En un terreno de 15 hectáreas, en donde se destacan frondosas zonas verdes, sobresale un edificio gris que algún día fue blanco. La estructura está rodeada por otras 20 edificaciones y juntas fueron el centro de estudios en donde se crearon, por ejemplo, la primera vacuna sintética en el mundo (1986) y la primera contra la malaria (1987).
Actualmente el hospital San Juan de Dios de Bogotá es todo lo contrario a lo que fue en 1723, cuando entró en funcionamiento bajo ese nombre, porque desde antes ya se escribía su historia. En esa época operaba bajo la figura de atención gratuita en salud para los pobres y desvalidos, pero desde 2001, cuando quebró, sitiado por la Ley 100 y lo que serían malas administraciones, pasó a ser motivo de discusión entre quienes se aferran a la historia y quienes quieren darle paso a la modernidad.
Han dicho que pretenden acabar con el patrimonio, que tumbarán los edificios y harán centros comerciales y estéticos, pero en los papeles los objetivos son diferentes. Lo que sí es cierto es que detrás del San Juan de Dios hay una contienda de egos políticos desde hace más de una década, que deja en segundo plano las necesidades colectivas: tener en la capital centros de atención en salud de alta calidad.
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Desde que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá (2012-2015) puso en la agenda pública su deseo de reabrirlo, pero apenas pudo adelantar la gestión de comprar el terreno y poner a funcionar una pequeña unidad de urgencias. En su momento enfrentó un camino empedrado y empinado.
No obstante, ahora en la Presidencia, el tablero de juego parece inclinarse a su favor e incluso varias fichas que creía ajenas podrían jugar de su lado. Según versiones cercanas a la bancada de la Colombia Humana, en las próximas semanas habría una reunión entre el Distrito y el Gobierno, cuyo objetivo sería definir la ruta de trabajo para reactivar el hospital. La buena relación política que existe hoy en día entre la alcaldesa Claudia López y Gustavo Petro sería clave.
Mientras que el Gobierno insiste en no demoler parte del complejo de la salud y más bien restaurarlo, el Distrito tiene el deber de cumplir un contrato que fue adjudicado en la pasada administración, por $467 mil millones, que habla de echar abajo el edificio central, la Unidad de Valoración y Observación (UVO) y la torre docente, para levantar el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) y la Unidad Hospitalaria Especializada en Salud (UHMES) Santa Clara. El contrato solo se puede ajustar si las partes llegan a un acuerdo, y eso es lo que espera ahora el Gobierno Nacional.
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La construcción del nuevo centro médico tardaría 18 meses, mismo tiempo que, dicen los defensores de la idea del gobierno Petro, se demorarían las adecuaciones para ponerlo en funcionamiento. A pesar de los deseos de los mandatarios, es clave la documentación que hay al respecto. Si bien se proponen adecuaciones a los edificios existentes, temas estructurales lo impedirían, como los riesgos de atender pacientes en la torre central, debido a la precaria sanidad que ha tenido, o la dificultad para dotarlo con nuevos equipos médicos, por la distancia entre piso y techo, que actualmente es de 3,10 m, debiendo ser de 4,20 m.
¿Qué dicen los estudios?
Entre 2013 y 2015, la administración Petro contrató unos estudios para la reapertura del San Juan de Dios. La Universidad Nacional fue la encargada de adelantar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), documento necesario para restaurar y reabrir el lugar. Debido a que los estudios tardaron hasta el final de su mandato como alcalde de Bogotá, la validación y aprobación de los documentos se hizo en la alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019). Según indicaron por ese entonces los responsables de los estudios, en la transición de mandato se habrían hecho ajustes, y el más polémico, la eventual demolición de la torre central, pues se habría ajustado el PEMP para recategorizar el edificio y poder intervenirlo con mayor libertad.
A su llegada, la alcaldesa Claudia López les dio visto bueno a los documentos que le dejó Enrique Peñalosa y siguió con el proyecto, hecho que llamó la atención del entonces senador y hoy presidente Petro, quien incluso anunció acciones legales en su contra, que nunca llegaron. Al margen de los encontrones políticos, también están una serie de normas que deben ser tenidas en cuenta para la restauración del centro médico, y por las cuales también hay confusión.
Se trata de la Ley 735 de 2002, en la que se declara al San Juan de Dios (en su totalidad de edificios) como Monumento Nacional, por sus servicios desde el siglo pasado. Frente a esto, vale aclarar que la torre central se construyó entre 1948 y 1952. También está la Resolución 995 de 2016, del Ministerio de Cultura, que aprobó el PEMP para los 24 edificios que integran el San Juan de Dios, en la que clasifica a la torre central en el nivel 3, lo cual permite obras como “ampliación, consolidación, demolición, modificación, obra nueva, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, remodelación y reparaciones locativas”. Pero a principio del estudio contratado por Petro, el edificio central estaba en nivel 2, lo que permite adecuaciones, mas no demoliciones.
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), para validar el estado del edificio, solicitó a la Universidad de los Andes un estudio (2016), el cual también resultó cuestionable, porque habría obviado algunos detalles. La universidad dio tres posibilidades: demoler y reconstruir, por un valor de $10.855 millones, o dos opciones de reforzamiento: una por $14.700 millones y la otra por $10.020 millones, pero la entidad solo habría destacado la de la demolición.
Otro detalle que no ha sido tenido en cuenta, por lo menos no en los estudios en mención, es que actualmente en la torre central existiría cierto grado de riesgo biológico. Por lo menos así lo calificaron funcionarios de la Secretaría de Salud de manera extraoficial. Por lo que, para evitar propagación de enfermedades, la salida más “efectiva” sería tumbar y volver a construir.
Pulso político y factor humano
Era el 5 de enero de 1977 cuando Fabiola Montenegro llegó a la Unidad Materno Infantil del hospital San Juan de Dios. Los dolores de parto la obligaban a pedir ayuda para caminar y los escasos recursos económicos a acudir a un centro médico gratuito en donde pudiera nacer su hija. Dice que la atención fue incomparable y que, gracias a la caridad, no tuvo que pagar ningún procedimiento al que fue sometida. Tres días después estaba en su casa, con su retoño y convertidas en unas de las tantas personas favorecidas por la gestión del hospital.
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Luz Ibed Valencia, en la década de los 90, era enfermera y llegó a trabajar al San Juan de Dios, motivada por la filosofía que promovía el hospital y con la idea de hacer carrera profesional. Prestó sus servicios por unos 20 años, y cuando cerró el centro médico (2001) quedó en la calle. A ella y otros 4.500 empleados les adeudaban salarios de hasta casi tres décadas. Varios de los afectados tuvieron que vivir en la torre central del hospital, porque quedaron en la quiebra.
Fabiola, Luz y los centenares de personas que cada año se reúnen sobre la carrera 10 con calle 1ª, en el centro de Bogotá, para conmemorar un año más del hospital, no se conocen bien, pero están unidas por la misma lucha: preservar la memoria y la tradición. Aunque cada uno tiene intereses particulares, sobre todo económicos, para recuperar los pagos que siguen pendientes, comparten la idea de no sepultar un lugar que promulgó humanidad, investigación y sentido de pertenencia.
“Es importante preservar los edificios, porque es un patrimonio cultural de la ciudad, pero en dónde queda la gente que tanto trabajó y pasó aquí muchos años entregados a los pacientes. Nosotros también necesitamos atención”, resalta Luz Valencia, quien además de ser enfermera ha tenido que hacer las veces de abogada, porque como sigue sin recibir el dinero adecuado por el trabajo que desempeñó, ha recurrido hasta la Corte Interamericana para reclamar lo que por derecho le pertenece. En los próximos meses ese proceso podría alcanzar una eventual negociación, porque el Estado colombiano habría tardado en responder y el silencio administrativo les terminaría dando la razón a los demandantes.
Ella y sus colegas, frente al hospital San Juan de Dios, añoran que, así como existe un debate mediado por intereses políticos, en el cual están en juego el destino de la torre central y la reapertura total del lugar, los dirigentes también se cuestionaran la necesidad y obligación de indemnizar a quienes entregaron media vida a una labor que, dicen, no ha sido remunerada. A la fecha el hospital sigue sumido en un túnel oscuro en el que, por ratos, cuando se aviva la discusión por su destino, aparece una luz que mostraría la salida a una década de pleitos y confusiones en espiral.
Ahora Gustavo Petro podrá materializar esas propuestas que hizo en su campaña para la Alcaldía de Bogotá de 2012 -cuando dijo que el San Juan de Dios era una prioridad- y en una alianza estratégica con Claudia López, cedan en sus intereses políticos para que gane la salud de la capital y el país.