La mayoría de comparendos ambientales en Bogotá son por tirar basura

En Bogotá, en promedio, cada tres horas la Policía impone un comparendo ambiental. Desde noviembre de 2014, la administración comenzó a aplicar la medida, que nació con la idea de poner en cintura, tocándoles el bolsillo, a quienes ensuciaban la ciudad o ponían en riesgo espacios naturales que necesitan ser conservados.

En un mes, entonces, esta política cumplirá dos años. A la fecha, la cifra global es de 5.987 comparendos (ocho diarios) impuestos. A pesar de la evidente intención de darles un nuevo cauce a los programas de la anterior administración, en este caso el actual gobierno considera que se trata de una medida necesaria, que ha arrojado resultados positivos y, por lo tanto, se mantendrá incólume.

Antes bien, la apuesta ha sido por capacitar mejor a los policías, únicos encargados de firmar las órdenes de comparendo. Esto debido a que el nuevo gobierno se percató de que una cantidad importante de uniformados imponían de forma incorrecta esas sanciones.

Carlos Arturo Puerta, subsecretario de Ambiente de Bogotá, considera, más allá de esa situación, que una norma como estas es necesaria, ya que, en su concepto, le da a entender al ciudadano que un acto tan simple como arrojar basura desde un carro también debe ser objeto de control y autoridad.

Las cifras indican, precisamente, que el comportamiento más sancionado es la disposición de residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados (ver gráfico).

La mayoría de infracciones se presentan a lo largo y ancho de la ciudad. Algunas, sin embargo, se concentran en ciertos sectores. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usme se ha impuesto el mayor número de comparendos por destapar y extraer sin autorización el contenido de las bolsas y recipientes de basura una vez colocados para su recolección. La disposición de residuos en ecosistemas como humedales, fuentes de agua y bosques se ha sancionado, sobre todo, en Usme, Ciudad Bolívar, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Poco interés en aprender

La medida prevé sanciones no sólo para ciudadanos de a pie, sino para personas jurídicas. El subsecretario Puerta indicó, no obstante, que “esto es un asunto más de individuos”. En esa medida, la educación es la clave, aunque por lo pronto no piensan poner en marcha una campaña fuerte y notoria de cultura ciudadana, como sí lo hizo esta administración desde hace un par de meses para mejorar la seguridad y el tráfico en las vías, particularmente en las intersecciones críticas donde se presentan embotellamientos que ralentizan el flujo vehicular.

Hay que recordar, de todas formas, que la norma que estableció el comparendo (Decreto 349 de 2014) reza que la primera forma de sanción es la “citación al infractor para que reciba educación ambiental durante cuatro horas”. El problema es que la mayoría no asiste: de los 5.987, apenas lo han hecho 1.373 (1 de cada 4), lo que quiere decir que los sancionados poco o nada se interesan por informarse sobre el tema después de haber cometido la falta.

Otra táctica es meterse con el bolsillo de la gente para desincentivar estos comportamientos. Las multas previstas para ciudadanos del común oscilan entre un salario mínimo diario ($22.980) y un salario mínimo mensual ($689.455). El recaudo rodea, hasta hoy, los $159 millones.

Y como hay plata de por medio, los ladrones ya han comenzado a interesarse. Desde hace cinco meses, la SDA ha recibido denuncias según las cuales en Bosa, Suba y Barrios Unidos están depositando debajo de las puertas de las casas papeles con logos de la Alcaldía y teléfonos celulares para que la gente se comunique y rinda cuentas por supuestas infracciones ambientales objeto de multas. La información ya está en manos de la Fiscalía.

Así, mientras los policías afinan su labor para hacer cumplir la norma como es, y los ladrones intentan hacer de esto un negocio, arranca el tercer año para el comparendo ambiental en Bogotá. Es probable que con la implementación del nuevo modelo de aseo, que debe comenzar en el primer semestre del año entrante, lleguen cambios. Por ejemplo, también se asumirá con mayor decisión la exigencia para que los ciudadanos separen la basura del reciclaje desde sus casas. Es una práctica que ya ordena el decreto del comparendo, pero hasta ahora no se cumple del todo ni es sancionada.

En Bogotá, en promedio, cada tres horas la Policía impone un comparendo ambiental. Desde noviembre de 2014, la administración comenzó a aplicar la medida, que nació con la idea de poner en cintura, tocándoles el bolsillo, a quienes ensuciaban la ciudad o ponían en riesgo espacios naturales que necesitan ser conservados.

En un mes, entonces, esta política cumplirá dos años. A la fecha, la cifra global es de 5.987 comparendos (ocho diarios) impuestos. A pesar de la evidente intención de darles un nuevo cauce a los programas de la anterior administración, en este caso el actual gobierno considera que se trata de una medida necesaria, que ha arrojado resultados positivos y, por lo tanto, se mantendrá incólume.

Antes bien, la apuesta ha sido por capacitar mejor a los policías, únicos encargados de firmar las órdenes de comparendo. Esto debido a que el nuevo gobierno se percató de que una cantidad importante de uniformados imponían de forma incorrecta esas sanciones.

Carlos Arturo Puerta, subsecretario de Ambiente de Bogotá, considera, más allá de esa situación, que una norma como estas es necesaria, ya que, en su concepto, le da a entender al ciudadano que un acto tan simple como arrojar basura desde un carro también debe ser objeto de control y autoridad.

Las cifras indican, precisamente, que el comportamiento más sancionado es la disposición de residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados (ver gráfico).

La mayoría de infracciones se presentan a lo largo y ancho de la ciudad. Algunas, sin embargo, se concentran en ciertos sectores. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usme se ha impuesto el mayor número de comparendos por destapar y extraer sin autorización el contenido de las bolsas y recipientes de basura una vez colocados para su recolección. La disposición de residuos en ecosistemas como humedales, fuentes de agua y bosques se ha sancionado, sobre todo, en Usme, Ciudad Bolívar, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Poco interés en aprender

La medida prevé sanciones no sólo para ciudadanos de a pie, sino para personas jurídicas. El subsecretario Puerta indicó, no obstante, que “esto es un asunto más de individuos”. En esa medida, la educación es la clave, aunque por lo pronto no piensan poner en marcha una campaña fuerte y notoria de cultura ciudadana, como sí lo hizo esta administración desde hace un par de meses para mejorar la seguridad y el tráfico en las vías, particularmente en las intersecciones críticas donde se presentan embotellamientos que ralentizan el flujo vehicular.

Hay que recordar, de todas formas, que la norma que estableció el comparendo (Decreto 349 de 2014) reza que la primera forma de sanción es la “citación al infractor para que reciba educación ambiental durante cuatro horas”. El problema es que la mayoría no asiste: de los 5.987, apenas lo han hecho 1.373 (1 de cada 4), lo que quiere decir que los sancionados poco o nada se interesan por informarse sobre el tema después de haber cometido la falta.

Otra táctica es meterse con el bolsillo de la gente para desincentivar estos comportamientos. Las multas previstas para ciudadanos del común oscilan entre un salario mínimo diario ($22.980) y un salario mínimo mensual ($689.455). El recaudo rodea, hasta hoy, los $159 millones.

Y como hay plata de por medio, los ladrones ya han comenzado a interesarse. Desde hace cinco meses, la SDA ha recibido denuncias según las cuales en Bosa, Suba y Barrios Unidos están depositando debajo de las puertas de las casas papeles con logos de la Alcaldía y teléfonos celulares para que la gente se comunique y rinda cuentas por supuestas infracciones ambientales objeto de multas. La información ya está en manos de la Fiscalía.

Así, mientras los policías afinan su labor para hacer cumplir la norma como es, y los ladrones intentan hacer de esto un negocio, arranca el tercer año para el comparendo ambiental en Bogotá. Es probable que con la implementación del nuevo modelo de aseo, que debe comenzar en el primer semestre del año entrante, lleguen cambios. Por ejemplo, también se asumirá con mayor decisión la exigencia para que los ciudadanos separen la basura del reciclaje desde sus casas. Es una práctica que ya ordena el decreto del comparendo, pero hasta ahora no se cumple del todo ni es sancionada.