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La Personería de Bogotá formuló cargos contra dos exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de Valorización establecidas en un Acuerdo Distrital de 2005, con un costo de $378.419 millones.
Los funcionarios, al parecer, omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto que aún hoy, ocho de ellas no se han terminado.
A los dos exdirectores se les cuestiona la falta de planeación en su labor que se reflejó en los problemas en la elaboración de diseños, rediseños y la demora en la adquisición de predios para las obras.
La Personería Delegada para Vigilancia Administrativa les señaló su presunta responsabilidad en la falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito para la construcción oportuna de las vías públicas.
La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos, al parecer, por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras por parte de los ex directores. “Tampoco realizaron acciones efectivas para enfrentar las múltiples irregularidades. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las siete vías, dos puentes vehiculares, cinco peatonales, cinco andenes y dos obras de mejoramiento vial.
A Liliana Pardo se le cuestiona por utilizar la figura de la adición para entregar “a dedo” nueve obras de valorización por 90 mil millones de pesos. Se obvió la convocatoria pública que se debe realizar para escoger de manera transparente el mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías.
La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación de seis de los contratos del IDU, que llevaba la Personería, realizados a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).
Las otras tres adiciones que investiga el Ministerio Público Distrital corresponden a la Calzada norte de la Avenida Villavicencio, entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida El Tintal; mejoramiento geométrico de la avenida Primero de Mayo por la avenida Poporo Quimbaya y la construcción de la Avenida Santa Lucía desde la Avenida General Santander hasta la Avenida Jorge Gaitán Cortes. Las dos primeras obras fueron adicionadas al contrato del programa de Distrito de Conservación-Zona Sur Occidente. La tercera se adicionó a un contrato del Distrito de Conservación-Zona Sur Oriente.
Pardo como Ramírez deben responder por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía que ni siquiera se ha terminado.
Obras sin terminar
La carrera novena, entre calles 147 y 170, debió entrar en funcionamiento en marzo de 2011 y la ampliación de la Calle 170 entre la Avenida Boyacá y Avenida Cota en febrero de 2011, sin embargo ninguna de las dos vías están terminadas.Tampoco están culminadas la vía a dos carriles de la Carrera 11 entre la Avenida 9ª y la Calle 106, como el puente vehicular de la Carrera 11 por Avenida 9ª, que debió estar en servicio en diciembre de 2010.
La Avenida Mariscal Sucre, desde la Avenida Primera hasta la Calle 62, así como la Avenida Cundinamarca, desde la calle 19 hasta Las Américas, se debieron terminar en diciembre de 2010, pero aún están en ejecución algunos tramos.
En la Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá se proyectó realizar dos orejas y dos conectantes de la intercepción vial. Las obras debían estar terminadas en agosto de 2010 y aunque el IDU dijo haber culminado la obra en enero de 2011 se determinó que quedó pendiente la construcción de una oreja.
Las faltas fueron calificadas como gravísimas, pues los exfuncionarios participaron en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa establecidas en las normas.
Los investigadores consideraron que el comportamiento de los exdirectores fue cometido a título de dolo, debido a que su actuación se realizó con pleno conocimiento de las facultades que le atribuía la ley, no obstante, obviaron las reglas sobre administración de bienes públicos generando una situación de crisis en la ciudad.
Por El Espectador
