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La inseguridad se ha convertido en una problemática habitual en Bogotá. Gran parte de los habitantes vive con el temor constante de perder sus pertenencias en atracos o hechos violentos. Según la Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 69,3 % de los ciudadanos considera que la inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta la capital.
El Distrito, en articulación con la Policía Metropolitana, adelanta esfuerzos para garantizar que los bogotanos puedan transitar con tranquilidad. El alcalde Carlos Fernando Galán ha promovido el plan distrital Bogotá Camina Segura, estrategia orientada a la reducción de delitos como hurto, homicidio, extorsión y violencia de género. Para alcanzar los objetivos, propone acciones que combinan seguridad, bienestar social y participación comunitaria.
Entre las principales medidas está el fortalecimiento de la presencia policial en los barrios; la instalación de cámaras y sistemas de monitoreo inteligente; la mejora del alumbrado público, y la recuperación del espacio peatonal. A esto se suman programas sociales dirigidos a jóvenes y poblaciones vulnerables, que pueden verse expuestas a dinámicas delictivas. La estrategia, además, promueve la participación comunitaria en la toma de decisiones y en la construcción de entornos seguros, para recuperar la confianza de los ciudadanos.
En este contexto, la localidad de Antonio Nariño se ubica como la novena localidad más segura de Bogotá (de 20), según un estudio de la Fundación ProBogotá. El informe analiza indicadores como percepción, incidencia delictiva y resultados operativos de la Policía. Aunque aparece en una posición media del ranking, enfrenta retos persistentes con el hurto a personas y a residencias, que siguen siendo las principales preocupaciones de sus habitantes.
Allí, uno de los sectores donde se percibe mayor inseguridad es el barrio Restrepo. Según el Concejo de Bogotá, este sector concentra el 58,3 % de la actividad económica de Antonio Nariño, lo que lo convierte en un punto atractivo para la delincuencia. A esto se suman zonas de entretenimiento nocturno —bares, discotecas y moteles—, que impulsan la economía local y atraen visitantes de otras partes, pero también generan riesgos asociados al consumo de alcohol, la concentración de público y la posibilidad de riñas o tráfico de sustancias psicoactivas.
No obstante, vale resaltar que también cuenta con dos barrios donde la percepción de seguridad es significativamente más alta: Villa Mayor y Ciudad Jardín. Este último es reconocido por la Secretaría de Integración Social como el barrio más seguro del sur de Bogotá. Ubicado entre el río Fucha, la Avenida Primero de Mayo, la carrera Décima y la Avenida Caracas, Ciudad Jardín es considerado uno de los mejores sectores de Antonio Nariño.
El barrio destaca por sus calles amplias, andenes cómodos, zonas verdes, buena iluminación y un frente de seguridad organizado por habitantes y comerciantes, que vigila permanentemente el sector y reporta de inmediato a las autoridades cualquier comportamiento sospechoso. El resultado es un entorno barrial tranquilo, donde el corazón verde del parque central refleja la convivencia y la sensación de bienestar de la zona.
Cifras de seguridad en Antonio Nariño
Los delitos de alto impacto, como el hurto a personas, residencias o vehículos continúan afectando la percepción de seguridad en Bogotá. Aunque en Antonio Nariño los homicidios son poco frecuentes, estos delitos cotidianos hacen sentir a la gente vulnerable, modificando sus hábitos: con el tiempo se aprende a caminar con precaución, a desconfiar del entorno y a convivir con el miedo como parte de la rutina diaria.
Como consecuencia, se reduce el uso del espacio público —parques, zonas verdes y senderos peatonales— y aumenta la desconfianza hacia las instituciones responsables de la seguridad, como la Alcaldía Mayor, las alcaldías locales y la Policía Nacional. Y no es para menos, pues a pesar de ser la novena localidad más segura de la capital, los retos persisten. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 2025 se denunciaron los siguientes delitos de alto impacto en la localidad:
En la localidad, el hurto a personas se consolida como el de mayor incidencia, con 1.699 casos registrados en 2025. Le siguen el hurto de celulares, que alcanzó 503 denuncias, y la violencia intrafamiliar, con 329 casos reportados. En contraste, los homicidios presentan cifras bajas, con siete registros este año, lo cual refuerza la idea de que Antonio Nariño es una zona relativamente tranquila frente a otras zonas de Bogotá. Pero la persistencia de delitos cotidianos —especialmente los hurtos— continúa afectando la confianza.
En detalle, el hurto a personas en la localidad ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. En 2023 se registraron 2.489 casos, cifra que descendió notablemente en 2024, con 1.694 reportes. Sin embargo, en 2025 se viene dando un aumento, alcanzando 1.699 casos en un año que aún no termina. Esta ligera alza refleja que, pese a los esfuerzos de las autoridades, falta mucho por hacer.
Del mismo modo, el hurto de celulares ha sido una de las preocupaciones. En 2022 se reportaron 956 casos y en 2023 la cifra descendió a 891. No se cuenta con información oficial para 2024, pero en 2025 los registros muestran una baja considerable: 503 casos. Aun así, este delito continúa siendo una modalidad común, especialmente bajo la forma del “raponazo” en zonas de alta circulación como la zona comercial del barrio Restrepo.
Los casos de violencia intrafamiliar también afectan la tranquilidad. En 2023 se registraron 315 casos, mientras que en 2024 fueron 271. Durante lo que va de 2025 ya se han reportado 329 situaciones, lo que representa un incremento del 21 % frente al año anterior. Este aumento evidencia que, además de los delitos en las calles, persisten conflictos al interior de los hogares, que requieren una atención más profunda.
En cuanto a los homicidios, Antonio Nariño destaca históricamente por registrar una de las cifras más bajas de la ciudad. En 2023 se presentaron 12 casos; en 2024, la cifra descendió a 8; y en 2025 se han contabilizado 7 homicidios. Adicionalmente, desde septiembre solo se ha reportado un caso, correspondiente a un hecho de sicariato ocurrido el 31 de octubre.
Edil hace un balance de inseguridad:
Víctor Silva, edil de la localidad y miembro del Pacto Histórico, realizó un balance, analizando los avances y los desafíos. En sus palabras, existe una creciente percepción entre los habitantes y señala como uno de los factores el consumo de estupefacientes en parques públicos, fenómeno que afecta a los adultos mayores, población mayoritaria. A esto se suman el vandalismo y la acumulación de basuras en algunos sectores, elementos que deterioran el entorno.
También menciona que en las zonas de rumba se presentan situaciones asociadas al consumo de alcohol y al movimiento nocturno, que influyen en la percepción ciudadana. Silva subraya que muchos de los problemas de inseguridad responden a dinámicas generales de la ciudad. Aun cuando Antonio Nariño es una zona altamente comercial e industrial, explica que es difícil evitar completamente los delitos.
Ante el modelo actual de seguridad impulsado por la Alcaldía Mayor, el edil considera que “la forma en que se está planteando es equivocada y debe tomar otras aristas”. A su juicio, para enfrentar los problemas del territorio es fundamental la creación y fortalecimiento de frentes de seguridad, con herramientas cercanas a la comunidad. “Deben existir alarmas y mecanismos que acerquen al ciudadano a las autoridades; así la comunidad puede blindarse en lugares donde no se percibe presencia policial”, afirmó.
Sobre la seguridad a nivel distrital, Silva sostiene que una de las formas más efectivas de reducir los delitos es ampliar el acceso de los jóvenes a la educación y promover el empleo formal para evitar que caigan en actividades delictivas. “Eso es lo primero que hay que hacer”. También insiste en la necesidad de atender integralmente la habitabilidad en calle. “Si el habitante de calle genera inseguridad, así sea pequeña —un cable, un medidor, un aviso, una chapa—, esto se podría combatir interviniendo de manera estructural el problema. No se soluciona desplazando a esta población”, señaló.
El edil considera que reforzar los frentes de seguridad barriales sería decisivo para reducir los actos delictivos en la localidad. “Si tuviéramos unos 100 o 200 frentes de seguridad que unieran a los vecinos de cada cuadra, empezaríamos a dialogar y a construir cosas positivas: embellecer el entorno, planear actividades en Navidad, promover encuentros y ser más solidarios. Con eso la situación mejoraría mucho”, aseguró.
En cuanto al trabajo de la Policía Nacional, Silva es crítico: “No hay suficientes efectivos y el modelo de cuadrantes ya no funciona. En mi opinión, hay un fracaso. No es suficiente y no responde a las necesidades de la localidad. Hay deficiencias profundas y estructurales en la Policía”, concluyó.
Año tras año, la Junta Administradora Local gestiona el Plan Operativo Anual (POA) para definir cómo se invertirá el presupuesto destinado a la localidad. En materia de seguridad, una parte de estos recursos se orienta al fortalecimiento de la estación de Policía, tanto en infraestructura como en dotación. De igual manera, se destinan fondos para la compra y mantenimiento de vehículos, con el fin de mejorar las condiciones operativas de los uniformados y ampliar su capacidad de respuesta en el territorio.
La seguridad va mejorando: Galindo
Carlos Galindo Avendaño, encargado del manejo de la seguridad en la Alcaldía Local de Antonio Nariño, explicó la situación en el territorio, y resaltó que la modalidad más común es el “raponazo”, que consiste en arrebatar de manera rápida y sorpresiva objetos personales —principalmente celulares— a peatones desprevenidos. También mencionó que la mayoría de los robos ocurren en horas pico y en sitios de alta afluencia, momentos en los que los delincuentes aprovechan el flujo de personas para realizar hurtos sin necesidad de usar violencia.
En cuanto al hurto de motocicletas y automotores, sostiene que “la Policía ha venido realizando un duro trabajo para controlar la situación. Se han realizado varias capturas, especialmente en el sector de la Avenida Primero de Mayo, donde existe un comercio de motos que realmente está desbordado”, donde es común que estructuras criminales de otras localidades operen y comercialicen allí.
Galindo indicó que la Alcaldía Local, junto con los gestores de convivencia, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, realiza jornadas de sensibilización en barrios y zonas comerciales. El propósito es conformar zonas seguras o frentes de seguridad que fortalezcan la vigilancia comunitaria y la cooperación ciudadana. Estos grupos se organizan por cuadras para alertar sobre situaciones delictivas o comportamientos sospechosos. El caso más representativo, aseguró, es el del barrio Ciudad Jardín, considerado el mejor ejemplo de este modelo.
De igual forma, señaló que varias cámaras de vigilancia están conectadas directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Policía, permitiendo que la comunidad denuncie hechos delictivos y reciba una respuesta más oportuna. Finalmente, Galindo reconoció las limitaciones operativas, pero destacó los avances: “Como todos sabemos, la Policía Nacional tiene un déficit de personal. Pero ellos vienen realizando un trabajo muy profesional, articulado con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Gobierno. Sabemos que a nivel nacional el déficit se ha incrementado, pero aquí en la localidad las estadísticas delictivas van en reducción”.
*Por: Joseph Sobrino, estudiante del CrossmediaLab de la Utadeo.
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Por Redacción Bogotá
