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En los barrios Lomitas I y Villas de la Capilla cada gota de agua vale oro. El quedar en medio de la zona de protección de los cerros orientales (subiendo por la calle 175) ha frustrado cualquier intento por instalarles el servicio público y, para completar, el estar en la frontera entre Bogotá y el municipio de La Calera los convierte en una comunidad a la que poco escuchan y casi nadie atiende.
Por eso, Sixta es feliz cuando llueve. Su casa, como muchas en la zona, cuenta con unas canaletas para conducir la lluvia hasta unos tanques, donde la aprovecha al máximo. Lava la ropa, pero no la bota. La usa para limpiar el piso, lavar la loza o descargar el baño. Ni ella ni las cerca de 600 familias de la zona tienen otra opción que ahorrar, pues el agua potable solo la reciben en carrotanque cada 15 días.
Dos vehículos, con capacidad para 66.000 litros cada uno, generalmente arriban los fines de semana, luego de transitar por las precarias vías sin pavimentar. Cuentan con una gran manguera que alcanza hasta el tercer piso de la casa de Sixta, donde tiene otros tanques de almacenamiento. Una vez la conectan, dos mujeres encienden una motobomba en el primer piso para conducir el líquido a lo más alto.
Las encargadas de esta tarea pertenecen al denominado Comité del Agua, que surgió hace casi cinco años a raíz de las pésimas condiciones de los barrios y su crecimiento desmedido, pese a que está prohibida toda construcción. El principal objetivo ha sido organizar a la comunidad para garantizarle el líquido vital, aunque escaso, al menos por unos días.
Sin embargo, lograr esta odisea les cuesta mucho. Entre conseguir el carrotanque, la motobomba, el agua y los encargados de distribuirla, pagan por cada 1.000 litros seis veces lo que cancela una persona de estrato seis en Bogotá. Mientras un capitalino paga en promedio $4.306, ellos tienen que desembolsar $24.000.
El problema
Hace 20 años se comenzó a poblar la zona, cuando trabajadores, principalmente de las canteras cercanas, compraron los lotes a la urbanización Covicristo, que se los vendió con la promesa de llevar todos los servicios públicos. Lo primero que tuvieron fue luz. Pero todo se frenó en 2005, cuando una sentencia del Consejo de Estado ordenó la protección del bosque oriental de Bogotá. Los barrios terminaron en medio de la zona de recuperación ambiental.
Aunque la decisión del alto tribunal les permitió quedarse, por tener derechos adquiridos, prohibió adelantar nuevas obras, lo que terminó por frustrar cualquier gestión para llevar los sistemas de acueducto y alcantarillado a estos barrios. La primera inquietud entonces fue resolver cómo subir el agua y, de paso, desechar la que usaban. Algo que sigue siendo problemático.
El dilema tenía (y aún tiene) un ingrediente adicional: una parte de los barrios está en jurisdicción del municipio de La Calera y la otra en Bogotá, por lo que se presentan casos tan particulares como el de la casa de Álvaro Félix, donde ir de la cocina a la sala es todo un viaje intermunicipal.
Las restricciones ambientales han impedido hallar una solución integral. Además, han propiciado un trato desigual a los vecinos, pues mientras La Calera subsidia el suministro de agua en carrotanques a la parte del barrio ubicada en su territorio, Bogotá no. Para Patricia Puentes, líder de la zona, estos son hechos más que grotescos.
Si bien Félix adelanta el proceso para que su casa quede en una sola jurisdicción, quienes no tienen esa opción y habitan la parte de Bogotá se sienten desprotegidos. Pese a que pagan gas, luz y desde hace poco el servicio de aseo (en la factura de Condensa), incluso predial, por estar inscritos en el Catastro Distrital, no pueden tener algo tan vital como el agua.
En marzo pasado le insistieron al Acueducto, pero su respuesta los mantiene en el limbo: al no estar en el perímetro urbano y encontrarse en zona de protección, prima el derecho al ambiente sano sobre el de tener servicios públicos. Por eso interpusieron una tutela, cuya respuesta fue aún más compleja.
Diferentes entidades distritales alegaron que, pese a que estos barrios existen desde antes del fallo del Consejo de Estado y pagan impuestos, allí se incumplió la orden del tribunal que prohibía nuevas construcciones (de hecho, este año se denunció venta ilegal de lotes). Resaltaron, además, que no hay una depuración de los inmuebles preexistentes, algo que deben conciliar Planeación Distrital y la CAR, como autoridad ambiental.
Ante la serie de derrotas, el camino ahora, dicen los habitantes, será insistir a la justicia, a ver si alguien los oye. Mientras tanto, no les queda más que clamar al Distrito para que, de buena voluntad, tome medidas urgentes que les faciliten el acceso al agua en condiciones dignas o, al menos, subsidiando carrotanques, como lo hace La Calera, que la lleven a un precio más favorable, para que en sus bolsillos se sienta menos la sequía.