La pesadilla por un túnel hacia La Picota

El hallazgo de un túnel que conducía a la cárcel La Picota de Bogotá, hace 17 años, fue para la familia Motavita el inicio de una pesadilla jurídica que apenas ahora termina. Ellos eran los propietarios de la casa del barrio Danubio Azul de Usme en donde las autoridades encontraron el socavón en octubre de 2000. Desde ese momento emprendieron una batalla legal, en la que exigieron una indemnización por enseres perdidos, dineros que se dejaron de percibir y hasta por la muerte de uno de sus allegados. Con algunos reparos, el Consejo de Estado les dio la razón.

La historia comenzó el 7 de julio de 2000, cuando la propietaria de la casa, Marleni Motavita Suárez, suscribió un contrato de renta con un hombre que pretendía que allí funcionara una bodega de maderas. Ella le dijo que necesitaba dos habitaciones para guardar muebles y enseres y se reservó el derecho de utilizarlas mientras el acuerdo permanecía vigente. El arrendador tomó posesión de la casa dos semanas después y montó un aviso y un número telefónico alusivo al supuesto taller de maderas.

Los habitantes del sector recuerdan que no se escucharon ruidos extraños, a pesar de que entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. había intenso movimiento dentro de la casa. “Nadie se dio cuenta de lo que pasaba, ni siquiera los vecinos. Sólo cuando llegó la justicia supimos todo lo que hacían allá adentro”, dice Víctor Vasco, quien hoy es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

Sin embargo, decenas de personas ingresaban a la bodega y frente a la casa se parquearon con regularidad camiones que se llevaban el aserrín. Aunque a los vecinos les causaba suspicacia tanto movimiento, la verdad sólo salió a la luz el 5 de octubre, es decir, casi dos meses después de que el predio fue arrendado.

Ese día las autoridades aseguraron que, tras labores de inteligencia, hallaron en esa casa un túnel que conducía al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría La Picota, ubicado a tan solo 200 metros. El objetivo de la construcción, según las pesquisas, consistía en efectuar un plan de fuga de presos que había sido calculado milimétricamente. El paso subterráneo, recubierto en madera en techos y paredes, tenía casi cerca de 200 metros de largo, 40 centímetros de ancho y 1,30 metros de altura. La Policía dijo que faltaban pocos pasos para llegar al perímetro de La Picota.

En la casa encontraron herramientas para abrir la tierra, camarotes en donde permanecían los topos y a 22 personas que desempeñaban diferentes roles. Además, allí reposaban planos del lugar y de la penitenciaría, que les permitieron inferir a los investigadores que la obra contó con la participación de ingenieros civiles y de una millonaria inversión.

Luego de que su casa saliera en todos los medios de comunicación, los propietarios intentaron recuperarla. Pero la Policía y la Fiscalía la tenían bajo su poder para realizar las investigaciones en el proceso penal y tapar el socavón. Sin embargo, el tiempo se extendió más de lo esperado y sólo dos años después, el 14 de junio de 2002, la familia volvió a tomar el control de su inmueble. Sin embargo, explicaron que al ingresar no encontraron los enseres que habían dejado, entre los que se encontraban desde electrodomésticos hasta un revólver Smith & Wesson calibre 32 largo, que tenía sus documentos en regla.

En la demanda contra el Estado, la familia Motavita se refirió a los hechos que los motivaron a iniciar este proceso. Entre ellos, aseguraron que los agentes de Policía que vigilaron el predio, durante dos años, “vendieron a los vecinos del sector los muebles y enseres”, los cuales al parecer estaban avaluados en $40 millones. Indicaron que la casa “fue devuelta en muy mal estado, deteriorada y totalmente destruida”. Por otra parte, solicitaron que les fueran reembolsados los gastos del proceso, los honorarios de los abogados, transporte y alojamiento, así como el lucro cesante.

Otro episodio que la familia tuvo en cuenta dentro del proceso fue la muerte de José Bernardo Zárate, esposo de la demandante, “quien falleció en un accidente de tránsito como consecuencia de uno de los viajes que tuvo que efectuar desde El Socorro (Santander), lugar donde vivía, hacia Bogotá, con el fin de hacer las diligencias necesarias para la devolución del bien inmueble de su propiedad”. Por este hecho la familia pidió, incluso, que los gastos fúnebres les fueran reconocidos.

Los magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado no acogieron todas sus solicitudes. No estuvieron de acuerdo con reparar a la familia por los daños causados en el inmueble (indicaron que no había forma de compararlo a como estaba antes); tampoco acogieron su solicitud para reembolsarles el dinero por los objetos que al parecer se perdieron (argumentaron que no había certeza que les permitiera establecer que los bienes estaban dentro de la casa) y no reconocieron los honorarios de los abogados por falta de pruebas. Respecto a la muerte de José Bernardo Zárate, el alto tribunal no encontró relación entre las actuaciones de la demanda y su fallecimiento.

Sin embargo, los magistrados sí le hallaron la razón a la familia en otros puntos. Entre ellos, declararon responsable a la Rama Judicial por haber devuelto el predio dos años después de haber sido ocupado por la Policía. El alto tribunal además condenó a la Fiscalía a pagar por lucro cesante una suma que supera los $20 millones, en un fallo publicado el pasado 5 de octubre.

De esta manera, se concluyó un proceso que se prolongó por 17 años, por la toma de un predio que se prolongó por dos años. Todo por un túnel ilegal que fue construido al pie de La Picota.

Detalles de la construcción

En la vivienda desde donde se construía el túnel, las autoridades encontraron a 22 personas a las que según el director de la Policía de ese entonces, general Luis Ernesto Gilibert, recibían alrededor de $1 millón mensuales por construir el túnel, que tenía paredes reforzadas con madera y contaba con un sistema de ventilación.

De acuerdo con las investigaciones que adelantaron la Policía y el Inpec, los constructores del socavón tuvieron que desviar el camino que habían trazado, debido a que se encontraron con una tubería. Aun así, al momento de encontrar el túnel, la construcción se encontraba cerca de la cárcel, por lo que se especulaba que a los obreros les restaban tres meses para terminar las obras.

El hallazgo de un túnel que conducía a la cárcel La Picota de Bogotá, hace 17 años, fue para la familia Motavita el inicio de una pesadilla jurídica que apenas ahora termina. Ellos eran los propietarios de la casa del barrio Danubio Azul de Usme en donde las autoridades encontraron el socavón en octubre de 2000. Desde ese momento emprendieron una batalla legal, en la que exigieron una indemnización por enseres perdidos, dineros que se dejaron de percibir y hasta por la muerte de uno de sus allegados. Con algunos reparos, el Consejo de Estado les dio la razón.

La historia comenzó el 7 de julio de 2000, cuando la propietaria de la casa, Marleni Motavita Suárez, suscribió un contrato de renta con un hombre que pretendía que allí funcionara una bodega de maderas. Ella le dijo que necesitaba dos habitaciones para guardar muebles y enseres y se reservó el derecho de utilizarlas mientras el acuerdo permanecía vigente. El arrendador tomó posesión de la casa dos semanas después y montó un aviso y un número telefónico alusivo al supuesto taller de maderas.

Los habitantes del sector recuerdan que no se escucharon ruidos extraños, a pesar de que entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. había intenso movimiento dentro de la casa. “Nadie se dio cuenta de lo que pasaba, ni siquiera los vecinos. Sólo cuando llegó la justicia supimos todo lo que hacían allá adentro”, dice Víctor Vasco, quien hoy es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

Sin embargo, decenas de personas ingresaban a la bodega y frente a la casa se parquearon con regularidad camiones que se llevaban el aserrín. Aunque a los vecinos les causaba suspicacia tanto movimiento, la verdad sólo salió a la luz el 5 de octubre, es decir, casi dos meses después de que el predio fue arrendado.

Ese día las autoridades aseguraron que, tras labores de inteligencia, hallaron en esa casa un túnel que conducía al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría La Picota, ubicado a tan solo 200 metros. El objetivo de la construcción, según las pesquisas, consistía en efectuar un plan de fuga de presos que había sido calculado milimétricamente. El paso subterráneo, recubierto en madera en techos y paredes, tenía casi cerca de 200 metros de largo, 40 centímetros de ancho y 1,30 metros de altura. La Policía dijo que faltaban pocos pasos para llegar al perímetro de La Picota.

En la casa encontraron herramientas para abrir la tierra, camarotes en donde permanecían los topos y a 22 personas que desempeñaban diferentes roles. Además, allí reposaban planos del lugar y de la penitenciaría, que les permitieron inferir a los investigadores que la obra contó con la participación de ingenieros civiles y de una millonaria inversión.

Luego de que su casa saliera en todos los medios de comunicación, los propietarios intentaron recuperarla. Pero la Policía y la Fiscalía la tenían bajo su poder para realizar las investigaciones en el proceso penal y tapar el socavón. Sin embargo, el tiempo se extendió más de lo esperado y sólo dos años después, el 14 de junio de 2002, la familia volvió a tomar el control de su inmueble. Sin embargo, explicaron que al ingresar no encontraron los enseres que habían dejado, entre los que se encontraban desde electrodomésticos hasta un revólver Smith & Wesson calibre 32 largo, que tenía sus documentos en regla.

En la demanda contra el Estado, la familia Motavita se refirió a los hechos que los motivaron a iniciar este proceso. Entre ellos, aseguraron que los agentes de Policía que vigilaron el predio, durante dos años, “vendieron a los vecinos del sector los muebles y enseres”, los cuales al parecer estaban avaluados en $40 millones. Indicaron que la casa “fue devuelta en muy mal estado, deteriorada y totalmente destruida”. Por otra parte, solicitaron que les fueran reembolsados los gastos del proceso, los honorarios de los abogados, transporte y alojamiento, así como el lucro cesante.

Otro episodio que la familia tuvo en cuenta dentro del proceso fue la muerte de José Bernardo Zárate, esposo de la demandante, “quien falleció en un accidente de tránsito como consecuencia de uno de los viajes que tuvo que efectuar desde El Socorro (Santander), lugar donde vivía, hacia Bogotá, con el fin de hacer las diligencias necesarias para la devolución del bien inmueble de su propiedad”. Por este hecho la familia pidió, incluso, que los gastos fúnebres les fueran reconocidos.

Los magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado no acogieron todas sus solicitudes. No estuvieron de acuerdo con reparar a la familia por los daños causados en el inmueble (indicaron que no había forma de compararlo a como estaba antes); tampoco acogieron su solicitud para reembolsarles el dinero por los objetos que al parecer se perdieron (argumentaron que no había certeza que les permitiera establecer que los bienes estaban dentro de la casa) y no reconocieron los honorarios de los abogados por falta de pruebas. Respecto a la muerte de José Bernardo Zárate, el alto tribunal no encontró relación entre las actuaciones de la demanda y su fallecimiento.

Sin embargo, los magistrados sí le hallaron la razón a la familia en otros puntos. Entre ellos, declararon responsable a la Rama Judicial por haber devuelto el predio dos años después de haber sido ocupado por la Policía. El alto tribunal además condenó a la Fiscalía a pagar por lucro cesante una suma que supera los $20 millones, en un fallo publicado el pasado 5 de octubre.

De esta manera, se concluyó un proceso que se prolongó por 17 años, por la toma de un predio que se prolongó por dos años. Todo por un túnel ilegal que fue construido al pie de La Picota.

Detalles de la construcción

En la vivienda desde donde se construía el túnel, las autoridades encontraron a 22 personas a las que según el director de la Policía de ese entonces, general Luis Ernesto Gilibert, recibían alrededor de $1 millón mensuales por construir el túnel, que tenía paredes reforzadas con madera y contaba con un sistema de ventilación.

De acuerdo con las investigaciones que adelantaron la Policía y el Inpec, los constructores del socavón tuvieron que desviar el camino que habían trazado, debido a que se encontraron con una tubería. Aun así, al momento de encontrar el túnel, la construcción se encontraba cerca de la cárcel, por lo que se especulaba que a los obreros les restaban tres meses para terminar las obras.