Desde hace años el nombre del abogado Jorge Enrique Garzón ronda por los despachos del Distrito, en especial las secretarías de Salud, Jurídica, Hacienda y General, así como el despacho del alcalde a donde llegan comunicaciones, tutelas y derechos de petición reclamando el pago de sentencias laborales contra el sistema de salud capitalino. Son 500 fallos que ordenan el pago de casi COP 60.000 millones a favor de excontratistas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Una lucha justa por los derechos de los trabajadores o un negocio que aprovecha la precaria condición de los contratistas de la red pública?
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Los extrabajadores
Ser contratista puede ser un rol desagradecido. O eso sienten extrabajadores como Sandra Jaime, tras 21 años en el sector salud; Doris Valero, quien estuvo 15 en el Hospital de Meissen (pasó de lavandería a auxiliar de ginecología); Ana de Narváez, que ingresó al Meissen en 1996 y terminó sirviendo en quirófanos, o Fabián Murillo, quien por 25 años fue técnico de servicios farmacéuticos en Meissen, La Victoria y Vista Hermosa, convencido de que su labor era igual a la de los empleados de planta.
Cada testimonio narra lo que vivieron muchos contratistas antes, durante y después de 2017, cuando el sistema distrital de salud se reorganizó en cuatro subredes: Sur, Norte, Suroccidente y Centro-Oriente. Narváez cuenta, por ejemplo, que tras su ingreso a Meissen vivió años duros, como cuando un fraude interno provocó crisis y retrasos salariales. “Seguí trabajando, porque mi hijo, enfermo de cirrosis, dependía de mí”.
Luego de años de inestabilidad administrativa, en 2017 llegó la creación de las subredes, en la administración de Enrique Peñalosa. “Vinieron despidos masivos. Solo dejaron a los de planta”. A ella la reintegraron gracias a una tutela, pues le faltaban dos años para pensionarse, lo que la protegió un tiempo. “Luego volvieron a terminarme el contrato”.
Murillo Parra demandó cuando comprobó que, pese a llevar años con contratos continuos y cumplir horarios, nunca fue nombrado ni recibió las garantías laborales que la Constitución exige. Han pasado ocho años desde que un juez reconoció sus derechos y ordenó al Estado pagarle, pero el fallo sigue sin cumplirse. “Nos adeudan y ni siquiera llaman a conciliar”.
Fabio Galvis dice que, aunque su cargo nunca cambió en el Meissen, asumía responsabilidades de nivel profesional, porque creía que así podía crecer. En 2016 lo despidieron. Hoy, a sus 46 años, está lesionado tras un atropellamiento, no consigue empleo y perdió la casa familiar por deudas. Ahora pide que el Distrito pague lo que ordenaron los jueces: “No quiero conciliar. Ya nos quitaron demasiado”.
Aunque son miles, hablamos con al menos 10 excontratistas cuyas historias coinciden en dos cosas: que quedaron “marcados” por haber demandado, siendo excluidos del mercado laboral y que sus casos están en manos del abogado Garzón, quien desde hace 15 años representa a los extrabajadores.
El abogado
Garzón llegó a este caso de una manera inusual: una cita en una funeraria de Ciudad Bolívar. Trabajadores del Hospital Meissen lo citaron allí, por temor a ser vistos. “Estaban despidiendo a contratistas de años sin razón y con evidencias de que estaban subordinados”. Su estrategia fue clara: primero lograr que un juez declarara la existencia del vínculo laboral y les reconociera derechos como prestaciones y seguridad social. Luego, adelatar un proceso para obligar al Distrito a pagar.
“Lo primero es solicitar el mandamiento de pago. Con eso, el juzgado requiere a la entidad deudora para que cancele en un plazo, pero los hospitales dejan vencer los términos”. Cuenta que con el tiempo su oficina fue creciendo hasta manejar 2.000 procesos y un equipo de 16 personas, con ocho abogados. “Aunque algunos procesos se pierden, la mayoría se ganan porque se demuestra subordinación y continuidad laboral”.
Hoy defender los derechos de los trabajadores lo ha llevado a liderar, incluso, protestas en diferentes puntos de la ciudad, fuera de “empapelar” al Distrito para que pague. “Cada proceso toma 10 años entre la sentencia inicial y el ejecutivo por incumplimiento”, aclara.
¿Embargos?
Dos autos recientes derivaron en embargos a cuentas distritales del sistema de salud, que suman COP 180 millones, pese a que son inembargables, como lo dicta la Ley 1751 de 2015. Una por casi COP 116 millones a la cuenta de la Subred Sur, por orden del Juzgado 52 Administrativo, como parte del proceso que ganó en 2021 Fabio Cruz. Lo mismo ocurrió con la Subred Centro-Oriente, donde el Juzgado 23 Administrativo decretó un embargo por COP 64 millones a favor de John Jairo Villa. Pese a que ambas subredes alegaron que sus cuentas eran inembargables, la justicia les recordó que las obligaciones laborales y las decisiones judiciales están protegidas.
Si bien ambos precedentes son claros y demuestran hasta dónde están dispuestos a llegar los demandantes, según dice el abogado, “los bancos retuvieron la plata, pero no ha llegado a los trabajadores. Las subredes siguen dilatando y los juzgados deben resolver nuevas objeciones antes de autorizar el pago”.
Las subredes
Al consultar a la Secretaría de Salud, esta nos remitió a las cuatro subredes. La Subred Centro-Oriente evitó pronunciarse, porque su gerente recién posesionada no conoce el estado financiero. La Subred Suroccidente sí entregó cifras: reconoce obligaciones vencidas por más de 200 días y una cartera superior a COP 98.000 millones. En ese escenario, afirma que ha debido priorizar pagos como nómina, contratos de servicios asistenciales, la compra de insumos y medicamentos, y la operación diaria de los hospitales, cuyos costos superan los COP 14.000 millones mensuales. Solo entre enero y agosto lograron destinar COP 578 millones al pago de sentencias.
La Subred Sur, por su parte, admitió no tener disponibilidad presupuestal para pagar, y que los desembolsos dependen del Plan Anual de Caja de la Secretaría de Hacienda. La Subred Norte no respondió, pero en un derecho de petición, que conoció este diario, señaló que, aunque tienen voluntad de cumplir las sentencias judiciales, no han podido hacerlo por falta de apropiación presupuestal y, sobre todo, por la ausencia de flujo de caja. Señala que atraviesa una “crítica situación financiera, provocada principalmente por el incumplimiento y la demora de las EPS en pagar los servicios prestados”.
En suma, las subredes confirmaron que el Distrito no tiene capacidad para cumplir las sentencias, pese a los fallos judiciales y los embargos en marcha. El abogado Jorge Garzón advierte que “lo que está en riesgo no es solo que embarguen una cuenta, sino que los hospitales terminen paralizados. Cuando una entidad pública desacata fallos, los jueces pueden ordenar embargos sucesivos, incidentes de desacato. Las subredes creen que no pagar es más barato, pero cada mes que pasa los intereses moratorios y las costas judiciales multiplican la deuda. Y eso al final lo paga Bogotá entera”.
Ante las acreencias, las historias detrás de estas sentencias muestran el tamaño de la deuda humana. Están los casos de Sandra Jaime, Doris Valero, Fabián Murillo Parra, Ana de Narváez, Fabio Galvis y otros tantos trabajadores que sostuvieron programas de salud pública sin estabilidad laboral, o extrabajadores como John Jairo Villa, que solo lograron el pago después de embargar cuentas oficiales. Y en medio de esa tensión, amplificada por la situación financiera actual de la salud distrital, tarde o temprano, tendrá que responder a esta otra obligación, que con los años se se está convirtiendo en una deuda social.
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Por Juan Camilo Parra
