Juan Carlos Granados, el contralor aliado

Juan Carlos Granados, el nuevo contralor de Bogotá, es un político. Ha sido profesor universitario y abogado asesor, pero su trayectoria, hasta ahora, es una seguidilla de cargos de elección popular: concejal, alcalde, congresista y gobernador. Él explica su esencia cuando afirma: “Fui mecánico ajustador de motores diésel. Ahora soy experto en mecánica electoral”. Ayer alcanzó su más reciente logro: 35 concejales votaron por él y lo encumbraron en la jefatura de la entidad que fiscalizará la inversión del presupuesto en el gobierno de Enrique Peñalosa. ¿Cómo llegó un boyacense a ese cargo?

Se radicó en Bogotá en 1994 para estudiar derecho en la Universidad Nacional. En la mitad de su carrera, cuenta en diálogo con El Espectador, se lanzó al Concejo de su pueblo natal: Nobsa, municipio del centro de Boyacá. Lo eligieron para el período 1998-2000 con el aval del Partido Liberal. No había terminado cuando ganó la Alcaldía, también bajo el amparo rojo. Gobernó entre 2001 y 2003.

Antes de llegar al Congreso, ejerció como abogado y tuvo una paloma de medio año como secretario de la Lotería de Boyacá. Saltó del liberalismo a Cambio Radical (CR) y alcanzó una curul en la Cámara de Representantes (2006-2010). “Tenía unos votos, pero realmente me llevaron como gancho ciego de la lista”, dice para explicar que, en un principio, no parecía tener opción de arañar la victoria. Sus 12.870 votos, sin embargo, le significaron la mayor votación de su partido en esas elecciones.

En el Capitolio coincidió con dos peces gordos de CR, que son claves para comprender su elección como contralor: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y Germán Vargas Lleras, que era el senador más votado del país.

Ambos son hoy sus padrinos. Granados sonó como posible aspirante a la Contraloría de Bogotá desde finales del año pasado, cuando terminaba su período como gobernador de Boyacá (2012-2015). En su mandato trabajó de la mano de Vargas Lleras (que en ese tiempo fue ministro y luego vicepresidente), al punto que se hizo un lugar en la entraña del hombre que hoy maneja la política de infraestructura vial y de vivienda en el país. “Con él me relacionan porque salí a agradecerle todo lo que le ayudó a Boyacá”, apunta Granados. “Pero es que en casas y vías gestionamos un $1 billón”.

El nuevo contralor estuvo incluso en la baraja para ocupar el Ministerio de Transporte (cursó una especialización en derecho internacional de transporte), hasta que Varón Cotrino, hoy senador, sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En el Concejo, con Cambio Radical como bancada mayoritaria, el plato estaba servido desde enero para imponer condiciones, y lo lograron. La convocatoria, abierta en marzo, se enredó desde un comienzo por líos jurídicos, y, no obstante, la elección de Granados siempre estuvo cantada. Aunque el proceso gozó de un componente meritocrático en el que la Universidad Nacional evaluó la experiencia y estudios de los candidatos, los concejales no estaban obligados a elegir al mejor calificado. Granados, de hecho, ocupó el puesto 37 en la prueba de conocimiento, pero fue el mejor calificado por la mayoría de cabildantes.

Su trayectoria política, para él, no debe ser un misterio en este nuevo cargo. Es más: su estrategia para venderse como un buen candidato tomó como punto de partida su experiencia como alcalde y gobernador. “Debe desmitificarse que haya hecho un trabajo electoral. Es mucha más garantía para la ciudad que yo, que conozco el procedimiento administrativo, sea el que lo vigile”.

Su paso por la Gobernación, sin embargo, le granjeó investigaciones que sus críticos han aprovechado para cuestionarlo. Los últimos días anduvo con un maletín lleno de documentos oficiales para demostrar que no tiene antecedentes disciplinarios ni fiscales; que salió indemne del proceso que la Procuraduría le abrió por presuntas anomalías en la elección de alcaldes en el Consejo Directivo de la CAR; que la Fiscalía archivó cinco indagaciones en su contra. La Contraloría, al contrario, le mantiene abiertos dos procesos por posibles irregularidades en contratación.

Eso cuenta para sus críticos, pero Granados deberá lidiar, sobre todo, con el señalamiento de que será un contralor de bolsillo, sustentado en que proviene del mismo partido que avaló a Peñalosa, a quien debe fiscalizar. A los que piden que mantenga respirándole en la nuca al gobierno, les responde que la Contraloría no debe ser obstáculo. “Tiene que ser un aliado, sin convertirse en cómplice”.

No le interesa, dice, publicitar pequeños hallazgos, sino enfocarse en “puntos reales de riesgo”. Para ello, propone crear una dirección que vigile los grandes proyectos del Distrito, donde estará concentrada la plata. También anuncia que será aliado de los concejales, pues se comprometió a brindarles soporte técnico para que adelanten sus debates de control político.

Con su designación, se termina la elección de los jefes de los organismos de control en Bogotá. La semana pasada el Concejo eligió a Carmen Teresa Castañeda como personera distrital, también impulsada por la coalición de Gobierno, aunque el componente meritocrático fue mayor. En manos de ambos estará la fiscalización de una administración que promete darle un revolcón a la ciudad. Quienes los observan esperan, simplemente, que cumplan su función.

Juan Carlos Granados, el nuevo contralor de Bogotá, es un político. Ha sido profesor universitario y abogado asesor, pero su trayectoria, hasta ahora, es una seguidilla de cargos de elección popular: concejal, alcalde, congresista y gobernador. Él explica su esencia cuando afirma: “Fui mecánico ajustador de motores diésel. Ahora soy experto en mecánica electoral”. Ayer alcanzó su más reciente logro: 35 concejales votaron por él y lo encumbraron en la jefatura de la entidad que fiscalizará la inversión del presupuesto en el gobierno de Enrique Peñalosa. ¿Cómo llegó un boyacense a ese cargo?

Se radicó en Bogotá en 1994 para estudiar derecho en la Universidad Nacional. En la mitad de su carrera, cuenta en diálogo con El Espectador, se lanzó al Concejo de su pueblo natal: Nobsa, municipio del centro de Boyacá. Lo eligieron para el período 1998-2000 con el aval del Partido Liberal. No había terminado cuando ganó la Alcaldía, también bajo el amparo rojo. Gobernó entre 2001 y 2003.

Antes de llegar al Congreso, ejerció como abogado y tuvo una paloma de medio año como secretario de la Lotería de Boyacá. Saltó del liberalismo a Cambio Radical (CR) y alcanzó una curul en la Cámara de Representantes (2006-2010). “Tenía unos votos, pero realmente me llevaron como gancho ciego de la lista”, dice para explicar que, en un principio, no parecía tener opción de arañar la victoria. Sus 12.870 votos, sin embargo, le significaron la mayor votación de su partido en esas elecciones.

En el Capitolio coincidió con dos peces gordos de CR, que son claves para comprender su elección como contralor: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y Germán Vargas Lleras, que era el senador más votado del país.

Ambos son hoy sus padrinos. Granados sonó como posible aspirante a la Contraloría de Bogotá desde finales del año pasado, cuando terminaba su período como gobernador de Boyacá (2012-2015). En su mandato trabajó de la mano de Vargas Lleras (que en ese tiempo fue ministro y luego vicepresidente), al punto que se hizo un lugar en la entraña del hombre que hoy maneja la política de infraestructura vial y de vivienda en el país. “Con él me relacionan porque salí a agradecerle todo lo que le ayudó a Boyacá”, apunta Granados. “Pero es que en casas y vías gestionamos un $1 billón”.

El nuevo contralor estuvo incluso en la baraja para ocupar el Ministerio de Transporte (cursó una especialización en derecho internacional de transporte), hasta que Varón Cotrino, hoy senador, sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En el Concejo, con Cambio Radical como bancada mayoritaria, el plato estaba servido desde enero para imponer condiciones, y lo lograron. La convocatoria, abierta en marzo, se enredó desde un comienzo por líos jurídicos, y, no obstante, la elección de Granados siempre estuvo cantada. Aunque el proceso gozó de un componente meritocrático en el que la Universidad Nacional evaluó la experiencia y estudios de los candidatos, los concejales no estaban obligados a elegir al mejor calificado. Granados, de hecho, ocupó el puesto 37 en la prueba de conocimiento, pero fue el mejor calificado por la mayoría de cabildantes.

Su trayectoria política, para él, no debe ser un misterio en este nuevo cargo. Es más: su estrategia para venderse como un buen candidato tomó como punto de partida su experiencia como alcalde y gobernador. “Debe desmitificarse que haya hecho un trabajo electoral. Es mucha más garantía para la ciudad que yo, que conozco el procedimiento administrativo, sea el que lo vigile”.

Su paso por la Gobernación, sin embargo, le granjeó investigaciones que sus críticos han aprovechado para cuestionarlo. Los últimos días anduvo con un maletín lleno de documentos oficiales para demostrar que no tiene antecedentes disciplinarios ni fiscales; que salió indemne del proceso que la Procuraduría le abrió por presuntas anomalías en la elección de alcaldes en el Consejo Directivo de la CAR; que la Fiscalía archivó cinco indagaciones en su contra. La Contraloría, al contrario, le mantiene abiertos dos procesos por posibles irregularidades en contratación.

Eso cuenta para sus críticos, pero Granados deberá lidiar, sobre todo, con el señalamiento de que será un contralor de bolsillo, sustentado en que proviene del mismo partido que avaló a Peñalosa, a quien debe fiscalizar. A los que piden que mantenga respirándole en la nuca al gobierno, les responde que la Contraloría no debe ser obstáculo. “Tiene que ser un aliado, sin convertirse en cómplice”.

No le interesa, dice, publicitar pequeños hallazgos, sino enfocarse en “puntos reales de riesgo”. Para ello, propone crear una dirección que vigile los grandes proyectos del Distrito, donde estará concentrada la plata. También anuncia que será aliado de los concejales, pues se comprometió a brindarles soporte técnico para que adelanten sus debates de control político.

Con su designación, se termina la elección de los jefes de los organismos de control en Bogotá. La semana pasada el Concejo eligió a Carmen Teresa Castañeda como personera distrital, también impulsada por la coalición de Gobierno, aunque el componente meritocrático fue mayor. En manos de ambos estará la fiscalización de una administración que promete darle un revolcón a la ciudad. Quienes los observan esperan, simplemente, que cumplan su función.