La lucha por la inserción laboral de las personas en condición de discapacidad

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

En 1992, un 26 de diciembre, Alcibíades Serrato se desplazaba junto a otras 14 personas en una volqueta, en la vía que une a Facatativá con Albán, en el occidente de Cundinamarca. Cerca de la vereda El Camao, debido al exceso de velocidad y la embriaguez del conductor, el vehículo se volcó junto a la vía. Cuando despertó, no tenía su pierna derecha, pero allí inició un proceso de vinculación y posterior liderazgo en grupos de personas con discapacidad.

Desde entonces, como abogado, ha luchado y litigado por la participación en todos los espacios de la sociedad, en particular por su empleabilidad. Según el DANE, por lo menos ocho de cada diez personas con discapacidad se encuentran desempleadas en el país. Así, para ellos encontrar trabajo es una odisea, que muchas veces inicia con las convocatorias; se mantiene con la esperanza del envío de una hoja de vía, y termina con el repentino cierre de la oportunidad, en algunas ocasiones, por discriminación.

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Ese fue el caso de la docente Karen Lesme, quien recuerda cómo se le escapó una oportunidad de trabajo en una empresa privada, en la que incluso ya le habían anunciado cuánto le iban a pagar. Se le cerró de repente, cuando allí se enteraron de que era ciega. “Cuando nos hicieron el proceso de inducción nos pidieron prender la cámara y se notó que era una persona con discapacidad. Luego de la entrevista recibí un correo electrónico en el que me decían que estaba sobrecapacitada para el cargo y que no me podían admitir”, indica Lesme.

Situaciones como estas son las que han motivado al abogado Alcibíades Serrato a emprender una serie de acciones para que las entidades públicas y privadas garanticen la contratación de personas con discapacidad que, según el Decreto 2011 de 2017, deben ocupar entre el 1 y 4 % de las plazas de sus nóminas (según el tamaño de la planta de personal).

Aun así, tras tres años de la expedición de la norma, su incumplimiento en la Alcaldía de Bogotá es evidente. De acuerdo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC), después de analizar las cifras del Sistema Integrado de Gestión de Empleo Público (Sigep), 32 entidades distritales incumplen con esta tasa de contratación, algunas de las cuales llevan años sin emplear a una persona con discapacidad.

“La planta está llena”: Distrito

Entre las entidades distritales que tienen el saldo en rojo están las secretarías de Seguridad, Salud, de la Mujer e Integración Social, así como Transmilenio, la Empresa Metro de Bogotá y el Concejo, entre otras. ¿Por qué no han contratado la tasa reglamentada? De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición que radicó Serrato, la mayoría argumenta que no hay plazas para contratar a más personas y subsanar el déficit.

Algunas agregaron que actualmente en sus nóminas hay personal de carrera administrativa, que llegaron por concursos de mérito. Además, están los nombramientos que se han hecho como parte de acciones afirmativas para mujeres o comunidades afros, por lo que tienen poco margen de maniobrabilidad para contratar a personas con discapacidad.

Por otra parte, algunas secretarías y empresas públicas explican que, a pesar de haber abierto convocatorias, los postulantes no han cumplido con los requerimientos misionales para el cargo. Por el momento, señalan que reservarán las vacantes que se abran en un futuro para personas con discapacidad.

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Sin embargo, según Serrato, esto solo tiene una lectura: la falta de voluntad del Distrito para cumplir su obligación de vincular a personal con discapacidad, ya que existen otras formas como puestos de libre nombramiento, que se renuevan con frecuencia.

Un avance necesario

Debido a la naturaleza de la ley, es una obligación que las tasas de contratación en las nóminas oficiales de personas con discapacidad sea mínimo del 1 % y que vayan en aumento hasta llegar al 4 % , cifra que se podrá renegociar en 2027. No obstante, el último informe de Función Pública revela que el panorama sobre esta contratación no es alentador.

De los casi 1,3 millones de funcionarios vinculados a entidades estatales, apenas 8.231 son personas en condición de discapacidad, es decir, el 0,6 %. Con esto se incumple incluso el tope mínimo que fijó la ley. De los contratados, el 42 % tienen discapacidad física; el 28 %, una visual; el 15 %, múltiple; el 9 %, auditiva; el 2 %, psicosocial, y el 1 % restante otro tipo de discapacidad.

Lo que muestran estos datos no es solo el incumplimiento del propio Estado de abrir las puertas para que las personas con discapacidad tengan empleos dignos, sino la poca intención de abrir nuevos espacios, ya que los topes nacionales están muy por debajo de otros países, en los que la tasa llega al 7 %. De ahí el llamado a mejorar.

Más allá de volver esta situación un pleito, lo que busca Serrato es dejar un llamado a la acción. “Nadie está exento de tener una discapacidad, por su edad, por un accidente, por múltiples factores. La discapacidad siempre va a estar detrás de nosotros. El reto ahora es pensar en cómo podemos organizarnos y fortalecer estos procesos de integración”, concluye Serrato, Consejero Nacional de Discapacidad.

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