Cielo Peláez tiene un hijo de siete años que padece cinco enfermedades mentales desde que nació, las cuales amenazan con arrebatarle la vida. Una falta de oxígeno fue la que originó la epilepsia, la parálisis cerebral y la enfermedad que más miedo ha causado: la hidrocefalia. David no habla, no camina. Como dice su mamá, “se la pasa sentadito y acostadito en la cama”. Su madre y los médicos aún tienen la esperanza de que se recupere. Para lograrlo necesita terapias de lunes a viernes, de 8:00 a 11:00 a.m., algo difícil para quien no tiene dinero.
Su familia confiaba en que la EPS Saludcoop le daría un respiro a la vida del pequeño. “Para nosotros era muy complicado llevarlo en Transmilenio. A veces no teníamos plata para los pasajes. Además, era muy complicado transportarlo. Como no se puede mover, también necesitaba pañales todos los días, y eso es muy caro para nosotros”, dice Cielo.
Para buscar asesoría que le ayudara a solucionar el problema de su hijo, Cielo fue hasta el punto de atención Por el Derecho a la Salud de Tunjuelito, un nuevo espacio que hace parte de un programa gratuito de la Secretaría de Salud, que tiene como objetivo acompañar a las personas de escasos recursos en estas batallas jurídicas contra el incumplimiento de las EPS.
Lo más urgente era que la EPS les entregara pañales desechables, pañitos húmedos, crema de benjuí, colchón antiescaras (costras) y un servicio de transporte para las terapias. Por eso, a finales de junio de este año, Cielo decidió interponer una acción de tutela en la que solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física, así como a la protección constitucional especial de la niñez y las personas discapacitadas. El 9 de julio, el juzgado falló a su favor y ordenó a Saludcoop que proporcionara todo lo que David necesitaba.
De inmediato, y con el fallo en mano, Cielo fue hasta la EPS, donde la respuesta fue negativa. “Cuando llegué me dijeron que lo radicara en el buzón de correspondencia y esperara 48 horas para que un médico me diera la aprobación. Decían que sólo los médicos podían autorizarlo. Obviamente reclamé, pero no sirvió de nada y me dijeron: ‘eso es un papel, no tiene ninguna validez’”, cuenta la madre del menor.
Como no sabía qué más hacer, llamó a su abogado, quien le sugirió interponer un recurso de desacato. El pasado 29 de agosto, el Juzgado Cuarto Penal falló a su favor: “No hay excusa alguna para que la EPS no cumpla la sentencia de la tutela, bien por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad jurídica o fáctica, aspectos que de ninguna manera se están argumentando ni demostrando, lo que indica que Saludcoop EPS debe cumplir cabalmente las obligaciones ordenadas en el fallo 9 de julio del presente año”, decía la sentencia, y agregaba que “Saludcoop demuestra pleno desinterés en el cumplimiento del fallo aquí adoptado”.
El juzgado decidió, entonces, sancionar al representante legal de la EPS, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, con 20 días de arresto en La Picota. A Saludcoop le impuso una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le ordenó cumplir con los requerimientos de David. Además, remitió copias del proceso a la Fiscalía “para que investigue la posible conducta de fraude a resolución judicial” y le solicitó a la Superintendencia de Salud que “realice investigaciones administrativas y, de ser posible, tomen los correspondientes correctivos contra Saludcoop EPS”.
Para el tribunal es claro que este es un caso de desacato, de acuerdo con lo planteado en el decreto 2591 de 1991. Además, señala que la EPS no ejerció su derecho a la defensa. Pasaron 79 días en los que Saludcoop guardó silencio ante el Juzgado. “No se concibe cuál fue la razón del incumplimiento total del fallo, pues téngase en cuenta que es un niño que le aquejan las patologías de hidrocefalia, parálisis cerebral, epástica, DVP, epilepsia, amaurosis bilateral y retraso global del desarrollo, patologías graves y complejas que lo postran en un alto grado de discapacidad”.
Durante los últimos meses la travesía de Cielo le ha dejado como saldo una hernia. David pesa 28 kilos y, como su esposo trabaja en el día, a ella le toca encargarse del cuidado del niño: lo carga, lo baña, lo lleva a las terapias en Transmilenio desde Perdomo Alto, en Ciudad Bolívar. Sin embargo, a medida que el menor crece, se hace más difícil su atención, especialmente por estos días, ya que hay algo que no le permite hacer cosas con la misma agilidad: Cielo tiene seis meses de embarazo.
Vale recordar que la EPS está intervenida por la Superintendencia de Salud, tras encontrar graves inconsistencias administrativas y financieras. Según las investigaciones, en menos de 15 años, su gerente, Carlos Palacino, logró que la empresa moviera $2,5 billones al año y tuviera más de 4 millones de usuarios. Sin embargo halló que la entidad destinó dinero que debía invertir en salud a otros asuntos alejados de su misión.
Lo paradójico en el caso de Cielo y su hijo David es que, a pesar de que la EPS está intervenida y controlada por una entidad estatal, no atienda a tiempo las decisiones judiciales. Por eso, Saludcoop debe cumplir cuanto antes las solicitudes de Cielo Peláez para la atención médica de su hijo.
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Por Santiago Valenzuela
