Las cámaras de detección automática de infracciones, conocidas también como “cámaras cazainfractores” y bautizadas por la administración de Enrique Peñalosa como “cámaras salvavidas”, han tenido un aterrizaje difícil en Bogotá. Primero se demoró su instalación por un tema de trámites y aprobación ante el Ministerio de Transporte. Finalmente esto se solucionó y a finales del año pasado empezaron a funcionar las cámaras, que se trajeron con el objetivo de reducir al máximo la siniestralidad en las vías. Sin embargo, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, con el que se tumbó el concepto de “responsabilidad solidaria”, puso en jaque la operación de esta innovación tecnológica.
La semana pasada, el alto tribunal dejó sin efectos una disposición legal que establecía que, en caso de que un conductor de un vehículo (diferente a su propietario) cometiera una infracción de tránsito, era el dueño del carro quien debía responder por la multa. Es decir, se declaró inexequible la norma que obligaba al propietario del vehículo a pagar una infracción, así no estuviese implicado en el hecho sancionado.
Lo complejo de esta situación es que las cámaras, como ha ocurrido con las innovaciones que tienen que ver con identificación de personas, no están respaldadas por un sistema biométrico que permita saber exactamente quién conducía el vehículo al momento de la infracción.
Más allá de este tema, las cámaras automáticas sumaron así un nuevo cuestionamiento. Recordemos que al principio, cuando estas se instalaron en pequeños municipios y carreteras interdepartamentales, fueron cuestionadas porque se entregaron en concesión a diferentes operadores, que básicamente intentaron generar la mayor cantidad de multas, para así obtener mayores ingresos. Luego, se detectó que algunos municipios estaban sobreexplotando dicha herramienta, usando cámaras escondidas para imponer multas masivas. Tras estos dos antecedentes, Mintransporte tuvo que entrar a regular el tema y a aprobar cada una de las cámaras que se instalaran en las vías del país.
En Bogotá, las dudas sobre esta innovación tecnológica no serían tan graves si no existiera ya un fuerte recelo sobre este tipo de multas. Miremos los datos: según cifras de la Secretaría de Movilidad, en 2019 se impusieron 235.906 comparendos electrónicos, que comprenden tanto las multas impuestas por cámaras de puntos fijos como las que impusieron agentes de tránsito con apoyo de dispositivos tecnológicos.
Por concepto de las multas impuestas, en teoría, Bogotá tendría que haber recibido la no despreciable cifra de $97.281’700.300. Sin embargo, al final del año apenas ingresaron $37.817’289.132 a las arcas de la Secretaría de Movilidad. Es decir, por uno u otro motivo, los infractores dejaron de pagar multas que sumaban un valor de $59.464’411.168.
Dicha evasión, si bien no afecta directamente las finanzas de la ciudad, sí evita que se siga invirtiendo en evitar la siniestralidad en las calles. Esto porque, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, el dinero recaudado por concepto de infracciones de tránsito se debe destinar única y exclusivamente a financiar proyectos de seguridad vial. Es decir, el no pago de las sanciones impacta en que se reduzca la inversión en temas como educación vial, dotación de equipos, infraestructura para disminuir la accidentalidad, entre otros.
Y aunque el Distrito no encuentra relación entre la evasión del pago de las multas y la poca popularidad que tienen las cámaras de detección automática de infracciones, lo cierto es que los conductores tienen cada vez más elementos para controvertir el pago de las sanciones, contribuyendo aún más a que se sigan escapando recursos para mejorar la seguridad vial.
Asimismo, la administración reconoce que por ahora no hay ningún plan frente a la decisión de la Corte Constitucional, pues deben esperar que se aclare la magnitud de la decisión. “Estamos a la espera de que la Corte Constitucional publique la decisión que informa a la prensa sobre la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 1843 de 2017. Por tanto a pesar de que el magistrado ponente de la decisión haya advertido su alcance, esta todavía no tiene efectos jurídicos”, indicó la Secretaría de Movilidad.
Del mismo modo, el Ministerio de Transporte aseguró que están a la espera del fallo, para conocer el sentido y los alcances de la decisión, y resaltó que, a pesar del pronunciamiento de la Corte, el sistema de multas automáticas se mantiene vigente, aunque ahora es tarea del Congreso regular los aspectos que fueron declarados improcedentes. Por último, la entidad destacó que las cámaras son fundamentales para controlar los malos comportamientos en las vías, algo que consideran fundamental para reducir los accidentes, en tanto que la primera hipótesis de las probables causas de los siniestros viales son desobedecer las señales de tránsito y el exceso de velocidad.
Por Redacción Bogotá - Bogota@elespectador.com
