A las 6:00 de la mañana arranca una jornada, desafiante, pero en principio tranquila. La Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se alista para una nueva operación contra la minería ilegal, en zonas protegidas del departamento. En esta oportunidad, el objetivo era una mina en pleno páramo de Rabanal, en el municipio de Lenguazaque, clave en la producción hídrica de la provincia de Ubaté.
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Para este procedimiento, la UIGA es protagonista con su equipo especializado en operativos de flagrancia, conformado por profesionales de distintas áreas ambientales y legales, para enfrentar casos de alto impacto. Las instrucciones eran sencillas: llegar primero a un punto de encuentro, para reunirse con el Grupo de Caballería Mediano #13 Tequendama del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
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Allí se ultimaron detalles antes de partir al sitio donde identificaron previamente actividad ilegal. Momentos después, una avanzada de la Fuerza Pública aseguró la zona y el equipo de la autoridad ambiental partió a las 8:30 a.m. rumbo al páramo.
Campamento
La información era precisa. En un espacio, en la mitad del páramo, la vegetación escondía una gran maquinaria que ponía en evidencia la explotación subterránea de carbón, de forma mecanizada. Las autoridades ambientales encontraron dos compresores eléctricos, para el funcionamiento de los martillos neumáticos, que se usan para perforar bajo tierra.
Además, un malacate eléctrico, para la extracción de las vagonetas con el material explotado hacia la superficie, y un campamento equipado para 10 trabajadores, toda una infraestructura para la operación ilegal. Según los cálculos de los expertos de la UIGA, la profundidad del socavón era de 500 metros de longitud y una pendiente de 62 grados.
Daño ambiental
En el sitio destacaba el negro del carbón y sus residuos estériles, los cuales, según los técnicos, son los que generan un daño al suelo y a su fertilidad. Allí dictaron las lesiones al ecosistema y confirmaron daños severos: contaminación del suelo por lubricantes y sulfuros; vertimientos directos al terreno sin tratamiento, y alteración de las fuentes hídricas cercanas.
Además, se evidenció pérdida de vegetación por la apertura de bocaminas y tala de árboles no autorizada, así como una transformación visible del paisaje. Por tratarse de una mina en una zona ambientalmente protegida, era evidente que no contaba con título minero, pues allí no está permitida ninguna actividad.
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La manzana de la discordia
En el lugar no solo encontraron afectaciones sino a tres de los presuntos responsables. Por tratarse de un delito ambiental, la policía procedió a identificarlos y a conducirlos, para dejarlos a disposición de la autoridad competente. Por la aprehensión, el ambiente se puso tenso y las autoridades insistieron en finalizar cuanto antes la operación, pues otros mineros del área se empezaron a reunir alrededor del lugar de la zona.
¿Nos habían visto? ¿Los otros mineros les contaron? Empezaron a preguntar. Atendiendo el consejo de los uniformados, el equipo de la UIGA dispuso todo para el regreso hasta la cabecera municipal. Ya en los vehículos, a medida que avanzaban, más personas aparecían en la carretera, algunas hablando por teléfono. Era evidente que los estaban esperando. Al tomar un primer camino, estaba bloqueado por un gran árbol, que habían cortado a la mitad. Buscaron una ruta alterna, pero también estaba bloqueada.
Todas las salidas del páramo estaban bloqueadas y con mineros esperando. De dos trabajadores que se habían visto inicialmente en el camino ahora eran más de 30, rodeando los vehículos de la Policía, el Ejército y la CAR. Tras un silencio breve, los mineros gritaron “¡No se los lleven!”.
Momentos después, la lluvia llegó con fuerza y comenzaron las negociaciones… No parecía una situación inusual.
La vocera de los mineros, un capitán del Ejército y un teniente de la Policía hablaron en privado, mientras el resto del equipo que participó en la operación esperaba el desarrollo de las conversaciones. ¿Hay un protocolo para estos casos? ¿Qué respuesta darían las autoridades? ¿Se llegaría a un acuerdo? ¿Quién tiene el control del páramo?
Pasó media hora y se llegó a un acuerdo. Los mineros no iban a ceder y las autoridades buscaban sacar a los civiles que estaban bajo su protección. La solución: liberar a dos de los trabajadores retenidos en la mina, para que los mineros abrieran paso. ¿Decisión correcta? Cuestión que tiene un montón de matices. Lo que sí es cierto, es que el páramo no solo guarda belleza, sino una riqueza que muchos pretenden explotar, sin importar las consecuencias.
También, que entre los mineros hay solidaridad para proteger a su gente, a sabiendas de que su actividad, en una zona de protección, es ilegal. El asunto es que, muchos de los mineros aseguraban no tienen otra opción para subsistir. Y, a la larga, los verdaderos responsables son los dueños de las minas que, como es habitual, nunca están ahí. En ellos se debe centrar la investigación.
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La operación en terreno terminó, pero el trabajo en este caso no. Solo concluirá con la evaluación de la CAR sobre los impactos ambientales, para cuantificar la multa contra los propietarios, que podría oscilar entre 1.000 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, el cierre definitivo de la operación minera.
Sin embargo, el poder del páramo quedó expuesto: no en manos del Estado, sino de quienes, por necesidad o por control, han hecho de la ilegalidad su refugio. Mientras eso no cambie, la batalla por el medio ambiente seguirá cuesta arriba.
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Por Sofía Isabel Alfonso
