La desazón por aval ambiental a torres de energía en la cuenca alta del río Bogotá
Tras años de pleitos, la autoridad ambiental dio luz verde, pero no a toda la obra. Sus detractores anuncian demandas por el impacto que causaría.
Alexánder Marín Correa
La resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que parecía ponerle punto final a la disputa que hace siete años libran el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y varias comunidades de Cundinamarca, alrededor de un proyecto que afectaría parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, termina siendo una decisión que, de momento, distribuye por igual desconcierto entre las partes.
Se trata de la Resolución 01058, expedida el 12 de junio, que le dio luz verde al proyecto de interconexión eléctrica Chivor II, que contempla una inversión de US$100 millones, para instalar 289 torres a lo largo de 162 kilómetros, pasando por 13 municipios de Cundinamarca y siete de Boyacá. Sin embargo, negó el permiso para una obra clave y uno de los puntos de discordia: la Subestación Norte, en Gachancipá.
La licencia permite obras en Chocontá, Gachancipá, Machetá, Cogua, Madrid, Nemocón, Sesquilé, Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, Tibirita y Zipaquirá, en Cundinamarca, y de Garagoa, Guateque, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Sutatenza y Tenza, en Boyacá. Además, el aprovechamiento forestal de casi 830 mil metros cúbicos.
Si bien la decisión parece ser más favorable al GEB, al aprobar el plan casi como se presentó, lo cierto es que el tener que repensar el sitio de la subestación y hacer nuevos estudios ambientales no solo abre la posibilidad de que el trazado toque menos la reserva, sino que le da a la comunidad algo importante para su lucha legal: tiempo.
Y no es que las comunidades se opongan a mejorar la infraestructura, recalcan. Reconocen las buenas intenciones de querer garantizar la seguridad energética en el centro del país. La inconformidad siempre ha sido que, pese a los llamados para buscar rutas diferentes, con mínimo impacto ambiental, la empresa insistió en su idea.
Eso llevó a una larga historia de choques. Hoy, que la ANLA expidió la licencia ambiental, los que le han hecho seguimiento dicen que posiblemente hay fallas de trámite, que serán la punta de lanza para impulsar un proceso administrativo, para que se revoque el permiso. La esperanza es que, esta vez sí, se obligue a plantear una ruta que respete la zona de protección.
El conflicto
El conflicto entre las comunidades y el GEB comenzó en 2013. Ese año se supo que, de los 160 kilómetros del trazado del proyecto, los primeros 56 kilómetros (Tenjo-Gachancipá) contemplaban torres en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá. La idea generó malestar porque, fuera del impacto ambiental, obligaba a restarle terreno a la zona de protección. “Ese año acababan de quitarle a la reserva 100 mil hectáreas y justo el GEB radicó el proyecto”, relató María Pardo, miembro del consejo de Prosubachoque.
“Para tramitar la licencia ambiental debía presentar un estudio de alternativas de trazados, pero todas las planteó por la reserva, que son terrenos más baratos, pese a su incalculable valor. Si bien desde el comienzo la comunidad pidió que los cambiara, la empresa insistió. Ahí comenzó un desgaste en las relaciones con la comunidad”, agregó Pardo.
Los ánimos se caldearon a finales de 2014, cuando la ANLA avaló el trazado propuesto por el GEB, argumentando que era el de menor impacto, ya que otras rutas tenían más restricciones prediales y más limitantes ambientales y sociales. Al parecer, se desconoció un informe de la CAR que decía que el trazado, si bien afectaba a menos habitantes, tenía más impacto en la reserva (46 %) y en áreas de importancia para la biodiversidad.
Desde entonces avanzó un accidentado trámite para la expedición del permiso de la ANLA. El GEB presentó en agosto de 2016 el estudio de impacto ambiental, con lo que se activó el proceso. Y pese a que no debía tardar más de 90 días, se dilató por la falta de documentos. Por ejemplo, como el proyecto cruza por una reserva, necesitaba concepto de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente para la sustracción, así como permisos de las corporaciones autónomas regionales.
El Minambiente se demoró y la ANLA suspendió el trámite en febrero de 2017, hasta que existiera la autorización de sustracción. La sorpresa para la comunidad fue mayor cuando descubrieron que el proceso continuó sin un auto que lo anunciara. Aunque la Procuraduría pidió explicaciones a la ANLA, la respuesta fue que el auto de suspensión había sido claro en determinar que una vez el GEB entregara documentos, el proceso seguía.
En 2018 y 2019 el GEB consiguió los permisos de las corporaciones autónomas y la autorización del Ministerio para la sustracción de la Cuenca Alta del Río Bogotá. La comunidad, mientras tanto, pidió la revocatoria del permiso y presentaron una acción popular. En medio de trámites, audiencias y reproches, fue creciendo este choque que termina con la expedición de la licencia.
La acción popular
Aunque las esperanzas de la comunidad estaban en la acción popular, en la que denunciaron los posibles efectos del proyecto sobre el río Bogotá, esta no frenó la obra. En octubre pasado el Tribunal de Cundinamarca reconoció la importancia del proyecto de infraestructura, pero reprochó el sitio elegido para la construcción de la Subestación Norte, en Gachancipá. Tras la inspección al terreno dijo que la obra podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema de la cuenca del río y para los pobladores, por las recargas de las corrientes de agua y de las quebradas del cerro Santuario.
“Sobre el predio es preciso destacar que está en el valle colindante con el cerro Santuario, fuente de varias quebradas que alimentan el río Bogotá. Las aguas recogidas por el cerro son redistribuidas por un entramado de quebradas que, si bien en época de estiaje no está cubierto de agua, en invierno sí lo está y sirve como zona de descargas de las quebradas del río”. Para el tribunal la conclusión fue que Gachancipá sí era la alternativa de menor impacto para la subestación, aunque no el predio elegido.
Y agregó: “La construcción de la subestación debe corresponder a criterios técnicos como al desarrollo sostenible, por lo que se determina que no contó con criterios y consideraciones ambientales. En esas circunstancias, no se requiere ahondar al respecto acerca de que la licencia ambiental no se puede conceder para la subestación en el mencionado predio sino en la zona contigua que fue materia de la inspección judicial por ubicarse en una cota más alta que la del río Bogotá”.
Este pronunciamiento tuvo efectos sobre la licencia ambiental. La ANLA, en la resolución del pasado 12 de junio, le negó permiso para la Subestación Norte, ubicada en la vereda San José, de Gachancipá. La razón: el lote no es apto para el tipo de obras. A estos se suma que el GEB, en todo el trámite, nunca presentó alternativa para esta obra, clave para la expedición de la licencia. Por esto, para poder completar el proyecto como estaba previsto, la empresa debe hacer un estudio, excluyendo el predio inicial, y lo debe hacer público antes de tramitar la licencia para que la comunidad puedan opinar.
Sobre la decisión, el Grupo de Energía indicó que, de momento, está analizando el pronunciamiento de la ANLA, y sobre el proyecto agregó que se trata de una iniciativa que definitivamente busca mejorar el servicio para el centro y oriente de Colombia, que concentra el 25 % de la población y representa el 32 % de la demanda de energía eléctrica del país, la cual podrá incrementarse “con el ingreso de más transporte sostenible, cables aéreos y vehículos eléctricos, además del crecimiento en las zonas industriales de Cundinamarca. El proyecto Norte ayudará a satisfacer esas solicitudes y mejorar la calidad de vida”.
Los detractores, por su parte, indican: “Todo este proceso ha tenido un pésimo manejo en términos sociales, creemos que hay un mal manejo de la ANLA y que hay vicios de procedimiento. Por eso vamos a pedir la nulidad de la licencia. Las autoridades de los municipios por donde pasa la red están analizando el paso a seguir”, concluyó Pardo, consejera de Prosubachoque. A pesar de que hay licencia, es claro que el pleito seguirá.
La resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que parecía ponerle punto final a la disputa que hace siete años libran el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y varias comunidades de Cundinamarca, alrededor de un proyecto que afectaría parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, termina siendo una decisión que, de momento, distribuye por igual desconcierto entre las partes.
Se trata de la Resolución 01058, expedida el 12 de junio, que le dio luz verde al proyecto de interconexión eléctrica Chivor II, que contempla una inversión de US$100 millones, para instalar 289 torres a lo largo de 162 kilómetros, pasando por 13 municipios de Cundinamarca y siete de Boyacá. Sin embargo, negó el permiso para una obra clave y uno de los puntos de discordia: la Subestación Norte, en Gachancipá.
La licencia permite obras en Chocontá, Gachancipá, Machetá, Cogua, Madrid, Nemocón, Sesquilé, Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, Tibirita y Zipaquirá, en Cundinamarca, y de Garagoa, Guateque, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Sutatenza y Tenza, en Boyacá. Además, el aprovechamiento forestal de casi 830 mil metros cúbicos.
Si bien la decisión parece ser más favorable al GEB, al aprobar el plan casi como se presentó, lo cierto es que el tener que repensar el sitio de la subestación y hacer nuevos estudios ambientales no solo abre la posibilidad de que el trazado toque menos la reserva, sino que le da a la comunidad algo importante para su lucha legal: tiempo.
Y no es que las comunidades se opongan a mejorar la infraestructura, recalcan. Reconocen las buenas intenciones de querer garantizar la seguridad energética en el centro del país. La inconformidad siempre ha sido que, pese a los llamados para buscar rutas diferentes, con mínimo impacto ambiental, la empresa insistió en su idea.
Eso llevó a una larga historia de choques. Hoy, que la ANLA expidió la licencia ambiental, los que le han hecho seguimiento dicen que posiblemente hay fallas de trámite, que serán la punta de lanza para impulsar un proceso administrativo, para que se revoque el permiso. La esperanza es que, esta vez sí, se obligue a plantear una ruta que respete la zona de protección.
El conflicto
El conflicto entre las comunidades y el GEB comenzó en 2013. Ese año se supo que, de los 160 kilómetros del trazado del proyecto, los primeros 56 kilómetros (Tenjo-Gachancipá) contemplaban torres en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá. La idea generó malestar porque, fuera del impacto ambiental, obligaba a restarle terreno a la zona de protección. “Ese año acababan de quitarle a la reserva 100 mil hectáreas y justo el GEB radicó el proyecto”, relató María Pardo, miembro del consejo de Prosubachoque.
“Para tramitar la licencia ambiental debía presentar un estudio de alternativas de trazados, pero todas las planteó por la reserva, que son terrenos más baratos, pese a su incalculable valor. Si bien desde el comienzo la comunidad pidió que los cambiara, la empresa insistió. Ahí comenzó un desgaste en las relaciones con la comunidad”, agregó Pardo.
Los ánimos se caldearon a finales de 2014, cuando la ANLA avaló el trazado propuesto por el GEB, argumentando que era el de menor impacto, ya que otras rutas tenían más restricciones prediales y más limitantes ambientales y sociales. Al parecer, se desconoció un informe de la CAR que decía que el trazado, si bien afectaba a menos habitantes, tenía más impacto en la reserva (46 %) y en áreas de importancia para la biodiversidad.
Desde entonces avanzó un accidentado trámite para la expedición del permiso de la ANLA. El GEB presentó en agosto de 2016 el estudio de impacto ambiental, con lo que se activó el proceso. Y pese a que no debía tardar más de 90 días, se dilató por la falta de documentos. Por ejemplo, como el proyecto cruza por una reserva, necesitaba concepto de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente para la sustracción, así como permisos de las corporaciones autónomas regionales.
El Minambiente se demoró y la ANLA suspendió el trámite en febrero de 2017, hasta que existiera la autorización de sustracción. La sorpresa para la comunidad fue mayor cuando descubrieron que el proceso continuó sin un auto que lo anunciara. Aunque la Procuraduría pidió explicaciones a la ANLA, la respuesta fue que el auto de suspensión había sido claro en determinar que una vez el GEB entregara documentos, el proceso seguía.
En 2018 y 2019 el GEB consiguió los permisos de las corporaciones autónomas y la autorización del Ministerio para la sustracción de la Cuenca Alta del Río Bogotá. La comunidad, mientras tanto, pidió la revocatoria del permiso y presentaron una acción popular. En medio de trámites, audiencias y reproches, fue creciendo este choque que termina con la expedición de la licencia.
La acción popular
Aunque las esperanzas de la comunidad estaban en la acción popular, en la que denunciaron los posibles efectos del proyecto sobre el río Bogotá, esta no frenó la obra. En octubre pasado el Tribunal de Cundinamarca reconoció la importancia del proyecto de infraestructura, pero reprochó el sitio elegido para la construcción de la Subestación Norte, en Gachancipá. Tras la inspección al terreno dijo que la obra podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema de la cuenca del río y para los pobladores, por las recargas de las corrientes de agua y de las quebradas del cerro Santuario.
“Sobre el predio es preciso destacar que está en el valle colindante con el cerro Santuario, fuente de varias quebradas que alimentan el río Bogotá. Las aguas recogidas por el cerro son redistribuidas por un entramado de quebradas que, si bien en época de estiaje no está cubierto de agua, en invierno sí lo está y sirve como zona de descargas de las quebradas del río”. Para el tribunal la conclusión fue que Gachancipá sí era la alternativa de menor impacto para la subestación, aunque no el predio elegido.
Y agregó: “La construcción de la subestación debe corresponder a criterios técnicos como al desarrollo sostenible, por lo que se determina que no contó con criterios y consideraciones ambientales. En esas circunstancias, no se requiere ahondar al respecto acerca de que la licencia ambiental no se puede conceder para la subestación en el mencionado predio sino en la zona contigua que fue materia de la inspección judicial por ubicarse en una cota más alta que la del río Bogotá”.
Este pronunciamiento tuvo efectos sobre la licencia ambiental. La ANLA, en la resolución del pasado 12 de junio, le negó permiso para la Subestación Norte, ubicada en la vereda San José, de Gachancipá. La razón: el lote no es apto para el tipo de obras. A estos se suma que el GEB, en todo el trámite, nunca presentó alternativa para esta obra, clave para la expedición de la licencia. Por esto, para poder completar el proyecto como estaba previsto, la empresa debe hacer un estudio, excluyendo el predio inicial, y lo debe hacer público antes de tramitar la licencia para que la comunidad puedan opinar.
Sobre la decisión, el Grupo de Energía indicó que, de momento, está analizando el pronunciamiento de la ANLA, y sobre el proyecto agregó que se trata de una iniciativa que definitivamente busca mejorar el servicio para el centro y oriente de Colombia, que concentra el 25 % de la población y representa el 32 % de la demanda de energía eléctrica del país, la cual podrá incrementarse “con el ingreso de más transporte sostenible, cables aéreos y vehículos eléctricos, además del crecimiento en las zonas industriales de Cundinamarca. El proyecto Norte ayudará a satisfacer esas solicitudes y mejorar la calidad de vida”.
Los detractores, por su parte, indican: “Todo este proceso ha tenido un pésimo manejo en términos sociales, creemos que hay un mal manejo de la ANLA y que hay vicios de procedimiento. Por eso vamos a pedir la nulidad de la licencia. Las autoridades de los municipios por donde pasa la red están analizando el paso a seguir”, concluyó Pardo, consejera de Prosubachoque. A pesar de que hay licencia, es claro que el pleito seguirá.