La grieta de la discordia

Cuando los vecinos de doña Amparo Rodríguez* le preguntaron si el robo del que había sido objeto el sábado 24 de octubre era producto de las filmaciones que le habían hecho a su apartamento el día anterior, ella respondió que no lo sabía con certeza, que era probable. A la mañana siguiente, por todo el conjunto residencial de Hayuelos se comentaba en tono de policía, que el delito había sido un hecho casual. Algún suspicaz alcanzó a decir, en voz muy baja, que en un país como éste en el que todo el mundo intentaba sacar provecho de todo, no era extraño que alguien se inventara un robo después de los sucesos de la semana anterior.

Los sucesos comenzaron a escribirse un mes atrás. A finales de septiembre, la administración del conjunto pegó en la recepción un documento de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el que se le informaba a la comunidad que "como era de su conocimiento, sobre la venida del ferrocarril, entre carreras 87C hasta la 94ª, se inició en días pasados el levantamiento de actas de vecindad a los predios contiguos a esa vía principal". Las obras, de carácter estructural según el comunicado, consistían en la "rehabilitación de los tramos rojos de la malla vial arterial principal y complementaria al grupo 2 en Bogotá D.C.".

El contrato, referenciado por el IDU con el número 160-2006, le fue adjudicado al Consorcio C&C 045. En la notificación a la comunidad, la circular incluía una dirección electrónica a la que los residentes podrían escribir en caso de algún tipo de reclamo. "Sin embargo, los correos electrónicos salían y salían, pero nunca hubo respuesta", dijo uno de los vecinos. Sus quejas, avaladas por el administrador del conjunto, Alfonso Guerrero, así como las de muchos otros, tenían que ver con distintas incongruencias entre la información que se les había brindado a ellos y lo que decía la ley.

"Es bueno aclarar que en la publicidad hacen referencia a que se realizará un reparcheo en la Avenida del Ferrocarril, pero no es claro el por qué si es sólo reparcheo, deban levantar actas de vecindad", se preguntaba Guerrero. La resolución 991 del Dama estableció que las actas de vecindad tienen como objetivo registrar el estado de los predios ubicados en el área de influencia de un proyecto, según el tipo de intervención, con el fin de resarcir a los propietarios de los inmuebles en caso de que se presentaran averías. Sin las actas sería imposible determinar el grado de avería en una casa, por ejemplo. No obstante, los residentes de Hayuelos aducen que hay dos tipos de actas, las de construcción y las de rehabilitación. Si el trabajo que C&C 045 piensa realizar en el conjunto es una simple rehabilitación, se preguntan por qué tenían que levantar actas de construcción. Es decir, tomando fotografías y filmando el interior de los apartamentos.

Por otra parte, Guerrero y compañía reclamaba que los contratistas habían llegado con volantes que repartieron por debajo de las puertas de los apartamentos, informando que se haría una obra en la Avenida 1o. de Mayo, ubicada a más de 20 cuadras de Hayuelos. La resolución del Dama especifica que "el Contratista deberá entregar a la Interventoría la programación del levantamiento de las actas en la cual especifique fecha, direcciones, hora y responsable del levantamiento, para su correspondiente aprobación cinco (5) días antes de la fecha de inicio del levantamiento de las mismas". Este punto tampoco se respetó, pues el comunicado de información a la comunidad no estaba fechado. Ante los reclamos, la doctora Carmen Elena Lopera, directora técnica de construcciones del IDU, dijo que las actas se hacían para proteger a la vecindad. Sobre las obras que se deben realizar, sometidas a polémica pues los vecinos dicen que no es necesario intervenir las estructuras, informó que "a través de un grupo de investigación y desarrollo de planeación, hacen una evolución técnica de las vías, para eso se realiza una metodología como la medición del índice de rugosidad, la transferencia de carga, para determinar el estado de la estructura y el índice estructural de la vía. Técnicamente hay unas tablas en donde se determina si hay que intervenir o no".

El conflicto aún no cesa. Los vecinos dicen que no han visto maquinarias ni letreros por la zona, y aseguran que en la Secretaría de Movilidad no han dado la autorización correspondiente. La señora Rodríguez instauró su demanda por robo, sin entrar en especificaciones.

*Nombre cambiado a petición.