Las autoridades suelen medir la seguridad y mostrar resultados a partir de indicadores como cantidad de homicidios, hurtos o capturas. Sin embargo, esa ecuación suele comunicarse sin los indicadores de un componente menos visible pero fundamental a la hora de determinar la capacidad del Estado para garantizar la convivencia: lo que ocurre después de que se abre un proceso por una conducta que infringe las normas de convivencia ciudadana.
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