Juez falló a favor del Distrito frente a tutelas de comerciantes de San Victorino

El Juzgado 65 Penal de control de garantías falló a favor del Distrito luego de analizar las 10 tutelas instauradas en contra de las diferentes entidades de la Alcaldía de Bogotá, en búsqueda de soluciones al uso indebido del espacio público y las aglomeraciones que se han presentado en el sector comercial de San Victorino.

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En las acciones legales, que fueron radicadas por comerciantes formales del sector, se solicitaba que se declararan vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, salud, vida digna y mínimo vital, al asegurar que ha sido poco el control de las autoridades frente a las ventas informales, afectando la economía de los empresarios.

En el fallo final, el juez presentó una serie de argumentos que dan cuenta que desde mayo ha venido trabajando en la problemática de este sector, estableciendo una estrategia de acción especial para organizar a los vendedores informales, atender las peticiones del comercio formal y garantizar el correcto uso del espacio público.

“El Distrito se ha puesto a la tarea de hacer lo necesario en la ciudad, con especial ahínco en el sector de San Victorino, para la implementación de una política de espacio público en atención a la llegada de la temporada decembrina ante las circunstancias ocasionadas por el Covid-19. Además, efectivamente se está dando aplicación a esta y otras políticas más intentando brindar las mismas oportunidades a todos en razón de la reactivación de la economía y exigiendo de todos y cada uno de los ciudadanos la responsabilidad social que se requiere para superar esta crisis producto de la pandemia”, dicta el fallo.

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Sin embargo, se reconoce que “definitivamente existe la necesidad de crear una normatividad que permita implementar, no solo por parte de las alcaldías locales, sino por parte de las demás instituciones distritales, el realizar un control especializado ante las circunstancias particulares que se están viviendo”.

Frente a la decisión y posterior a las denuncias de los comerciantes, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez aseguró que no se bajará la guardia frente a los esfuerzos para controlar las aglomeraciones en este sector comercial.

“Seguiremos haciendo los controles para ayudar a los comerciantes a que este diciembre sea exitoso y puedan recuperar algo de lo perdido durante la pandemia. Pero les pedimos también que lo hagan de manera organizada, no podemos exponer la salud y la vida, ni perder lo ganado durante estos meses. Esto requiere de inteligencia colectiva y de autocontrol de cada ciudadano.” indicó el funcionario.

En el documento se informó que contra la decisión procede la impugnación, la cual deberá ser interpuesta dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Si no es impugnado, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.

El Juzgado 65 Penal de control de garantías falló a favor del Distrito luego de analizar las 10 tutelas instauradas en contra de las diferentes entidades de la Alcaldía de Bogotá, en búsqueda de soluciones al uso indebido del espacio público y las aglomeraciones que se han presentado en el sector comercial de San Victorino.

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En las acciones legales, que fueron radicadas por comerciantes formales del sector, se solicitaba que se declararan vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, salud, vida digna y mínimo vital, al asegurar que ha sido poco el control de las autoridades frente a las ventas informales, afectando la economía de los empresarios.

En el fallo final, el juez presentó una serie de argumentos que dan cuenta que desde mayo ha venido trabajando en la problemática de este sector, estableciendo una estrategia de acción especial para organizar a los vendedores informales, atender las peticiones del comercio formal y garantizar el correcto uso del espacio público.

“El Distrito se ha puesto a la tarea de hacer lo necesario en la ciudad, con especial ahínco en el sector de San Victorino, para la implementación de una política de espacio público en atención a la llegada de la temporada decembrina ante las circunstancias ocasionadas por el Covid-19. Además, efectivamente se está dando aplicación a esta y otras políticas más intentando brindar las mismas oportunidades a todos en razón de la reactivación de la economía y exigiendo de todos y cada uno de los ciudadanos la responsabilidad social que se requiere para superar esta crisis producto de la pandemia”, dicta el fallo.

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Sin embargo, se reconoce que “definitivamente existe la necesidad de crear una normatividad que permita implementar, no solo por parte de las alcaldías locales, sino por parte de las demás instituciones distritales, el realizar un control especializado ante las circunstancias particulares que se están viviendo”.

Frente a la decisión y posterior a las denuncias de los comerciantes, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez aseguró que no se bajará la guardia frente a los esfuerzos para controlar las aglomeraciones en este sector comercial.

“Seguiremos haciendo los controles para ayudar a los comerciantes a que este diciembre sea exitoso y puedan recuperar algo de lo perdido durante la pandemia. Pero les pedimos también que lo hagan de manera organizada, no podemos exponer la salud y la vida, ni perder lo ganado durante estos meses. Esto requiere de inteligencia colectiva y de autocontrol de cada ciudadano.” indicó el funcionario.

En el documento se informó que contra la decisión procede la impugnación, la cual deberá ser interpuesta dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Si no es impugnado, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.