La ilusión de una mejor vivienda que terminó entre escombros y abandono

Marcos Guantiva guarda en su celular la evidencia del deterioro de su casa, en el barrio Potosí (Ciudad Bolívar). El 18 de marzo, en un fuerte aguacero, mientras caminaba por pasillos con muros a medio construir, grabó cómo el agua se entraba, así como un arrume de materiales tirados en una de las habitaciones.

“Todos los días estoy pendiente. No puedo dejarla olvidada. Voy y saco toda el agua inundada porque quitaron las tejas de zinc. Es muy triste. Nadie me va a reponer eso”, lamenta Don Marcos.

Él hizo parte de las familias “beneficiadas” con el programa Plan Terraza, piloto que lideró la Secretaría de Hábitat y su entidad adscrita, la Caja de Vivienda Popular, en la pasada administración.

Las obras en la casa de Marcos comenzaron en julio de 2023 y, a pesar de que el Distrito le dijo que no tardarían más de 10 meses, van 20 y no han terminado. La situación lo afecta económicamente pues, ha tenido que asumir meses de arriendo ante, dice, el retraso del apoyo mensual de $500.000 que le prometieron.

“Vivíamos tranquilos. Estaba bien pintada y en orden. Era la satisfacción de saber que tenía mi techo luego de llegar del trabajo. Estábamos ilusionados y mire como está ahora. Dejaron abandonada la obra. Es muy frustrante”, denuncia.

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Según la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD (2021), más del 30% de la ciudad se ha desarrollado en condiciones de informalidad y precariedad. Por lo que el programa Plan Terrazas, tenía como objetivo, “reconocer y legitimar los hábitats populares y generar un impacto en la calidad de vida de los beneficiados”, incluso, con la proyección de que el plan se trasladara a otros municipios del país.

El proyecto era claro a nivel social y técnico en 1.250 viviendas de San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, que no superarán su valor catastral de $131 millones: el mejoramiento estructural, mejoramiento de las condiciones del primer piso y/ construir placas para que se pueda seguir construyendo segundos pisos, “dejando las condiciones establecidas”. Asimismo, la posibilidad de generar nuevos ingresos (por el arriendo de la nueva habitación o local), la reducción del riesgo de desastre por eventos naturales o climáticos, disminución de filtraciones durante las lluvias, entre otros.

Sin embargo, detrás del programa hoy existe un cúmulo de denuncias similares a las de Marcos. Entre ellas, la de Elizabeth Tello, madre cabeza de hogar y veedora ciudadana del Plan Terraza en Usme, quien señala que ha tenido que gastar de su bolsillo más de $5 millones para arreglar lo que dañaron.

“Tenían que echar la placa y hacer un apartaestudio en el segundo piso. Pero estoy en peores condiciones que cuando les entregué la casa. Hace 8 meses estoy acá. Ya estoy sufriendo de filtraciones al primer piso. Mi hija y mi nieto tuvieron que irse porque el piso ahora está rústico y lleno de polvo. No entiendo en que se gastaron mi subsidio de $63 millones 800 mil”, cuestiona.

O la de Amparo Ruiz, madre de dos hijos y guarda de seguridad. Su vivienda, como la de Elizabeth, también fue escogida en el barrio Alfonso López. Tras esperar año y medio la entrega de su casa, tuvo que sacar un préstamo de 32 millones de pesos para arreglar y reforzar lo construido. “Fue ahí cuando nos dimos cuenta que las tuberías no estaban ni siquiera conectadas a la caja de agua. No quedó una instalación de luz. Mi piso que tenía baldosín tipo ladrillo, lo destruyeron. Redujeron el espacio de las habitaciones. Nunca me informaron. Cada maestro hacía una cosa diferente. Si me hubieran dado esos recursos, hasta habría arreglado mucho más. ¿Dónde están los $65 millones?”, reclamó.

Sus casos ya están en la mira de las autoridades. En el caso puntal de Elizabeth y Amparo, sus casas hacían parte de las 105 viviendas, en Usme y San Cristóbal, que debía intervenir el Consorcio Vivienda Progresiva, a la cual el Distrito le adjudicó el 29 de diciembre de 2022 un contrato por $5 mil 775 millones y 10 meses de plazo. Sin embargo, la Contraloría de Bogotá encontró que el contratista no solo incumplió, sino que abandonó las obras. Todo, según el ente de control, por falta de vigilancia del Distrito.

“La falta de control y seguimiento de la supervisión y del Cómite Fiduciario de la Caja de Vivienda Popular, para requerir en tiempo real a la fiduciaria Bancolombia y esta a su vez al Consorcio Vivienda Progresiva con fundamento en los informes de la interventoría sobre los retrasos de la obra, generaron el incumplimiento de las cláusulas contractuales”, se lee en el documento.

Y es que para la ejecución de este plan piloto, los recursos disponibles provinieron de la Secretaría de Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular con un monto total de inversión de $55.689.065.144 para el periodo 2020-2024, a través de la suscripción del contrato 14352-784 de 2021 celebrado entre las dos entidades y la Fiduciaria Bancolombia S.A.

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Según el informe de Auditoría independiente a cargo de las Oficinas de Control Interno de la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular 2024, la meta de intervenir 1.250 viviendas “pudo haber sido demasiado ambiciosa al no haber realizado un estudio a pequeña escala que facilitara la identificación, viabilidad, duración, costos, limitaciones y adversidades del proyecto”. Cuenta de ello, es que según la auditoría, con corte a junio de 2024, del total de la meta, solo lograron el 22 % con la entrega de 276 viviendas a satisfacción.

Abandonados

La ejecución del plan piloto estuvo a cargo de la Caja de la Vivienda Popular, entidad que en la Alcaldía de Claudia López (2020-2023) tuvo dos directores: Juan Carlos López, por tres años, y Javier Andrés Baquero, el último año de administración. Ante los cuestionamientos, el primero en responder fue López, quien dijo que ellos dejaron correctamente estructurado el programa.

Sobre el bajo número de viviendas entregadas a satisfacción, respondió que al plan piloto “le tuvieron que haber hecho ajustes; respondiendo a las familias con el diseño técnico de las licencias, y construcción de calidad (...) Sí, 1.250 era ambicioso, pero había que hacerlo porque hay que incorporar la construcción informal”. Y concluyó: “Reforzar una casa cuesta mucho. Lo único que corregiría, sería entregarles los subsidios a las personas, pero legalmente no se puede. Tenemos que crear el marco jurídico para hacerlo”.

Por su parte, Baquero habló de los contratos y su ejecución. Aseveró que de los cinco contratos que adjudicó en 2023, “ya entregaron todas las viviendas”. Respecto a los otros contratos adjudicados en 2022, indicó que tuvieron que hacer una adición. Puntualmente, con los grupos de trabajo con más problemas se activaron las pólizas de incumplimiento y en el caso del grupo 6, que hoy sigue con líos, “no alcanzamos a asignar otro contratista y quedó pendiente por resolver (...)”.

Hoy, la Caja de la Vivienda Popular está a cargo de Juan Carlos Fernández, quien hizo un balance del Plan Terrazas: 1.067 unidades fueron contratadas, con 958 asignaciones de subsidio, es decir, 109 hogares se contrataron sin tener ese recurso económico; 441 unidades fueron entregadas (114 en la pasada Alcaldía y 297 en 2024); 76 están siniestradas, es decir, abandonadas por los contratistas; 239 renunciaron, fallecieron o hubo pérdidas ejecutorías, y 232 pasaron al nuevo programa. “Si encontramos muchas dificultades. Hemos hecho más de 300 visitas sociales y un seguimiento a verificación de las obras. Es importante decir que todo quedó contratado en la anterior administración. Nosotros solo llegamos a revisar, mejorar la estructuración y ejecutar lo que ya estaba contratado”.

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Fernández detalló que a la fecha, tienen cuatro demandas radicadas ante el Tribunal de Cundinamarca; tres procesos abiertos por incumplimientos, y uno con acciones legales, contra los grupos 2, 3, 6, 10 y 11. “No todas las viviendas contratadas en 2023 se han entregado. Solo se terminaron 243 de los grupos 7-8-9. 101 viviendas deben terminarse este semestre. Y en octubre, el contratista del grupo 10 (34 viviendas en Rafael Uribe Uribe) abandonó la obra. En el grupo 11 estamos comenzando acciones judiciales, pero a estas familias no se les empezó las obras ni fueron sacadas de sus casas. Estamos recuperando esos recursos públicos”, indicó.

Sobre el proceso de contratación del grupo 6, mencionado en los casos de la señora Elizabeth y Amparo, la Caja de Vivienda Popular, señaló que “primero fue el diagnóstico y ahora está el proceso de contratación de obra e interventoría”.

Esta nueva administración, aseguró que no seguirá con el Plan Terraza y, por el contrario, este año tienen el objetivo de “cerrar ese capitulo”. Esto con el fin de enfocarse en su programa de mejoramiento de vivienda que espera llegar a 12 mil unidades durante este cuatrienio.

Aun más ambicioso, Fernández dice tranquilo que no se repetirán errores del pasado, pues esta apuesta, junto a la Secretaría de Hábitat, plantea que las familias no tengan que salir de sus casas y por máximo un mes, se lleven a cabo arreglos de pisos, cubiertas, baños y demás, con subsidios desde los 15 hasta los 55 salarios mínimos.

Hoy 76 familias siguen esperando la entrega de su casa y otras 74, a que el contratista les responda por la garantías de los trabajos. Ya varios, como Elizabeth Tello, hablan de demandar por los daños y perjuicios, de un programa que los condenó a esperar. Y claro, eso significa pasar todos los días, como hace don Marcos, a revisar como está su casa, con la esperanza de regresar pronto y ejercer su derecho a una vivienda segura, habitable y formalmente reconocida, como la tuvieron hace años, producto del esfuerzo de construirla ladrillo a ladrillo.

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