada del espacio público explica.
Carol Mayerly Mujica Gómez, encargada del manejo del espacio público en la Alcaldía Local, explica que el comercio informal incide en la movilidad peatonal y la accidentalidad, pues algunos puestos reducen la visibilidad en cruces y obstaculizan el tránsito de personas con movilidad reducida o con coches de bebé.
Reitera las medidas de los puestos y restricciones (dimensiones, separación, esquinas, rampas, paraderos, altura y paraguas). Sobre formalización, sostiene que “el IPES genera buenas ofertas para reubicación, pero muchas veces no son bien atendidas porque están en lugares apartados, en otras localidades”.
Respecto a los operativos, se realizan organización e inspección de puestos y diálogos de sensibilización. Si hay incumplimiento, “se genera comparendo por ocupación indebida del espacio público; si se repite, se procede a la incautación de mercancía”. Añade que hay personas con más de un puesto (hasta seis), lo que amplía la ocupación. Se han hecho reuniones con el Consejo de Vendedores Informales y “ellos han aceptado las condiciones porque conocen la situación del espacio público”.
El relato de la funcionaria contrasta con el de la comerciante: dos perspectivas que revelan realidades distintas —la de quien busca ordenar y la de quien subsiste en la calle—.
Hacia soluciones sostenibles
La discusión en Antonio Nariño sintetiza un dilema urbano: garantizar derechos económicos sin sacrificar movilidad, convivencia y seguridad. Las cifras de control muestran esfuerzo institucional; los testimonios evidencian límites de operativos sin reubicación viable ni apoyo empresarial.
Para avanzar, se requieren acciones combinadas y medibles:
- Mesas de concertación con cronogramas públicos por punto crítico (Restrepo, Policarpa, Av. Primero de Mayo, Cementerio del Sur, Centro Mayor).
- Reubicaciones cercanas y graduales (pilotos de vitrinas colectivas, arriendo social de locales, ferias itinerantes por temporadas).
- Formación y microcrédito para transición a la formalidad (costeo, inventario, marketing básico).
- Horarios escalonados y urbanismo táctico (anillos peatonales, señalización y pasos seguros) para mitigar congestión y accidentalidad.
- Seguimiento público de IVC: tablero mensual con metas, reincidencia y resultados por punto.
La corresponsabilidad —Estado, comunidad, comercio formal e informal— será decisiva para que la localidad combine orden urbano con oportunidades económicas reales.
*El autora es alumna del programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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