La jugada del uribismo para contener zonas de concentración en Bogotá

Este sábado comienza la discusión formal del proyecto de Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá. Lo primero será la presentación de las ponencias, y de entrada habrá un debate por algo que el alcalde Enrique Peñalosa no incluyó en su propuesta, pero sí quiere meter el Centro Democrático. Diego Molano y Andrés Forero, dos concejales ponentes de la iniciativa, consideran que debe incluirse un artículo que le permita al Concejo autorizar o negar la posibilidad de que en la ciudad se establezca una zona de concentración guerrillera o de reserva campesina.

El artículo reza lo siguiente: “Autorización usos o destinación del suelo. Si los eventuales acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Concejo de Bogotá dentro del marco de sus competencias y en virtud del principio de Autonomía Administrativa”.

De entrada, concejales como Antonio Sanguino (Alianza Verde) y José David Castellanos (Cambio Radical, que avaló al alcalde) rechazan la propuesta, a pesar de que hacen parte de la coalición de gobierno a la que también pertenece el Centro Democrático. No parece haber un ambiente favorable para que la aprueben, pero sí queda abierto el debate.

Diego Molano explica que, aunque apoyan el planteamiento y el rubro que la Alcaldía propone para desarrollar una política de paz en Bogotá, recuerdan que el Concejo está facultado, por medio de la Constitución, para autorizar los usos del suelo en la ciudad. Para sustentarlo se vale, específicamente, del Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto ley 1421 de 1993), que tiene rango constitucional y les da esa función.

La posibilidad de zona de concentración guerrillera, pensada para que un grupo armado como las Farc adelante, por ejemplo, la dejación de armas y su desmovilización, se estableció este año en la Ley de orden público. Pero, a juicio del Centro Democrático, como esta norma no tiene carácter constitucional, al contrario del Estatuto orgánico de Bogotá, debe primar este (y por lo tanto la autoridad del Concejo) a la hora de definir si en la ciudad pueden llevarse a cabo esos procesos con los grupos armados ilegales.

“En los acuerdos de paz se están discutiendo los usos del suelo de los municipios. Pensamos que esa es una función le corresponde al Concejo”, considera Molano, quien agrega que la pretensión es la misma en caso de que se decida crear, finalmente, una zona de reserva campesina en Sumapaz, la localidad 20 del Distrito Capital, que es una petición que distintos sectores sociales vienen haciendo desde hace un par de décadas.

Hay que recordar que el más reciente acuerdo que alcanzaron el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana implica la inclusión de los acuerdos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Este sábado comienza la discusión formal del proyecto de Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá. Lo primero será la presentación de las ponencias, y de entrada habrá un debate por algo que el alcalde Enrique Peñalosa no incluyó en su propuesta, pero sí quiere meter el Centro Democrático. Diego Molano y Andrés Forero, dos concejales ponentes de la iniciativa, consideran que debe incluirse un artículo que le permita al Concejo autorizar o negar la posibilidad de que en la ciudad se establezca una zona de concentración guerrillera o de reserva campesina.

El artículo reza lo siguiente: “Autorización usos o destinación del suelo. Si los eventuales acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Concejo de Bogotá dentro del marco de sus competencias y en virtud del principio de Autonomía Administrativa”.

De entrada, concejales como Antonio Sanguino (Alianza Verde) y José David Castellanos (Cambio Radical, que avaló al alcalde) rechazan la propuesta, a pesar de que hacen parte de la coalición de gobierno a la que también pertenece el Centro Democrático. No parece haber un ambiente favorable para que la aprueben, pero sí queda abierto el debate.

Diego Molano explica que, aunque apoyan el planteamiento y el rubro que la Alcaldía propone para desarrollar una política de paz en Bogotá, recuerdan que el Concejo está facultado, por medio de la Constitución, para autorizar los usos del suelo en la ciudad. Para sustentarlo se vale, específicamente, del Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto ley 1421 de 1993), que tiene rango constitucional y les da esa función.

La posibilidad de zona de concentración guerrillera, pensada para que un grupo armado como las Farc adelante, por ejemplo, la dejación de armas y su desmovilización, se estableció este año en la Ley de orden público. Pero, a juicio del Centro Democrático, como esta norma no tiene carácter constitucional, al contrario del Estatuto orgánico de Bogotá, debe primar este (y por lo tanto la autoridad del Concejo) a la hora de definir si en la ciudad pueden llevarse a cabo esos procesos con los grupos armados ilegales.

“En los acuerdos de paz se están discutiendo los usos del suelo de los municipios. Pensamos que esa es una función le corresponde al Concejo”, considera Molano, quien agrega que la pretensión es la misma en caso de que se decida crear, finalmente, una zona de reserva campesina en Sumapaz, la localidad 20 del Distrito Capital, que es una petición que distintos sectores sociales vienen haciendo desde hace un par de décadas.

Hay que recordar que el más reciente acuerdo que alcanzaron el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana implica la inclusión de los acuerdos en el ordenamiento jurídico colombiano.