El mundo al revés. Eso es lo que parece ocurrir en el Humedal La Conejera, donde, de acuerdo con denuncias recibidas por la Secretaría de Ambiente, una fundación que dice defender ese ecosistema sería la responsable de talar allí, indiscriminadamente, 6.000 metros cuadrados de árboles y de construir una casa.
Ante las sospechas, esa dependencia de la Alcaldía de Bogotá abrió dos indagaciones preliminares contra la Fundación Humedal La Conejera, con el fin de determinar si es culpable.
“De resultar probados los hechos denunciados en el marco de la investigación administrativa iniciada por la Secretaría, podría acarrear sanciones tales como la modificación de las cláusulas estatutarias, cancelación de la personería jurídica, decreto de disolución y orden de liquidación de la Fundación”, advierte la Secretaría de Ambiente en un comunicado.
Este hecho se conoció el pasado 23 de octubre en la emisión del noticiero Noticias Uno, en el que tres vecinos se quejaban de lo ocurrido.
El representante legal de la Fundación, Medardo Galindo Hernández, que fue contratista de la Secretaría de Ambiente durante la administración de Gustavo Petro. Su hermano, Germán Galindo Hernández, fue gerente ambiental de la Empresa de Acueducto de Bogotá en ese gobierno.
Cabe recordar que, precisamente, en la anterior Alcaldía se generó una dura controversia por las posibles afectaciones que podía conllevar la construcción de la urbanización Reserva Fontanar en predios de La Conejera. Además, porque la constructora Praga, encargada de las obras, tenía entre sus integrantes de junta directiva a Juan Carlos Alcocer y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo. El primero, cuñado de Petro por ser hermano de Verónica Alcocer, esposa del exalcalde; el segundo, concuñado de este, por ser esposo de María Teresa Alcocer, hermana de Verónica.
Al final, Petro se declaró impedido para dar un concepto sobre el impacto ambiental de la obra, por lo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó al entonces ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, para que lo diera. Este concluyó, en marzo de 2015, que “las obras no afectan ambientalmente el humedal”.