La CIDH estudia solicitud de medidas cautelares a favor de indígenas embera en Bogotá

Desde hace 25 días, alrededor de 450 indígenas de la comunidad Embera, viven en cambuches a un costado del Parque Tercer Milenio, población que huyó de su territorio producto del conflicto armado.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia una solicitud de medidas cautelares a favor de las comunidades Embera Chamí y Katío, que el año pasado se asentaron en el Parque Tercer Milenio, ante las dificultades de la pandemia.

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Las condiciones de estos indígenas son variadas, pues además de que en su mayoría se desplazaron en enero del año pasado ante amenazas a sus líderes por presuntos miembros del Eln y paramilitares, así como por presiones por cuenta de la minería ilegal, las condiciones de la cuarentena general les impidió salir a trabajar y aumentó su vulnerabilidad.

Aunque algunas comunidades aceptaron trasladarse a los albergues dispuestos por el Gobierno, otro grupo de 135 familias, entre los que había 166 niños y cuatro mujeres embarazadas, se asentó en agosto en una de las entradas del parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad.

De allí, tras varios fallidos acuerdos, salieron en octubre con la promesa de que la Alta Consejería para las Víctimas pagaría su arriendo por cuatro meses, mientras que Integración Social daría bonos de emergencia por el mismo tiempo.

La preocupación se centra en qué pasará después de febrero, que se terminen estas ayudas, por lo que solicitan que se les garantice un mínimo vital o renta básica, acceso al agua potable y reubicación permanente en la ciudad.

Así mismo, piden la reparación para quienes salieron de los territorios hace más de 15 años, y en el momento en que se den las condiciones, haya garantías para su retorno, que incluyan estudios de riesgo para los indígenas que han sido amenazados.

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“Se busca que las atenciones dejen de ser transitorias, primordialmente porque hay muchos problemas de seguridad en los territorios, por lo que no hay condiciones para su retorno. En ese sentido piden que se pueda crear un cabildo en la ciudad”, dijo José Manuel Marín, uno de los abogados copeticionarios.

Junto al cabildo piden que se garantice la vinculación de los artesanos y artesanas indígenas a programas del Distrito, que les permita dejar de vender sus productos en la calle. De igual forma, piden proteger sus jaibanas, tradiciones médicas y chamánicas, y que entidades públicas como el Ministerio de Cultura, la Comisión de la Verdad y la Secretaria de Cultura trabajen en la recuperación de la memoria colectiva, debido a los procesos de desarraigo étnico que se viven tras el desplazamiento.

En cuanto a los responsables, Marín explica que “el directamente responsable es el Gobierno Nacional. Sin embargo, las entidades más relacionadas son el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y desde la Alcaldía de Bogotá, la Alta Consejería para las Víctimas e Integración Social, que dan las soluciones transitorias”.

Por último, piden a la alcaldesa Claudia López pedir disculpas públicas a las comunidades “por el desalojo masivo sufrido por sus arrendadores, debido a la falta de recursos económicos para seguir pagando los arriendos”, así como por la acusación que se hizo a los líderes de instrumentalizar y explotar a los niños y niñas de la comunidad.

En respuesta, el pasado 26 de enero, la CIDH solicitó nueva información con respecto a la actual situación de riesgo de las comunidades, con relatos de eventos cronológicos y en lo posible con soportes documentales; explicar si alguno cuenta con esquemas de protección; dar detalles de las condiciones actuales de salud, y ahondar en las investigaciones y procesos judiciales interpuestos en este tiempo.

Para las comunidades es importante una respuesta pronta del Estado, pues en una reciente carta enviada por el gobernador indígena de Aguasal, Octaviano Tequia, a la Fiscalía alerta sobre el posible desplazamiento alrededor de 1.000 indígenas a Bogotá, por cuenta de la extracción irregular de oro que se realiza en el Alto Andagueda, en Chocó.

De acuerdo con Marín, en los últimos meses han llegado cerca de 20 familias más, por lo que se requiere una atención, eficaz no solo con los que lleguen, sino con los que ya están en Bogotá.